Cuando la voz es invisible, un confinamiento igual


Por: Alma Rosa Hidalgo Solis, Samantha Laurent Hernández, y Jennifer Turrubiartes Romero | 
México (Aunam). En la Ciudad de México residen 6,754 personas en situación de calle, cifra confirmada por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, albergadas principalmente en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa. Día a día, al recorrer las calles de esta última, específicamente de la colonia Lomas de Zaragoza, es común encontrarse con personas como Leo Ruiz, de 25 años, perteneciente a este sector vulnerable. 

Tras las duras circunstancias que le ha presentado la vida, desde hace más de 10 años, Leo decidió vivir la dura e impredecible vida de la calle. “Antes del virus mi vida estaba llena de preocupaciones, pero leves, me dedicaba a caminar por la calle recogiendo pet y latas; mientras pedía un par de monedas a los vecinos o subir a las micros para pedir dinero a los pasajeros, poco pero ese era mi trabajo para comprar unas papas y una coca, que eran mi comida del dìa”, declaró Leo. 

Hoy esto ya no es posible; tras el confinamiento, los locales para vender pet han cerrado y los microbuses cuentan con pocos pasajeros, por lo que el gentío y la vendimia que recorría la carretera México-Puebla, se ha ido. Hoy Leo se encuentra solo, hambriento y con un pequeño cubrebocas negro; recorriendo la colonia en busca de sobrevivir. 

Leo Ruiz, abordo de un microbús, en la carretera México-Puebla; pidiendo unos pesos a los pasajeros para comer. Foto por: Hannia Turrubiartes. 

“El hambre es el motor que me impulsa, he tenido que buscar cómo sobrevivir, de casa en casa, voy ofreciendo mis servicios por la moneda que sea de su voluntad, pero las miradas de los vecinos y el miedo a que los contagie, hace que exista poca chamba”, afirma Leo Ruiz, tras otro día intenso sin resultados. Sin embargo, algunos residentes de buena fe, lo han contratado para limpiar, lavar, cercar y construir; ganando con ello un par de pesos a la bolsa y un pequeño celular, fruto de su desesperado trabajo. 

Tras adquirir dicho dispositivo, el panorama informativo aumentó de manera muy amplia para él; si bien, ya tenía conocimiento sobre el Coronavirus, debido a las frecuentes charlas que escuchaba en la calle, gracias a la adquisición de este, Leo pudo comprender el gran peligro que él y sus compañeros corren al no contar con un techo donde resguardarse. Pero, ¿dónde está el apoyo del gobierno?  

Tristemente, la idea de obtener su ayuda es inexistente para Leo; ya que menciona que “si en una realidad normal estos no te ayudan, mucho menos ahora”. El sector más olvidado de la población: el que vive en la calle, han pasado a ser más invisibles de lo que eran. Gracias al conocimiento adquirido por medio del celular, fue capaz de identificar los síntomas de COVID-19 en un compañero, que falleció sin atención médica ni conocimiento de dónde adquirirla. 

Pese a que Leo ha visto a personas de la alcaldía con gel antibacterial y cubrebocas, estas nunca han brindado dichos productos a los ciudadanos; y por ende con menor razón a Leo, quien en ocasiones anteriores ya ha sido ofendido por pertenecer a este sector vulnerable. En una sola ocasión pidió ayuda a estas personas, queriendo un cubrebocas, pues el suyo se encontraba roto, pero lo ignoraron, haciéndolo invisible, y convirtiéndolo en un ser sin voz. 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), en una conferencia reciente, comentó que las personas en situación de calle son inmunes al virus; ya que su cuerpo ha desarrollado los anticuerpos necesarios para protegerse. Si bien, esto podría ser catalogado como una posibilidad, dicho pensamiento ha costado la violación del derecho fundamental a la salud de este sector.  

Posteriormente, la Sibiso declaró que se encontraban realizando chequeos diarios a los miembros menos favorecidos de la sociedad, así mismo “ha otorgado alimentos y sustento”; sin embargo, tales afirmaciones carecen de veracidad ante Leo, quien jamás ha recibido apoyo de algún organismo; y por ello denuncia públicamente la necesidad de ayuda.  

Otros casos se hacen presentes en las coloridas y luminosas pero poco transitadas calles del Zócalo Capitalino y Bellas Artes, donde más de una persona ocupa el exterior de la Catedral y la Alameda como techo para dormir, esperando ayuda para conseguir algo de comer y evitar un posible contagio, que en palabras de Leo: “es la muerte asegurada”. 

Personas en situación de calle en la Alameda . Foto por: Hannia Turrubiartes. 

En 2019, la provincia de Wuhan, China, comenzó a experimentar una serie de contagios por COVID-19, enfermedad infecciosa causada por un contagio vía respiratoria, que puede generar desde un resfriado hasta complicaciones como el síndrome respiratorio agudo severo. Tras la rápida expansión del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 30 de enero de 2020 una 
emergencia sanitaria internacional. 
 
El 28 de febrero de 2020, México confirmó su primer caso de COVID-19. Aunque la OMS recomendó el aislamiento social, y el confinamiento como la mejor medida para prevenir el contagio; las personas en situación de calle son incapaces de cumplir dicha medida. Ante esta situación, la Sibiso mencionó que diariamente, con unidades médicas móviles, ofrecen atención a este sector; pero la realidad apunta al desconocimiento por parte del gobierno hacia los más débiles. 
 
Casos en riesgo, como el de Leo Ruiz, abundan en la Ciudad de México; de acuerdo al estudio realizado en 2017, según la cifra más actual confirmada por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, hay 6, 754 personas en situación de calle. De estas, 2,325 pernoctan en albergues públicos; los cuales según la titular de la Sibiso, durante la pandemia actual han sido saturados.  
 
Siguiendo la cifra de 2017, aún se encontrarían más de 4, 354 personas en un lugar de riesgo inminente ante el COVID-19. Por ende, las políticas públicas, hacia este sector, se han visto rebasadas desde los albergues que podrían ser una barrera ante el virus. Esto se da principalmente porque, además de que aún no los han contabilizado, de acuerdo con la doctora Ruiz Coronel, lo hacen mediante censos que imposibilitan una cifra exacta; ya que solo van a contar a cierta hora en un lugar, sin tomar en cuenta que las personas no están ahí permanentemente. 

Las políticas públicas fallan por ser de cubículo 

De acuerdo a las declaraciones de Ali Ruiz Coronel, - especialista en la aplicación de políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables-, realizadas en la conferencia En la calle no hay cuarentena; la información proporcionada por las Instituciones gubernamentales, sobre las personas en situación de calle, es imprecisa. Esto debido a que los censos se realizan con un método inadecuado, y generan políticas públicas insuficientes, que demuestran la inferioridad de dichos números. 
 
Además, están basadas en categorías de clasificación incorrectas; puesto que solo toman a una persona en situación de calle como un sujeto que no tiene un lugar donde dormir; dejando de lado a quienes pernoctan en un albergue pero aún así pertenecen a este sector. 
 
Ante esto, la también catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, propone que para una adecuada implementación de políticas públicas “sea retomado el conocimiento generado en la academia”, particularmente de la antropología; debido a que esta plantea, con trabajo de campo, los problemas importantes a resolver y sobre los cuales partir para su realización, de forma que se vinculen con los sujetos que las necesitan. 
 
Aunque hasta este punto, se podría entender que los únicos “culpables” de la falta de atención hacia este sector son los pertenecientes a las Instituciones del gobierno; Ruiz Coronel argumenta que no es así, ya que la población mexicana también aporta su “granito de arena”, para que estas personas sufran más los estragos del COVID-19. 
 
Lo primordial que la sociedad mexicana hace, desde antes de la pandemia que azota al mundo, es castigarlos al ignorarlos e invisibilizarlos; lo cual según Ali Ruiz, se clasifica como una “actitud blasé, causada por considerar su situación como dolorosa”; y que a su vez genera una distancia entre dicho sector y la ciudadanía. 
 
Otro factor que hace más grande las distancia entre estos, es la creación de prejuicios sobre su situación; los cuales no les permiten conocer la historia que hay detrás de estas personas, y por ende obligarlos a brindarles ayuda. Por ello, a la ciudadanía le “resulta más cómodo vivir con sus prejuicios, que reaccionar ante su situación”, enfatizó Ruiz.  
 
A pesar de que por años han sido invisibilizados; la doctora considera que gracias a la pandemia, “las calles vacías obligaron a verlos; porque ellos fueron los únicos que quedaron poblándolas; además, son más de los que realmente percibimos. Y este sector se integra por una diversidad: familias, hombres, niños, migrantes”; los cuales “no solo son categorías de clasificación de las ciencias sociales, sino que tienen una historia”, que al escucharla resulta desgarradora. 
 
Ahora, la historia sobre qué fue lo que los obligó a poblar las calles no es lo único desgarrador, tristemente, resulta más impactante su situación actual; ya que de acuerdo a Ali Ruiz, no sólo les es imposible cumplir con las estrategias de prevención ante el COVID-19, sino que se han convertido en victimarios, pues la policía los criminaliza por incumplirlas al encontrarse en el único lugar donde les es posible estar: la calle.  
 
Si bien, la crisis sanitaria ha afectado su sistema inmunológico; estos ya se encontraban demasiado frágiles, pues poseen el Síndrome geriátrico, que consiste en un aparente estado homeostático, donde se refleja un perfecto estado de salud; sin embargo este puede llegar a colapsar con un estresor simple, revelando la sobrecarga que han que tenido que llevar otros órganos. “El medio de calle genera este imbalance dentro de las personas en esta situación”, recalcó Ruiz. 
 
Desde infecciones en la piel, estrés, hasta enfermedades crónicas, son los daños colaterales de tener una vida en las calles; por ello, en teoría, sus cuerpos son más sensibles ante un virus. Lo cual, revela la falta de un vínculo entre estas personas y el sistema de salubridad, y contrasta con las declaraciones de la Sibiso. 
 
Ante este virus, este sector mantiene la esperanza; Ruiz, mencionan que entre los comentarios más repetitivos que escucha en este sector se encuentra: “A nosotros no nos dará COVID, no somos chinos, ni ricos. Esa enfermedad no es para nosotros”; en màs de una ocasion la potente lo ha escuchado. Aunque exista una escasez de datos, estos indican que la mortalidad en la calle no se ha visto muy afectada; pues en cierta forma ellos sufren un mayor aislamiento social, al tener poco contacto con el resto de la sociedad, que disminuye el riesgo de contagio.  

Y… ¿cuáles son las acciones del gobierno? 

De acuerdo con la página web de la Sibiso, el gobierno ha establecido una serie de medidas sanitarias para apoyar al sector en situación de calle. Específicamente, la Secretaría se mantiene al pendiente de estas personas, atendiendo los reportes que diferentes ciudadanos han hecho a través de su cuenta de Twitter; donde les solicitan a estos la ubicación en la que el afectado se encuentra para poder asistirlo.  
 
Gran parte de este sector no cuenta con los recursos necesarios como para tener acceso a la información en los medios de comunicación y redes sociales; razón por la cual la Secretaría puso al alcance del resto de la población números de ayuda, a los que pueden llamar en caso de encontrar a una persona con tales condiciones de vida, presente o no síntomas de COVID-19.  
 
Del mismo modo, las solicitudes y reportes de los ciudadanos se pueden realizar llamando al Centro de Valoración y Canalización al 5555191754, número utilizado para ayudar a las personas que en este momento necesitan de los demás, el sector en situación de calle, altamente vulnerable.  
 
Las brigadas, coordinadas para este sector de la población, solo se realizan con unidades móviles; entonces, ¿qué ocurre con las personas en situación de calle que necesitan atención especializada en clínicas?, ¿A cuáles pueden acudir? 

El gobierno no responde 

De acuerdo con Javier Oliva Posada, doctor en Ciencia Política; debido a que el Instituto de Salud para el Bienestar ha quedado varado ante la actual situación, no existe una institución que tenga la capacidad de atender a las personas en situación de calle; como lo era anteriormente el Seguro Popular, el cual prestaba servicios médicos a toda la población de manera gratuita. Cabe señalar que, fueron las políticas del gobierno en turno, quienes decidieron sustituir el Seguro Popular por esta nueva institución.  
 
No obstante, el gobierno debe contar con la capacidad para atender a todas las personas que requieran servicios médicos sin excepción. De acuerdo con el también articulista de El Universal, una alternativa para la atención médica hacia este sector es el sistema hospitalario militar; que debido a la crisis sanitaria se encuentra atendiendo a quienes no sean derechohabientes en esta temporada, es decir, las personas en situación de calle pueden asistir a dichos hospitales. 
 
Para el académico, la clave para proteger a este sector consiste en darles cobertura como a cualquier otro ciudadano, “No puede haber atención discrecional, todos debemos tener acceso a la misma calidad de atención”, mencionó Oliva ante la falta de una política pública que regule dicha cuestión.  
 
“La creación de una buena política de comunicación por parte del gobierno actual es necesaria”, apunta Oliva. Si esta se implementa como medida resolutiva; las Instituciones internas de control, Organizaciones No Gubernamentales y la ciudadanía, supervisarían su cumplimiento. En este punto, la Secretaría de Salud y sus equivalentes estatales, junto con la Red Hospitalaria Cívica local y federal, son la primera fuente de información para las autoridades sobre la situación de la salud pública ante esta pandemia. 

Oliva Posada considera que el gobierno mexicano “no ha tomado en serio” la situación del sector que vive en las calles, lo que ha ocasionado que sean víctimas de injusticias sociales, además de la sobre exposición que viven diariamente debido a su condición de vulnerabilidad. 

Entre una amplia variedad de posibles acciones para apoyar a este sector, el doctor concuerda con la idea de aplicar un chequeo constante de forma gratuita, descartando la posibilidad de emplear las llamadas pruebas rápidas. “El gobierno no quiere hacer pruebas rápidas, entonces si no se las está haciendo a la población más convencional, cuanto menos se las va hacer a personas que están en situación de calle”, recalcó.  

Permitir su ingreso a los albergues, es otra de las acciones que considera viable, dada la capacidad que el gobierno demuestra en la falta de acción inmediata, ante el tipo de problemáticas que atraviesan estas personas durante la emergencia sanitaria. El permanecer en un lugar estable, aumentaría el nivel de prevención ante cualquier tipo de afectación a su salud que pudieran llegar a contraer.  

El doctor declaró que la falta de respuesta a requerimientos de este tipo de sectores de la población, así como la escasa aplicación de programas y políticas públicas con fines preventivos y compensatorios, ha provocado un incremento en la vulnerabilidad que estos grupos pueden experimentar con mayores repercusiones en esta contingencia sanitaria.  

“La mejor política es la prevención, porque siempre lo más caro es la corrección”, declaró Javier Oliva, dejando en claro que lo importante es evitar llegar a situaciones no deseables; lo cual sería posible si se pusiera en práctica la aplicación de políticas sanitarias y de prevención lo suficientemente adecuadas ante estas circunstancias.  
De lo anterior, el investigador enfatizó en que las acciones del gobierno ante esta situación tratan de responder más en función de la demanda de los infectados que de la misma prevención; entendido esto como un riesgo para el resto de la población, y aún más para los grupos vulnerables.  

Pensar en aquellos sin casa 

De acuerdo con Carolina Gómez, maestra y analista en Salud Pública, el gobierno no ha brindado la atención adecuada para las personas en situación de calle ante el COVID-19; quienes además poseen padecimientos crónicos y un sistema inmunológico muy precario, tanto por su condición actual como por lo que les orilló a permanecer allí. 

“Todos deberíamos de pensar que también hay gente que no se puede quedar en su casa porque no tiene casa, por lo que deberíamos estar haciendo algo por ellos, pero el gobierno no está haciendo nada”, recalcó, dejando en claro que de quien se esperaría que apoyara a las personas en situación de calle, no lo está haciendo. 

De acuerdo a las declaraciones de la ex directora general adjunta de seguimiento y Evaluación de Programas de Mejora Continua en la Secretaría de Desarrollo Social, estas personas deben recibir una atención que les ayude a prevenir el contagio de COVID-19, dado que “no pueden desarrollar inmunidad por el simple hecho de vivir en la calle”, enfatizó Gómez Vinales. 

Además, considera que una medida pertinente, para evitar riesgos dentro de este sector vulnerable, sería la aplicación de pruebas rápidas, ya que ayudarían a detectar que personas en situación de calle padecen COVID-19. 

De acuerdo a las declaraciones de Gómez Vinales, “Tanto las personas que tienen donde vivir, como las que no, deben recibir la misma atención ya que todos tenemos el mismo derecho y acceso a la salud”; asimismo, considera que si algún ciudadano se encuentra grave, sin importar el sector social al que pertenece, debe obtener una atención correcta. 

Ante lo dicho por la Sibiso días atrás, sobre la ausencia de casos positivos en esta parte de la población; para Carolina Gómez, ello resulta improbable, más aún por la falta de concordancia entre las declaraciones por parte de la Secretaría y los reportes de los ciudadanos. “Desde luego que debe haber casos, sólo que no los conocemos y no los reportan bien”, comentó.  

Por la misma falta de atención igualitaria hacia estas personas, la ex Coordinadora Nacional del Programa IMSS-oportunidades concuerda con la idea de que éstas deberían acudir a instituciones donde reciban ayuda para hacer valer su derecho a la salud, sugiriendo ella misma que asistan a la ventanilla de atención del DIF.  

También, considera que se deben aplicar una serie de medidas y políticas públicas acorde a la situación de estas personas; partiendo desde la aplicación de pruebas de COVID-19 una vez que acudan a los albergues, y en caso de resultar positivo, mantener un monitoreo de ellas, tomando en cuenta que viven en las calles, volviéndose un medio de contagio para el resto de la población. 

Además, considera ideal llevar un registro del número total de personas dentro de los albergues, priorizando a los que ya se encuentran enfermos, delimitando cuántos son hombres, cuántas son mujeres, sus edades, para “concretarles un espacio en las estadísticas; pues no tenemos ese dato”, agregó.  

Pese a las diversas medidas que pueden ser aplicadas, la asesora gubernamental de Salud Pública en el ITAM cree que el gobierno más allá de la capacidad para llevarlas a cabo, carece de “empatía” hacia la sociedad. “Yo creo que tienen la capacidad, pero no tienen el tiempo, ni el olfato social suficiente para sensibilizarse a muchas cosas”, comentó. Además, no deben olvidar que esta pandemia afecta a todos por igual. 

¿Cuál es la perspectiva de la población ante el actuar del gobierno? 

Tras la realización de un sondeo, en el que participaron 105 personas de entre 18 y 65 años de edad, residentes de la Ciudad de México y pertenecientes, en su mayoría, a las Alcaldías Gustavo A Madero e Iztapalapa. El 61.5 por ciento de los encuestados afirmó tener la presencia de al menos una persona en situación de calle cerca de sus hogares. 

Lo anterior refleja que la existencia del sector en situación de calle resulta evidente para el resto de la población; e incluso más de la mitad de las personas que participaron en el sondeo, considera que el grado de vulnerabilidad al que está expuesto esta parte de la ciudadanía, ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19, es muy alta.  


Si bien, el 84.6 por ciento estableció que el gobierno debe responder ante este sector; ninguno considera que la actual administración ha aplicado las medidas necesarias para priorizar su atención, e incluso casi el total de los encuestados afirmó que estas personas no han recibido un trato igualitario como los demás ciudadanos, ante la crisis sanitaria actual. 


Aunque la opinión de los encuestados coincide con que el gobierno es quien debe priorizar atención a estas personas; desconocen qué medidas han implementado ante la pandemia, y solo uno recalcó que “El gobierno está haciendo brigadas, pero realmente no hay registro de que se lleven a cabo”. Por lo que resulta evidente la necesidad de establecer políticas públicas que brinden y garanticen atención a este sector rezagado y vulnerable de la sociedad. 
 
Ante estos hechos y las escasas formas de apoyo a esta parte de la población, el sondeo arrojó que poco más de la mitad de la muestra, reafirma la idea de que el gobierno no ha llevado a cabo las acciones necesarias para brindar atención a las personas en situación de calle durante el tiempo que ha durado la pandemia, llegando al punto en que las medidas aparentemente tomadas resultan desconocidas por los ciudadanos, viéndose reflejado en el 49 por ciento que lo admitió.  


Asimismo, la mayoría estaría de acuerdo en que el gobierno brinde recursos para resguardar su seguridad. Si bien, la población en general se muestra empática ante estas personas, solo 22 del total encuestado ha brindado su ayuda a dicho sector, mientras que un 33.7 por ciento menciona haberlo realizado en algún momento. 


Los resultados dejan ver que existe una preocupación por las personas en tales condiciones de vida, teniendo que dos terceras partes de los encuestados mantuvo tal pensamiento durante este tiempo. 
 
Pese a que la ciudadanía se encuentra preocupada por estas personas, la mayoría desconoce saber sobre una medida de apoyo, proveniente de cualquier índole o Institución. Y solo el 7.8 por ciento que conoce alguna, menciona la ayuda de Organizaciones No Gubernamentales, así como de albergues y seguridad 
alimenticia por parte de recintos religiosos; lo cual resalta que ante la nula atención del gobierno hacia estas personas, la sociedad civil es quien las apoya. 
 
Aunque el mismo porcentaje considera que las Organizaciones No Gubernamentales son quienes deben responder por este sector de la población; solo una persona conoce la ayuda que estas les han brindado, pues mencionó que “Ciertas ONG les han brindado cubrebocas, gel e incluso les proporcionan información sobre cómo actuar para prevenir el COVID-19”. 

El Caracol: una mano de apoyo al alcance del necesitado  

Luis Enrique Hernández Aguilar, actual director de la Organización de la Sociedad Civil El Caracol, encargada de ayudar en la visibilidad e inclusión de las personas que viven en las calles, conoce la situación que atraviesa este sector de la población; por lo que se volvió pieza clave para indagar de manera más directa cómo estas personas están sobrellevando la actual pandemia por COVID-19.  
 
El también psicólogo, explicó que la economía de estas personas, que de por sí ya era precaria, se tornó más afectada ante la pandemia actual; ya que no cuentan con fuentes de donde puedan obtener recursos. Ante esto, en la necesidad que tienen por conseguir el sustento permaneciendo en la vía pública, los coloca en una situación de discriminación, ya que son considerados como gente con un alto grado de poseer el virus.  
 
De esta forma, el director de El Caracol dejó en claro que los distintos estragos sociales observados abarcan la cuestión económica, la exclusión social de la cual ya eran víctimas y que se ha incrementado, al igual que la violencia, principalmente de tipo policial a la que se han enfrentado en estos últimos meses, y que es visible de manera explícita.  
 
A lo anterior, se suma la exclusión social que ha ido en aumento, tras esta crisis sanitaria, hacia estas personas; la cual en palabras de Hernández, abarca “la negación de derechos humanos, es decir, se les violenta, no tienen derecho a la alimentación, al agua, que es un elemento fundamental para prevenir el COVID, y no tienen derecho a la protección por parte del Estado”, explicó.  
 
En lo que refiere a la atención brindada a este sector de la población, el especialista en la lucha contra la discriminación de este sector, afirmó no haber encontrado un sólo caso de COVID-19 en ninguno de los 50 grupos que han asistido, aún cuando se ha mencionado en los medios sobre algunas personas con posibles índices de contraer el virus. 
 
Por ende, no han encontrado alguna negación de atención médica hacia una persona que lo haya contraído, fuera del caso emitido por los medios de comunicación sobre el señor Armando de 81 años que se encuentra en situación de calle, específicamente en la alcaldía Tlalpan; y al cual le fue negada la asistencia médica en diferentes hospitales de la ciudad hasta haberse hecho público su caso.  
 
Además, el director de El Caracol, expresó su desacuerdo con las declaraciones dadas por el gobierno; ya que hasta la fecha no han hecho mención sobre casos de población en situación de calle con COVID-19, específicamente es el subsecretario de Salud, López-Gatell, quien no logra decir una cifra exacta de este tipo de personas con el virus.  
 
En relación a la toma de acción por parte de las autoridades como las medidas sanitarias empleadas por la Sibiso, Luis Hernández reiteró que son las mínimas que toda persona debe poner en práctica; ya que sólo distribuyen gel antibacterial y jabón, y miden la temperatura dos veces al día a la población. 
“De los 55 grupos que hemos visitado, los únicos lugares donde nos han referido que ha llegado personal de la Secretaría de Bienestar Social es en la alcaldía Cuauhtémoc, pero no en todos los grupos, sólo en los que están en la zona de Garibaldi y en Artículo 123, es decir, sólo como en 15 grupos sí nos han dicho que han recibido ayuda de la autoridad, en los demás no”, enfatizó.  
 
A esto, se suma la falta de constatación que la asociación puede hacer de la atención brindada a estas personas; ya que hasta ahora, mientras salen a realizar su trabajo, no han encontrado ninguna de las brigadas que dicha Secretaría menciona en su protocolo.  
 
El dirigente de El Caracol no está del todo de acuerdo con las estrategias de sanitización, hacia los grupos de calle, tales como el rociar cloro con ayuda de aspersores para desinfectar las cosas de este mismo sector de la población; esto debido a que dan a entender “que la población callejera es un foco de infección, lo cual hemos ratificado que no es cierto, y que los rocíen con cloro es un mal mensaje”, recalcó.  
 
Además, cuestionó la forma en que el personal de estas brigadas brindar ayuda; ya que no tienen una actitud adecuada con los civiles, no sensibilizan con ellos, solo se limitan a proporcionar información y se retiran, sin entablar algún vínculo para ayudarlos a no sentirse desplazados y/o excluidos, tal como se había comentado.  
 
En cuanto a la asociación que se encuentra bajo su dirección, explicó el cómo llevan a cabo la selección de lugares a los que acuden para brindar ayuda, para lo cual cuentan con un mapeo anual donde registran las zonas en las que se ubican las personas en situación de calle, destacando un total de 30 grupos a los cuales brindaron ayuda, aún en el lapso en que se vieron obligados a cerrar la asociación como parte del protocolo de prevención establecido por el gobierno.  
 
“Estuvimos priorizando grupos donde hubiera personas mayores o personas con un deterioro físico alto, que tuvieran alguna enfermedad crónica o degenerativa. 
Cuando regresamos del aislamiento en el que nos mantuvieron, volvimos a salir, pero empezamos a visitar grupos que no habíamos visto que estaban en la calle”, puntualizó.  
 
Aunque hasta el momento no han encontrado un caso con COVID-19, cuentan con un protocolo a emplear en caso de ser necesario, que consiste desde explicar a la persona infectada la importancia y razón por la cual deberá permanecer en aislamiento, para después dar aviso de que hay una persona en situación de calle con posibles síntomas del virus.  
 
Al mismo tiempo, “llamar a la Secretaría de Bienestar Social, en concreto al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias para que envíen su brigada médica; porque nosotros no somos médicos, entonces envían su brigada y un médico certificado que dictamine el protocolo a seguir, para una adecuada atención”, explicó.  
 
Luis Enrique Hernández, hizo saber que pese a que en los hospitales deben existir protocolos para prevenir la discriminación, existen diferentes condiciones que ponen en riesgo a las personas a experimentarla; entre las cuales se encuentra la pobreza, el vivir o no en la calle, el color de piel, entre otros.  
 
Por ello, puede resultar una discriminación múltiple, es decir, cuando una persona cuenta con distintos factores de riesgo como los ya mencionados, razón por la cual en diversos hospitales se les ha negado el servicio: “no se les brinda la garantía plena de su derecho a la salud, no se les brinda ni medicamento, entonces en todos los hospitales corren el riesgo a sufrir discriminación”, concluyó.  
 
Tras la información expuesta, resulta visible la difícil situación a la que la población en situación de calle sigue enfrentándose hasta el momento, por lo que los días para recuperar un poco de la normalidad en la que vivían se han vuelto cada vez más lejanos. Es por ello, que el apoyo que estas personas necesitan se vuelve un asunto primordial, ya que gracias a esa ayuda es como logran sobrellevar la situación actual. 
 
Pese a que las autoridades informan sobre las brigadas que llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad; la falta de cumplimiento por parte del Estado ha dado pie a que un tercer grupo de la población sea el que brinde la ayuda necesaria, siendo distintas Organizaciones No Gubernamentales las que han estado jugando un papel importante en esta cuestión.  
 
Sin embargo, no es posible responsabilizar de todo al gobierno, ya que en una sociedad, existen más órganos referentes a ella. La poca empatía y ayuda por parte de la ciudadanía, ha invisibilizado por décadas a este sector, quien ahora pide ayuda a gritos, y que si bien, ha estado recibiendo apoyo del resto de la sociedad, se esperaría que no fuera necesario llegar a estas circunstancias para ver actuar, tanto a autoridades como al resto de la población en pro de su beneficio.  
 
El denunciar los estragos y la situación que estas personas experimentan durante esta pandemia no basta, puesto que lo han sufrido gran parte de su vida; por lo que se convierte en una necesidad de la sociedad en conjunto, defender y hacer valer a la población más débil, no sólo ante las autoridades, sino también ante los ciudadanos, pues muchas veces estos en lugar de erradicar dichos tratos, los reproducen. Después de todo, no debe olvidarse que inclusive ellos forman parte de este gran conglomerado llamado Ciudad de México.  













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