Por Luis Enrique García Leger
Ciudad de México (Aunam). Todo comenzó cuando Araceli y su esposo le dieron permiso a su hijo César de asistir a la fiesta de su prima en San José del Rincón, Estado de México. Como el muchacho había estado en el cuadro de honor por haber obtenido buenas calificaciones en la escuela, ambos creyeron que era motivo suficiente para permitir que su hijo saliera un rato a divertirse con sus familiares.
En esa ocasión ninguno de los dos pudo acompañarlo. Acordaron que al día siguiente, después de que terminara el evento, pasarían a recogerlo. Sin embargo, antes de que amaneciera los anfitriones los alertaron de la desaparición de César. Jamás se imaginaron que su vida iba a cambiar totalmente por un simple permiso.
El chico, que por entonces tenía 13 años de edad, desapareció el 15 de marzo del 2008. Ahora su madre sostiene su retrato mientras cuenta lo difícil que ha sido para ella tener que vivir sin saber el paradero de su muchacho. Lo último que se supo de él fue que ya no regresó a la fiesta después de que salió por un momento para acompañar a otra prima suya hasta la puerta de su casa. A pesar de los años, la señora Becerra asegura que su hijo está vivo y que no pierde las esperanzas de volverlo a ver.
Los alarmantes números de los casos de desaparición
La desaparición de personas es una actividad ilícita que se ha practicado en México a partir de lo ocurrido en la Guerra sucia durante la década de los sesenta. En la actualidad este hecho sigue siendo un problema que afecta a miles de familias mexicanas en todos los estados de la república, creando una situación que vulnera y resquebraja por completo el tejido social, ya que implanta el miedo dentro de la sociedad como un virus que se reproduce y se extiende, según lo explicado por la doctora en Política Pública, María Teresa Villarreal Martínez.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México han desaparecido de manera indiscriminada 30 mil 991 personas desde 2007 hasta la fecha, siendo Tamaulipas la entidad con la cantidad más alta de casos, aproximadamente 5,567, seguida por el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua.
De alguna u otra forma mujeres, hombres, niños y niñas de los 32 estados de la república son víctimas de actos generalizados de desaparición. Sólo en la Ciudad de México desaparecen alrededor de 2 mil personas al año, según cifras del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA). Por ello, año con año miles de familiares de desaparecidos buscan una respuesta de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con la base de datos que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), proporcionada a través de CAPEA, 2 mil 034 personas desaparecieron en 2013, siendo Iztapalapa la delegación con más casos de desaparición en donde las víctimas del sexo femenino, en un rango de 0 a 17 años, fueron el grupo más vulnerable.
Las cifras señalan que dicho grupo ha encabezado el registro de personas desaparecidas desde 2012. En ese año, se contabilizaron 705 casos de menores de edad mujeres; al año siguiente, fueron 860. En los tres años anteriores, las cifras proporcionadas por CAPEA son de 789, 816 y 809 respectivamente.
Según CAPEA, en el primer semestre del año en curso ya se tienen contabilizadas 1 mil 019 desapariciones. En ese contexto, los colectivos sociales y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han involucrado en el tema con el propósito de exigirle al gobierno mexicano que ponga fin a esta práctica ilícita en el país.
Sin embargo, la labor de estos grupos no termina ahí. Estas ONGs también brindan ayuda a los familiares de las víctimas y emplean una serie de estrategias que tienen como objetivo posicionar el tema dentro de la agenda pública y visibilizar la gravedad del asunto, tanto a nivel local como federal, para demandar posteriormente la debida atención de las autoridades correspondientes.
Las memorias de Araceli Becerra
La desaparición de César Garduño Becerra golpeó de tal manera a su familia, tanto de forma psicológica como económica, que terminaron separándose. Su padre perdió su trabajo y su hermano dejó de asistir a la escuela al abandonar su hogar en Valle de Chalco para mudarse a Minita de Cedro, un lugar que está cerca del límite entre Michoacán y el Estado de México, con la intención de ser los primeros en saber cualquier información relacionada con su caso.
Para que la situación y el ambiente de angustia no perturbaran la conciencia y el bienestar psicosocial del hermano de César, los padres de Araceli vinieron desde Guanajuato para llevárselo a vivir con ellos. Fue así como pudo terminar de estudiar el cuarto año de primaria y los grados posteriores. En cuestión de segundos, la vida de una familia se vio totalmente modificada.
La ayuda que Araceli recibió al momento de la desaparición por parte de las autoridades gubernamentales fue escasa. El encargado del ministerio público empezó con un regaño para ambos padres por haber dejado que su hijo de 13 años saliera a una fiesta tan noche. Sin embargo, en el camino se encontró con el apoyo de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos (AMNRDAC), quienes se ofrecieron a ayudarla cuando supieron de su caso.
Al cumplirse un año de la desaparición de su hijo, Araceli conoció la institución fundada por la señora María Elena Solís gracias a un programa de televisión. AMNRDAC le ayudó a reabrir el expediente de su caso pues se encontraba totalmente abandonado y también le brindó ayuda terapéutica. Asimismo se encargaron de empezar la difusión del rostro de su hijo a través de algunos medios de comunicación, gracias a los contactos entre AMNRDAC y dichas empresas.
De esa manera es como Araceli decidió comenzar a trabajar con las personas de esta organización de la sociedad civil, porque entiende que si hay algo que los une es la búsqueda incansable de sus seres queridos.
Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos (AMNRDAC)
En un edificio de fachada azul, con balcones enrejados y con una puerta de acceso totalmente transparente enmarcada en blanco, se encuentran las oficinas de la asociación no gubernamental fundada por María Elena Solís, por las cuales circulan diariamente personas con casos de familiares desaparecidos que piden la ayuda de su fundadora para dar lo más pronto posible con el paradero de sus seres queridos.
La asociación, que en un principio atendía las solicitudes desde la casa de la señora Elena, ahora se encuentra en la Avenida División del Norte, en la delegación Benito Juárez. Junto con Araceli Becerra y un extenso equipo de trabajo, la organización se dedica al acompañamiento de las víctimas durante el proceso de búsqueda, mientras que las familias reciben apoyo tanto terapéutico como asesorías jurídicas.
AMNRDAC también ofrece prácticas de prevención contra la desaparición en las escuelas públicas. Aparte del apoyo legal y psicológico, la fundadora de esta organización ofrece cuatro paredes y un techo a los familiares de los desaparecidos que vienen de otro estado de la república, en busca de ayuda, para que ellos no vean afectada su economía. Lo que más le importa a los integrantes de esta organización es que los afectados se sientan protegidos y apoyados.
Las paredes que resguardan a los allegados de las víctimas son un recordatorio para los que laboran en AMNRDAC de su compromiso para con las personas que siguen desaparecidas, pues sobre uno de los muros se muestran las fotografías de sus rostros, un espacio que en realidad queda pequeño si se toma en cuenta que al mes se presentan entre 20 y 30 casos de desapariciones.
Sin embargo, el trabajo eficiente de los integrantes de esta institución permite que cada mes sean encontrados entre 3 a 10 personas. Cuando esto ocurre, sus fotografías pasan al muro de los recuperados que, a ojos de los incrédulos, es una muestra de los casos de éxito y eficiencia de AMNRDAC.
Los lazos construidos entre la asociación, las empresas y los medios de comunicación permiten que las fotos de los desaparecidos sean difundidas a nivel nacional. Las grandes cadenas televisoras, como la perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y TV Azteca, son una herramienta clave en el proceso de búsqueda. Los medios impresos también representan una plataforma de apoyo para la difusión, mientras que empresas como Coppel y Banamex transmiten por las pantallas de sus sucursales los rostros de los menores de edad sin recuperar.
Cuando resulta necesario viajar para seguir alguna pista sobre el paradero del desaparecido, el equipo de trabajo de AMNRDAC y la señora Solís acompañan a las víctimas. Los gastos generados son sufragados por la institución, que logra solventarlos gracias a los donativos que recibe por parte de empresas comerciales o de caridad desde su fundación, un 7 de septiembre de 1997, que surgió a partir de la desaparición de Angélica Elena Sánchez, pariente cercana de la fundadora.
La nieta de María Elena Solís desapareció un sábado de 1994. Apenas tenía dos años de edad cuando fue sustraída de su propia casa, sin que nadie se diera cuenta, a plena luz del día, por una muchacha que en ese momento fungía como sirvienta. La preocupación y la angustia invadieron tanto a la madre como a la abuela y a los sobrinos al darse cuenta que Angélica había desaparecido.
En medio de la desesperación, su familia tenía la esperanza de que la muchacha volviera con la menor, con el pretexto de haberla acompañado a caminar al parque, pero las horas pasaron y ninguna de ellas regresó. La mamá no esperó más para presentar la denuncia en la delegación Benito Juárez. La situación hizo que el hermano de la niña desaparecida quedara desprovisto de los cuidados de su abuela y su madre, puesto que ambas se enfocaron en la búsqueda de la menor. La familia, en ese momento, se comenzó a fragmentar.
El proceso de búsqueda les exigió más de lo que ellas podían dar pues se vieron obligadas a abandonar sus trabajos. Entre las actividades que realizaron para dar con el paradero de la niña estuvieron las visitas a las entradas de las centrales camioneras y del aeropuerto con la ilusión de ver por alguna de las puertas a Angélica. La fe depositada en la religión fue el motor que impulsó a la madre a seguir buscando durante cincuenta días, a pesar de verse afectada anímica y físicamente.
El 9 de enero de 1995, María Elena Solís volvió a ver a su nieta. Cuatro días antes, en la Ciudad de México, otra pequeña de nombre Esmeralda desaparece. Gracias a un contacto, sus padres se enteran que en el poblado de San Agustín, en Guadalajara, una banda de criminales trafica con menores de edad. Después de comprobar por su propia cuenta que su hija estaba ahí, el conjunto de delincuentes fue apresado y un grupo de niños fue liberado, entre ellos Angélica Elena.
IV Marcha de la Dignidad Nacional
Las madres, los padres, las tías, los hermanos y familiares de personas desaparecidas no tuvieron nada que festejar este 10 de mayo. En cambio, se unieron a la lucha por un trato digno y por el derecho a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Con el dolor en el pecho marcharon para exigir justicia, mientras que con coraje y valentía interpretaron la consigna que representa el movimiento: “El 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”.
Por el Paseo de la Reforma caminaron las personas cargando la foto de su familiar impresa en una lona. En la parte de enfrente de sus playeras o pegada sobre una cartulina se leía el mensaje “¿Lo has visto? Recompensa”. Las consignas plasmadas en las pancartas, dirigidas a los políticos mexicanos, también los acompañaron durante el recorrido e hicieron referencia a la impunidad y los crímenes de Estado cometidos desde la década de los sesenta.
El punto de reunión fue el Monumento a la Madre. A las 10:30 de la mañana partieron hacia el Ángel de la Independencia diferentes colectivos, formados por gente proveniente de varios estados de la república.
La marcha, que ha sido apoyada desde hace seis años por los fundadores de Cauce Ciudadano y del proyecto Red Retoño, tiene como objetivo posicionar el tema de las desapariciones dentro de la agenda pública, para entonces poder demandarle al Estado que garantice la defensa de los derechos humanos, la localización efectiva de personas desaparecidas, a través de protocolos de búsqueda, y la pronta identificación de los restos humanos en fosas clandestinas.
Bajo esa idea, los familiares de los desaparecidos se han unido a la marcha con mensajes llenos de indignación para demandar a las autoridades que den con el paradero de sus seres queridos, porque de lo contrario, en palabras de María Fernanda, fundadora de Red Retoño, “estarían violando el derecho a la verdad y a la vida”, que son promovidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y defendidos por las ONGs en sus demandas al Estado mexicano.
Con la intención de alcanzar sus objetivos los parientes de los desaparecidos, junto con organizaciones de la sociedad civil, se adueñan de los espacios públicos para atraer la atención tanto de políticos como de los medios de comunicación de forma que sus mensajes sean escuchados en cadena nacional y así se informe a la opinión pública de la gravedad del asunto. Padres y madres acercan la fotografía de su familiar a la lente de las cámaras y le piden a los conductores de los noticieros que sus historias reciban un pequeño tiempo en el aire.
Reunidos todos los colectivos al pie del Ángel de la Independencia, la gente se turna el micrófono para contar su experiencia y hacer públicos sus reclamos. Todas las personas juntas tienen claro que deben enviar un mensaje contundente al gobierno y a la sociedad mexicana: “los desaparecidos no son sólo nuestros, también son hijos y hermanos de todos ustedes, porque también fueron paridos por esta tierra”.
Los familiares no pararán hasta encontrar a sus hijos con vida o sin ella. “Le pedimos a la autoridad que si no quieren hacer su chamba, que entonces no nos estorben y ofrezca protección a las brigadas ciudadanas”, sentencia una señora detrás del micrófono, vestida de rosa y con la cara maquillada en forma de calavera.
La verdadera función de una organización de la sociedad civil
La organización civil Cauce Ciudadano puso en marcha el proyecto Red Retoño para prevenir y mitigar los daños colaterales causados por la guerra contra el narcotráfico en el país durante el sexenio de Felipe Calderón. Ello implica que trabajen especialmente con jóvenes trastocados por la influencia de la delincuencia organizada y el narcotráfico. A través del arte y de la cultura, buscan integrarlos de nueva cuenta a la sociedad pues como comenta María Fernanda, “las juventudes no son peligrosas, están en peligro”.
En la práctica, Red Retoño cubre dos áreas de interés: una está enfocada al acompañamiento de las víctimas y la mitigación de daños causados por la delincuencia organizada. Para ello, el proyecto cuenta con un equipo de orientación jurídica pues algunas personas, en primera instancia, no saben con quién acudir o desconocen qué es lo que deben hacer.
Por otro lado, esta red cuenta con el apoyo de la Sociedad Panamericana de Neurociencia Aplicada, un grupo especializado en el área psicosocial que se encarga de darle el debido seguimiento a los casos de desaparición y brindar toda la ayuda necesaria a los familiares de los desaparecidos.
Red Retoño organiza también labores de prevención social contra la delincuencia organizada que tienen un enfoque comunitario y están dirigidas a áreas específicas relacionadas con el ámbito socioeducativo, sociolaboral y sociocultural.
En ese sentido, la red organiza algunas tareas que requieren que las personas involucradas en el proyecto intervengan en una comunidad que fue azotada previamente por la delincuencia organizada para crear momentos que promuevan la resiliencia (la capacidad para superar eventos traumáticos), de forma que no existan obstáculos para el libre desarrollo personal de las personas de ese lugar.
Un ejemplo de esta labor es el realizado en Baja California, el estado donde Santiago Meza López, mejor conocido como “El Pozolero”, consumió en sosa cáustica un total de 300 personas durante diez años en la finca La Gallera. En ese caso, el principal objetivo de la Red Retoño fue la recuperación y resignificación del espacio público con la intención de darle un nuevo sentido a la vida de los seres humanos que viven en aquel territorio y el entorno que los rodea.
En la tarea de buscar a las personas por cuenta propia
Las actividades de localización de personas desaparecidas llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil nacen porque, en palabras de María Fernanda, “el Estado no está capacitado para hacer búsquedas prontas e inmediatas, porque no cuenta con los mecanismos necesarios, y si los tiene no los activa”. Por ello, los familiares de los desaparecidos conforman brigadas de búsquedas ciudadanas que se centran en dar con el paradero de sus seres queridos, acompañados de grupos como Cauce Ciudadano, que están a su lado durante todo el proceso.
De acuerdo con María Teresa Villareal Martínez, doctora en Política Pública, la gente con familiares desaparecidos decide crear asociaciones civiles que hagan la labor de búsqueda debido a que las investigaciones y el trabajo de los ministerios públicos casi no avanzan. La falta de una respuesta gubernamental efectiva provoca que ellos se organicen con otras personas que están viviendo la misma situación para solucionar su problema.
Dado que gran parte del trabajo de localización lo hacen dichas asociaciones, Cauce Ciudadano, a través de la Red Retoño, junto con otras organizaciones de la sociedad civil busca posicionar en el Congreso el tema de las búsquedas prontas e inmediatas, contenido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Por otra parte, las asociaciones buscan denunciar los efectos de la violencia criminal e incluir en la agenda pública los casos de desaparición de personas para ejercer presión a las autoridades correspondientes y exigirles que cumplan con sus obligaciones, a través de la marcha llevada a cabo el pasado de 10 de mayo.
La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos y Cauce Ciudadano se han erigido como organizaciones defensoras de los derechos humanos pues sus tareas se enfocan en demandar al Estado que cumpla con sus deberes y obligaciones puesto que éste el único que puede hacer valer los derechos de las víctimas. Es cierto que estas asociaciones realizan tareas que el Estado tendría que hacer; sin embargo, jamás podrán suplir y hacer valer las obligaciones que por naturaleza le competen al gobierno.
