viernes, 8 de marzo de 2013

PROHIBICIÓN DE MINIFALDAS, UNA AGRESIÓN AL GÉNERO FEMENINO

Por Anabel Lugo Cruz
México (Aunam). María Guadalupe Cortés Altamirano, del Instituto de Investigaciones Sociales (ISS) de la UNAM, sentenció la prohibición del uso de la minifalda en Acuña, Coahuila, como una agresión hacia las mujeres, porque es una forma de control y regulación de su comportamiento.

Para la investigadora y profesora de Sociología de Género, “es un error” efectuar la prohibición del uso de las minifaldas, porque se atenta en contra de las libertades, la toma de decisiones y los gustos de las mujeres.

“La Dirección Municipal de Seguridad de Ciudad Acuña, Coahuila, inició una campaña en contra del uso de minifaldas”, misma que fue encabezada por el general Javier Aguayo y Camargo, director de Seguridad Pública de Acuña, informó el 25 de febrero el periódico en línea sin embargo.com.

Aguayo argumentó que esta medida es una acción en defensa del “respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”, declaraciones ante las cuales algunas organizaciones y especialistas en perspectiva de género, determinaron que esta disposición es un acto discriminatorio para la población femenina.

Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitió un comunicado donde se establece que la disposición “es una medida discriminatoria hacia las mujeres y atenta contra sus derechos”.

Este acto de censura, permite recordar el caso de la diputada plurinominal Crystal Tovar Aragón, perteneciente al Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien fue el centro de una controversia en medios y redes sociales por asistir con una falda muy corta al Congreso.

Ante este hecho, la investigadora Guadalupe Cortés explicó que el mantener una mirada “censora sobre las mujeres” que determine cómo deben vestirse, permite ver la nula sensibilidad por parte de quienes detentan el poder; promover la censura y un castigo deliberado sobre la población femenina es una imposición autoritaria.

Para la especialista una solución viable a este problema es la educación y el diálogo con la población, así como la implementación de políticas consensuadas, en las cuales, se determine que la prohibición y los castigos no son garantía para mantener el respeto y la equidad entre personas.



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