INCUMPLE MÉXICO RECOMENDACIONES DE LA ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS
Por Juan Pablo Aguila Rodríguez
México (Aunam). Según el maestro Edgar Cortez, el gobierno de Felipe Calderón pasa por alto tres puntos medulares en cuanto a Derechos Humanos: la falta de reformas constitucionales que estandaricen su importancia y evaluación, la ausencia de luchas contra los ciclos de impunidad, tanto para las torturas, las desigualdades de géneros (incluidos los derechos reproductivos), como para los a los crímenes del pasado, y la inexistencia de espacios efectivos de participación social.
Con la presencia de especialistas en Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó la mesa redonda México ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para analizar el grado de efectividad del gobierno mexicano en la aplicación de los derechos básicos del hombre.
Juan Carlos Gutiérrez, director del Programa de Cooperación en Derechos Humanos, declaró que la falta de aceptación del Gobierno federal a las ocho recomendaciones se da en puntos que citó el maestro Cortez, y que son vitales para demostrar la apertura política de México ante las observaciones del mundo.
Por segunda ocasión, como cada cuatro años desde su implementación, nuestro país fue sometido al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual resultaron 91 recomendaciones; sin embargo, sólo 83 de ellas han sido aceptadas por los organismos gubernamentales. En el siguiente periodo de análisis, se vealuará el grado de cumplimiento en los Derechos Humanos y la aplicación de las observaciones.
Con el punto de partida refirieron que México ha sido precursor en el mundo, y que la cuarta línea de la Carta de los Derechos Humanos estipula obligatiedad para el cumplimiento de los tratados internacionales que los impulsen y desarrollen.
La mesa redonda contó con la presencia de Jorge Carpizo, investigador emérito del IIJ, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otros.
El panel dio muestra de las debilidades que se presentan en este rubro; por ejemplo, las observaciones denegadas constan en la redefinición del concepto de delincuencia organizada, el cual, afirmó Juan Carlos Guitérrez, hoy somete a prácticamente cualquier delito; cuestiones de arraigo domiciliario y la criminalización de los movimientos sociales.
Además, aseguró que en 21 visitas, en 11 años, de diferentes comisiones a nuestro país, ya se acumulan más de 800 recomendaciones, ajenas a las 91 establecidas en el reciente EPU.
Por su parte, el funcionario de la Segob mencionó que el número de recomendaciones para el gobierno mexicano casi quintuplica las de Brasil, puesto que el país sudamericano no pasa de las 20. Sin embargo, comentó que este estudio sólo podrá ser evaluado de manera determinante cuando se realice el próximo examen, el cual dictará lo adecuado de las acciones emprendidas en esta administración y los puntos débiles que encarará la siguiente.
Durante su ponencia, el doctor Carpizo, ex rector de la UNAM, destacó la pérdida del perfil de los funcionarios de las Comisiones Nacionales y estatales, lo que ha desbocado en las fallas del sistema.
Cuestionó que con un presupuesto de mil millones de pesos manejado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una planilla laboral de más de mil trabajadores, es increíble que México registre un número tan elevado de recomendaciones, cuando todo debería suponer que: “a mayor número de comisionados, menores recomendaciones, y a mayor presupuesto, menos recomendaciones”.
En las conclusiones, los ponentes determinaron que son dos los puntos a resolver en los próximos tiempos para obedecer a las recomendaciones: reformas constitucionales que armonicen los Derechos Humanos y la creación de espacios para discutir los temas implicados.
México (Aunam). Según el maestro Edgar Cortez, el gobierno de Felipe Calderón pasa por alto tres puntos medulares en cuanto a Derechos Humanos: la falta de reformas constitucionales que estandaricen su importancia y evaluación, la ausencia de luchas contra los ciclos de impunidad, tanto para las torturas, las desigualdades de géneros (incluidos los derechos reproductivos), como para los a los crímenes del pasado, y la inexistencia de espacios efectivos de participación social.
Con la presencia de especialistas en Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó la mesa redonda México ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para analizar el grado de efectividad del gobierno mexicano en la aplicación de los derechos básicos del hombre.
Juan Carlos Gutiérrez, director del Programa de Cooperación en Derechos Humanos, declaró que la falta de aceptación del Gobierno federal a las ocho recomendaciones se da en puntos que citó el maestro Cortez, y que son vitales para demostrar la apertura política de México ante las observaciones del mundo.
Por segunda ocasión, como cada cuatro años desde su implementación, nuestro país fue sometido al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual resultaron 91 recomendaciones; sin embargo, sólo 83 de ellas han sido aceptadas por los organismos gubernamentales. En el siguiente periodo de análisis, se vealuará el grado de cumplimiento en los Derechos Humanos y la aplicación de las observaciones.
Con el punto de partida refirieron que México ha sido precursor en el mundo, y que la cuarta línea de la Carta de los Derechos Humanos estipula obligatiedad para el cumplimiento de los tratados internacionales que los impulsen y desarrollen.
La mesa redonda contó con la presencia de Jorge Carpizo, investigador emérito del IIJ, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otros.
El panel dio muestra de las debilidades que se presentan en este rubro; por ejemplo, las observaciones denegadas constan en la redefinición del concepto de delincuencia organizada, el cual, afirmó Juan Carlos Guitérrez, hoy somete a prácticamente cualquier delito; cuestiones de arraigo domiciliario y la criminalización de los movimientos sociales.
Además, aseguró que en 21 visitas, en 11 años, de diferentes comisiones a nuestro país, ya se acumulan más de 800 recomendaciones, ajenas a las 91 establecidas en el reciente EPU.
Por su parte, el funcionario de la Segob mencionó que el número de recomendaciones para el gobierno mexicano casi quintuplica las de Brasil, puesto que el país sudamericano no pasa de las 20. Sin embargo, comentó que este estudio sólo podrá ser evaluado de manera determinante cuando se realice el próximo examen, el cual dictará lo adecuado de las acciones emprendidas en esta administración y los puntos débiles que encarará la siguiente.
Durante su ponencia, el doctor Carpizo, ex rector de la UNAM, destacó la pérdida del perfil de los funcionarios de las Comisiones Nacionales y estatales, lo que ha desbocado en las fallas del sistema.
Cuestionó que con un presupuesto de mil millones de pesos manejado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una planilla laboral de más de mil trabajadores, es increíble que México registre un número tan elevado de recomendaciones, cuando todo debería suponer que: “a mayor número de comisionados, menores recomendaciones, y a mayor presupuesto, menos recomendaciones”.
En las conclusiones, los ponentes determinaron que son dos los puntos a resolver en los próximos tiempos para obedecer a las recomendaciones: reformas constitucionales que armonicen los Derechos Humanos y la creación de espacios para discutir los temas implicados.
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