martes, 8 de diciembre de 2015

LA REFORMA EDUCATIVA, CONCEBIDA PARA DESMANTELAR UN GREMIO

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
México (Aunam). La Presidencia de la República tardó menos de tres meses para lograr que el Congreso de la Unión aprobara la reforma educativa y le llevó sólo siete meses para que se publicara, el 11 de septiembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación las tres leyes secundarias de esta enmienda constitucional.

Estas modificaciones en materia de educación y plantilla docente fueron prácticamente la primera acción de gobierno que anunció Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo federal, un día después de haber tomado posesión el 1° de diciembre de 2012.

En no más de 28 días, la Cámara de Diputados recibió, votó y aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma que el Presidente, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envío a la Cámara baja el 10 de diciembre de 2012.

Del mismo modo, se necesitó sólo del 13 de agosto al 11 de septiembre de 2013 para que los legisladores votaran las tres leyes secundarias de la reforma educativa; una para dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, otra para crear las leyes de servicio profesional docente y una más para modificar la Ley General de Educación.

Todo esto mientras cientos de iniciativas de reformas y de nuevas leyes en materia de derechos humanos y respaldo a otras garantías llevan años rezagadas en el Congreso de la Unión por el tardado proceso de votación legislativa.

No obstante, el diseño de esta reforma --según muestran los documentos públicos en la página oficial del Pacto por México --se discutió únicamente con representantes y asesores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, los tres más representativos del país.

¿Cuál es la prisa?

Alejandro Canales Sánchez, del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en entrevista que lo que más llama la atención de esta reforma educativa –que desde su anuncio provocó movilizaciones magisteriales en todo el país-- es la rapidez con la que el gobierno federal y las y los legisladores la aprobaron.

Canales Sánchez, doctor en ciencias sociales y maestro en investigaciones educativas, señaló que desde hace varios años es una necesidad imperante modificar el sistema educativo en México, ya que ciertas políticas obstruyen la profesionalización de los maestros y el poder que ostentan los gobiernos locales en esta materia impiden una concentración total del número de plazas de cada docente.

Sin embargo, las problemáticas que enfrenta la educación son muy complejas y multidisciplinarias, por lo que cualquier proceso de reforma legislativa en la materia tiene que ser analizado y debatido con expertos del ámbito de la sociedad civil y la universidad, lo que --hasta donde se conoce en el IISUE-- no se hizo con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el académico, uno de los puntos más controversiales de la reforma educativa se centra en la Ley General del Servicio Docente que --según la Presidencia-- establece términos y condiciones para la promoción, reconocimiento y permanencia del servicio que deben aplicarse a todas las entidades y, en su caso, los municipios también.

Esta norma señala que los nuevos maestros sólo podrán ingresar a través de concursos de oposición, que se hará una evaluación cada cuatro años con tres oportunidades de aprobación y con derecho a impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Canales Sánchez observó que una evaluación al personal docente no basta para asegurar la calidad de la educación en México, ya que el sistema educativo carga con años de descuidos y negligencias por parte de la autoridad en ese ámbito.

Esta situación hace urgente la necesidad de poner mayor atención al desempeño de los profesores pero con sistemas de medición diferenciados por región y contexto, asegurarse de que la información sobre el número de plazas y sueldos de cada maestro y maestra esté bien sistematizado en los gobiernos locales y que haya mejores formas de organización para dialogar con el magisterio.

De acuerdo con el experto, el proceso legislativo que concibió esta reforma educativa hizo evidente la necesidad del gobierno federal por desmantelar un grupo gremial que defiende los derechos laborales, “privilegios” obtenidos desde hace muchos años como parte de las luchas sindicales.

De cualquier forma, dijo el investigador, no deja de ser una necesidad discutir la reforma educativa con expertos, sociedad civil y todos los sectores implicados.

Sin embargo, lejos de esto, y a dos años de haber entrado en vigor esta modificación constitucional, el gobierno federal ha mantenido un “telón de opacidad” para no informar cómo y cuándo se evaluará al personal docente ni ha dado claridad sobre algunos recursos presupuestales, dijo Canales.

Y criticó el manejo mediático que hizo el gobierno federal en el contexto de los comicios federales del 7 de junio de 2015, ya que el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, informó antes de las elecciones que las evaluaciones para el personal docente estarían suspendidas por “nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación”, y un día después de esta jornada comicial, el jefe de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las evaluaciones siempre sí se aplicarían.

Aunque se solicitó mediante el sistema de acceso a la información pública más detalles sobre estos supuestos elementos, la SEP y la SG no respondieron.

Las maestras opinan

Antes de esa jornada electoral, grupos magisteriales de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán amenazaron con boicotear los comicios en caso de que la autoridad educativa insistiera en aplicar las evaluaciones a los profesores.

Desde días antes de esta jornada, la quema de boletas y casillas no se hizo esperar en la región caliente. La noche previa al 7 de junio, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García, dijo que desplegaría un operativo en estas entidades para garantizar la paz durante las elecciones.

Araceli Fierro Torres, integrante de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), declaró en breve entrevista telefónica que si bien el plan del movimiento sí era frenar el proceso electoral, la presencia militar y la agresión contra activistas y maestros en el municipio de Tlapa, la obligó a ella y a sus compañeras a resguardarse en un plantón que ese gremio mantiene en Chilpancingo, capital del estado, para no exponer su vida.

Al día siguiente, los medios de comunicación informaron de una jornada electoral pacífica y de gran participación ciudadana, en estas tres entidades inclusive. No obstante, algunos medios independientes reportaron que la agresión contra el movimiento en Guerrero derivó en la muerte de dos varones y la hospitalización de tres mujeres, y de varias detenciones en Michoacán y Oaxaca.

Edith Na Savi, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, observó en entrevista que la reforma educativa se suma al conjunto de reformas estructurales que Enrique Peña Nieto presentó desde el inicio de su gestión para debilitar y atacar a la población y la clase trabajadora con medidas invasivas y descontextualizadas que limitan el ejercicio de los derechos.

Desde su opinión, estas medidas “aparentemente educativas” se implementaron de forma autoritaria, sin negociación con los grupos sindicales, a pesar de que éstas implicarían reformas en materia laboral.

No obstante, la fortaleza que ha mostrado el magisterio llevó al gobierno federal a tomar medidas represivas a fin de debilitar al movimiento, también de manera física y emocional. La prueba es que desde 2013, grupos de militares y de la Policía Federal se apostaron en la región de la Montaña de Guerrero para intimidar y presionar a los miembros de la CETEG bajo el argumento de que ahí se cosechan enervantes, aseguró la experta.

En su opinión, el gobierno federal debería impulsar políticas públicas para mejorar la calidad educativa pero a partir de ampliar la infraestructura escolar y los recursos en las comunidades indígenas, ya que una población marginada, aun teniendo a los mejores profesores, seguirá enfrentando la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y la explotación infantil.

Las dudas de la sociedad

La reforma educativa y la amplia movilización magisterial se mantienen como temas en la agenda mediática desde el día en que aquélla se presentó como iniciativa presidencial. En tanto, la sociedad civil ha manifestado tener amplias dudas sobre cómo va afectar la educación de las y los menores de edad.

Así lo han señalado organizaciones civiles y grupos ciudadanos inconformes que demandan que esta reforma no acabe por aplicarse o suspenderla por completo.

En una solicitud de información enviada a la SEP por un usuario (número de folio 0001100023415), se pregunta explícitamente cuáles serán los impactos negativos que tendrá la Ley General de Servicio Docente para la plantilla magisterial y a partir de cuándo se aplicarán estas medidas.

Con fecha del 2 de febrero de 2015, mediante oficio, la dependencia informa: “Es importante mencionar que continúa vigente lo establecido en la normatividad laboral con excepción de lo relacionado con el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento para el personal docente, técnico docente, con funciones de dirección y supervisión, así como de asesoría técnica pedagógica en la educación media superior que imparta el Estado en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal”.

A la par, la lista de respuestas a las solicitudes de información pública que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales despliega en esta materia muestra que la mayoría de las solicitudes que se le enviaron de 2012 a 2015 fueron señaladas como “información inexistente”, “añada más datos”, “no corresponde a esta dependencia” o las remitieron a la página de la Presidencia de la República.





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