viernes, 7 de junio de 2013

AMNISTÍA INTERNACIONAL, EL LLAMADO A PEÑA NIETO QUE CALDERÓN NO ESCUCHÓ


Por Carlos Sigfredo Vargas Sepúlveda
México (Aunam) En México, familiares de desaparecidos merecen más que simples promesas por parte del gobierno federal, afirma Amnistía Internacional, movimiento mundial formado para terminar con abusos contra los derechos humanos.

Las desapariciones son un fenómeno común en México por la ineficacia de autoridades para erradicarlas, además de su participación activa en algunas de ellas, según el movimiento.

En su documento Enfrentarse a una pesadilla: La desaparición de personas en México, Amnistía Internacional dibuja en cifras y declaraciones lo que significó el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, en materia de seguridad, poniendo acento en el tema de las personas que no dejaron rastro alguno.

Entre desapariciones forzadas con funcionarios públicos implicados o miembros del crimen organizado y gente que abandonó su hogar sin decir “adiós”, 26 mil personas “se esfumaron” de suelo nacional de 2006 a 2012. Es decir, con un promedio de más de 4 mil desapariciones por año en el sexenio de Calderón.

Personas convertidas en cifras

Repetidamente se escuchó el número de muertos, desaparecidos y desplazados provocados por la guerra contra las drogas, iniciada el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa, vestido de militar, declaró la guerra al narco.

Su pronunciamiento fue: “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido. Tomará tiempo. Costará mucho dinero e incluso, y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente. Es una batalla que debemos librar y que unidos, los mexicanos, vamos a ganar a la delincuencia”.

Calderón declaró entre líneas “el Estado de excepción”. La “ley del revolver” se adueñaría de México.


La gente víctima de la guerra contra el crimen organizado se convirtió en cifras. Sus rostros se perdían entre la profundidad de casos. Sin embargo, esas personas eran como tú. Tenían nombre, casa, familia y una vida que fueron arrebatadas, en la mayoría de los casos, impunemente.

Brandon Estaban Acosta Herrera, Guadalupe Jazmín Torres Rivera, Ricardo Peña Mejía, Adrián Domínguez Rolón y Sergio Ramírez Miranda son algunos de los nombres de víctimas que se transformaron en un número en algún informe fedeL.

Y la cifra de muertos puede aumentar. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde diciembre de 2006 ha habido más de 65 mil homicidios y, en caso de sumar la cifra de desaparecidos, los decesos podrían llegar hasta 91 mil. Sin contar los que simplemente no fueron registrados como desaparecidos o muertos.

Cifra altísima al compararla con países que están en guerra como Siria.

Impunidad: Calderón hizo caso omiso

Según el reporte anual de Amnistía Internacional, citado por la reportera de la revista Proceso, Gloria Leticia Díaz, el 22 de mayo de 2013, Felipe Calderón “continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones a derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”.

Es decir, la impunidad se adueñó de todos los niveles. Comenzando desde el hombre que “levanta” a otro en el norte del país hasta la silla presidencial. “Se los llevaron [unos delincuentes], pero cuando menos las autoridades cooperaron con el crimen”, afirman familiares de Adrián Domínguez Rolón, agente de la policía federal desaparecido en 2011.

Amnistía Internacional ha entrevistado a familiares, testigos y organizaciones de derechos humanos y ha documentado 85 casos en los que funcionarios públicos estuvieron implicados con la desaparición.

Sin embargo, muchas voces se apagan por miedo: “Mejor dejarlo porque, si no, te puede pasar lo mismo”, palabras de un agente del ministerio público a la esposa de desaparecido en Nuevo Laredo.

No es algo nuevo, es algo más crudo


De 1960 a 1980, la policía estuvo implicada en la desaparición de 700 personas que formaban parte de “la contrainsurgencia”. En este siglo, Amnistía Internacional trabajó con los casos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Sin embargo, los casos en el sexenio que terminó son más crudos y desoladores por la ausencia del Estado.

Estados con altos índices de violencia en los últimos años, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero, encabezan la lista de desapariciones. Sin embargo, el mayor número de denuncias por tales casos se presentan en otras entidades como Jalisco y el Distrito Federal. ¿Por qué?, probablemente por la “sustracción del Estado de derecho” en dichas entidades.

Sin marco legal

“No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas”, según Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a México, de diciembre de 2011, citado por Amnistía Internacional.

La legislación federal mexicana sí penaliza la desaparición forzada, sin embargo, no cumple con las normas internacionales. Solamente en 13 estados se tipifica a la desaparición como delito.

Esperanza: levantar la voz

Las familias de desaparecidos vieron a los ojos la cruenta batalla contra el narco y llegaron a pensar que estaban solas en tal situación: “Yo pensaba que era nada más mi problema, pero ahora veo que somos muchos”, afirma madre de Pamela Leticia Portillo, mujer cuyo paradero se desconoce desde 2010.

“Autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos”, afirma Amnistía Internacional en su boletín de prensa. Sin embargo, llama a la gente a denunciar y al gobierno a cambiar las formas de tratar el tema.

Reacción del gobierno

Ante las denuncias, el gobierno federal ha tomado algunas medidas, entre las que destacan la promulgación la Ley General de Víctimas, la publicación de extractos de la base de datos sobre personas desaparecidas, la promesa crear una base de datos nacional de personas desaparecidas, reuniones con familiares de desaparecidos y el compromiso de elaborar una estrategia de investigación y búsqueda de víctimas.

Sin embargo, son contados los estados de la República en donde dichas promesas y proyectos han arrancado.

El llamado de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional hace el llamado para armonizar la legislación federal y estatal con las normas internacionales de derechos humanos, tipificar la desaparición forzada como delito, investigar a funcionarios públicos acusados de entorpecer investigaciones y garantizar que detenciones se registran inmediatamente.

Además, invita al gobierno federal a reunirse con familiares de víctimas, a crear base de datos sobre desaparecidos y a poner en marcha mecanismos nacionales de buscada rápida de víctimas.

Todo con coordinación con la sociedad civil para garantizar una respuesta rápida ante un altercado. Sin olvidar garantizar el trato digno a familiares de víctimas, permitirles que contribuyan en las investigaciones y garantizar su seguridad.

Recomendaciones que Enrique Peña Nieto, presidente de México, está obligado a revisar y que Felipe Calderón decidió ignorar, afirma categórica AI.



Imágenes y fotos: AI-México



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