viernes, 27 de agosto de 2010

MINISTERIOS PÚBLICOS: PRINCIPAL PROBLEMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA MEXICANO

  • Es urgente y necesaria la reforma del juicio de amparo
  • Problemas de acceso a la justicia desde la estructura del sistema
Por Fanny Ruiz Palacios
México (Aunam). Un problema grave que está viviendo México son los Ministerios Públicos, una cuestión preocupante en materia de justicia en México debido al nulo funcionamiento de dichas instancias, estableció Jorge Carpizo McGregor, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en una mesa de discusión sobre el sistema de Justicia en México, llevada a cabo en el Palacio de la Autonomía.

Según Carpizo McGregor, se trata de una problemática fundamentada en la corrupción, la impunidad, la ineficacia y la irresponsabilidad del personal. “Todo esto incide en la función del Ministerio Público porque afecta a las libertades que tenemos”, por ello es necesario convertirlo en un “verdadero órgano constitucional y autónomo”.


Por su parte, Emilio Rabasa Gamboa, director del Departamento de Ciencia Política y Derecho en el Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, declaró estar en total acuerdo con el ex-rector de la UNAM, Jorge Carpizo, “si no se reforma al Ministerio Público, si las policías no hacen investigación científica, ya comenzó mal el proceso penal porque los jueces toman lo que el Ministerio Público les hace llegar”.

Emilio Rabasa habló de la necesidad de atender y dar solución a la gran cantidad de juicios sin resolver, por lo cual se deben generar “medios alternos para la solución de controversias, para dar calidad y no para resolver el problemas de cantidad”. De tal manera que aquellas causas que no ameriten distraer a los jueces como violaciones, robos mayores y homicidios se puedan resolver de otra manera.

En la mesa de discusión se abordó el tema del juicio de amparo, visto como único instrumento para proteger los derechos fundamentales. “Existe la preocupación de impulsar una agenda legislativa y no una agenda jurisdiccional en la Corte sobre el estado del juicio de amparo”, con lo cual se dará paso a la elaboración del “Proyecto de la nueva Ley de Amparo”, dijo Arturo Zaldivar, quien desde diciembre de 2009 integra la Suprema Corte de la Nación.

Además, Catalina Pérez Correa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abordó los problemas de acceso a la justicia desde la estructura del sistema, esto porque "la arquitectura del sistema crea ventajas y desventajas para cierto grupo de personas”.

Explicó que los “demandantes frecuentes son aquellos que acuden al juzgado constantemente; mientras que los demandantes ocasionales van una o dos veces”. De esta manera, las ventajas son para primeros debido al uso frecuente del sistema y a que poseen más recursos.

Un organismo constitucional-autónomo

Según Jorge Carpizo McGregor, procurador General de la República de 1993 a 1994, un organismo constitucional-autónomo en el sistema de justicia mexicano “debe estar establecido en la Constitución y estructurado a grandes rasgos en la propia ley fundamental e ir precisando sus funciones”.

Dichas funciones son meramente públicas y corresponden al Estado; por lo tanto, su única prioridad debe ser el interés público, no puede estar ligado a ninguno de los poderes públicos tradicionales.

Asimismo, en este organismo debe existir una relación de coordinación, poseer autonomía técnica y funcional; ademas, su presupuesto debe estar asegurado y ser suficiente, si no tiene los recursos nunca tendrá autonomía.

Para Jorge Carpizo, secretario de Gobernación en 1994, “el titular o titulares no pueden ser irresponsables, tiene que haber procedimientos precisos para el caso de incumplimiento y su actuación tiene que estar completamente alejada de consideraciones políticas o partidistas”.

Los actos de este organo deben regirse por los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad ante la ley; sus miembros tendrán estabilidad, ubicación, remuneración y responsabilidad en sus carreras, y como son autoridades, sus actos tiene que estar sujetos a control jurisdiccional, concluyó el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



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