Marisela Escobedo: una madre convertida en víctima al buscar justicia para su hija
Por Diana Laura Ginés González y Atzin Lissete Morales Martínez |
CDMX (Aunam). La abogada Lucha Castro informó de los avances en el proceso judicial de los feminicidios de la Familia Escobedo, y remarcó los nombres de los presuntos autores materiales de los delitos: Héctor Miguel Flores, Sergio Rafael y Andrés “Andy” Alonso Barraza Boca Negra y José Enrique Jiménez Zavala “El wicked”.
El caso de Marisela Escobedo Ruiz es la historia de una activista social que a partir del feminicidio de su hija Rubí Marisol Fayre Escobedo ocurrido en 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, luchó por conseguir justicia para su pequeña de apenas 16 años de edad. Sin embargo, tras dos años de lucha, fue asesinada a causa de un disparo en la cabeza el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de gobierno de Chihuahua.
Tras el éxito del documental que narra los hechos, “Las tres Muertes de Marisela Escobedo”, el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reunió a el padre Javier Ávila Aguirre; Luz Estela (Lucha) Castro,; el activista Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y Ruth Fierro, representante legal de la familia Escobedo para dialogar sobre la impunidad de este y otros muchos casos de feminicidio en México.
Participaron también Gilberto Santa Rita Tamés, coordinador de la Licenciatura en Derecho en la Ibero y el director del Departamento, José Luis Caballero, en una mesa de discusión que fue transmitida por medio de la plataforma Zoom.
La abogada de la familia Escobedo puntualizó el problema principal del tribunal que atendió el caso: el componente estructural, pues gracias al sistema patriarcal, no hubo una correcta investigación del homicidio desde una perspectiva de género. Por lo tanto, nadie tomó en cuenta los antecedentes de violencia de la víctima que estaban argumentados en las declaraciones de las mujeres testigos, entre las que se encontraban la cuñada de Marisela, Mónica; y dos amigas de Rubí.
Javier Ávila, además de dar un discurso sobre la toma de conciencia e importancia de la lucha por el respeto a la vida digna, hizo hincapié en las inconsistencias del caso y la complicidad del Estado, el cual solo estaba interesado en encubrir datos que pudieran ayudar a la investigación.
Gabino Gómez expresó las represalias que tuvieron aquellas personas que denunciaron tal injusticia. Durante el funeral de Marisela, sus familiares recibieron amenazas de muerte y horas después ocurrió un incendio (provocado) en el negocio de Escobedo, posteriormente les notificaron el asesinato del cuñado de la víctima de feminicidio en el lugar de los hechos. Algunos de los parientes quedaron detenidos, liberados y otros asesinados.
Al terminar la exposición, se abrió un espacio de preguntas y respuestas, donde el tema de mayor interés para la comunidad estudiantil era saber qué había pasado con las y los responsables, ante ello, Gabino Gómez explicó que algunos funcionarios y jueces implicados en el caso habían sido destituidos de su cargo, pero a la vez pensionados, otros terminaron trabajando bajo el gobierno de Chihuahua en cargos importantes.
El padre Javier Ávila, ante los posibles beneficios de la difusión y resolución del caso, declaró que se ha socializado más este caso, aunque ya hayan pasado 10 años. “Socializar este evento partió a raíz de que sale públicamente el documental que vuelve a poner sobre la mesa esa tremenda injusticia, ese feminicidio tan criminal, hay que seguir difundiendo, no podemos callarlo”, expuso.
En junio del 2019, el caso de Marisela Escobedo fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el 2 de noviembre del presente año, dicho organismo notificó al Estado mexicano la denuncia puesta en su contra por los feminicidios de Rubí y Marisela. Al respecto, la abogada Castro mencionó que aún faltaba un largo camino que recorrer.
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