Fracasa Estado mexicano en el otorgamiento de justicia: expertos

• Destacan que la extinción de fideicomisos en materia de protección de derechos humanos no fue justificada

| Por Nilsa Hernández | 

México (Aunam). Expertos en la defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, ven erróneo que el gobierno mexicano haya eliminado los fondos para la atención a víctimas, así como los fideicomisos en esta materia. Señalaron que el Estado ha fallado en la protección de los grupos vulnerabilizados en el país, como los defensores de los derechos humanos, las mujeres y las comunidades indígenas. 

Durante el diálogo abierto entre grupos de los derechos humanos y representantes del gobierno mexicano, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de diversas sociedades civiles y comisiones destacaron que, ante la eliminación de los fideicomisos, el gobierno dejó a los mexicanos “en el limbo”, pues no señalaron con claridad como serán los mecanismos para que las víctimas reciban ahora los recursos. 

Olga Guzmán Vergara, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que estas acciones sólo han provocado el debilitamiento de las instituciones en el país, esto por la ausencia de una política pública en la defensa de los derechos humanos.

Destacó que las acciones para proteger a la sociedad ante la pandemia del Covid 19 es diferenciada, así como que hay una serie de omisiones estructurales que dañan a ciertos sectores de la sociedad. Puso el ejemplo del Programa de Derechos Humanos 2019-2024, el cual no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como la eliminación de fondos para resguardar a los defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. 

“Después de su eliminación, diversos sectores pidieron ser tomados en cuenta, pero fueron ignorados, esto pese al aumento de asesinatos a estos sectores (…) en esta administración las fuerzas militares gozan de la mayor protección y respaldo político y financiero como se puede señalar en el presupuesto de 2021”, condenó. 

En 2018, en México hubo más de 120 mil expedientes de quejas por violaciones de derechos humanos, además desde 2014 a mayo de 2019 hay un promedio de 27 mil victimas inscritas en el registro nacional, de las cuales 5 mil 537 son beneficiadas con una reparación integral. Aunado a esto, de las 32 entidades federativas, solo 14 estados cuentan con una comisión de víctimas local. 

En cuanto a la cuestión de género, los representantes de las instituciones señalaron que las mujeres en México tienen que buscar justicia ellas solas, como el caso de las rastreadoras en el país. Destacaron el caso del cierre del programa Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Camis) desde mayo de 2020, esto por la cancelación de presupuesto. 

Por parte del gobierno mexicano durante esta audiencia, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob) comentó que con el Plan Nacional de Derechos Humanos, implementado en junio de 2019, su institucipon identificó las acciones que ocasionan la impunidad para los mexicanos, por lo que se establecieron metas para asegurar la atención a las víctimas y mejorar las respuestas del estado, entre otros programas federales. 

En cuanto al tema de la extinción de los fideicomisos, señaló que desde el gobierno de México garantizan que los recursos y medidas para que las víctimas reciban de forma directa el recurso necesario en materia de Derechos Humanos. 

El funcionario de la Segob destacó que no desaparecerá el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y respaldó el compromiso del gobierno por el combate a la corrupción, la impunidad y el apoyo a los defensores de derechos humanos y los sectores vulnerabilizados. 

En cuanto a la protección de las mujeres indígenas en el país, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) siguen trabajando en conjunto para el apoyo a las mujeres de las comunidades originarias.