ALTAVILLA: AGUAS NEGRAS, AUTORIDADES OMISAS Y UNA CARRETERA AMENAZADORA
Por: Carolina Morales González y Itzel Nicté Uc Domínguez
Ciudad de México (Aunam). La lluvia caía sobre las casas de Altavilla, era persistente y aunque aparentaba ser inofensiva nadie se imaginaba lo que sucedería después: una inundación arrasó con muchas de las pertenencias de los habitantes de la colonia ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Algunas familias lo perdieron todo, la mayoría no ha logrado recuperarse de aquel desastre.
Eran las ocho de la noche aproximadamente, cuando el agua abandonó su rumbo habitual en el Gran Canal y se puso en marcha hacia los hogares desprevenidos de la colonia Altavilla, el agua hizo presencia primero en las últimas calles de la colonia y fue avanzó rápidamente hacia las siguientes. Primero la calle Zumpango, después el agua avanzó hacia las calles Tultepec, Tonatico y Tlalnepantla, por Tlalmanalco y finalmente la calle Tepotzotlan.
La familia Soriano descansaba y veía la televisión, aquella tarde del 30 de agosto del 2017, cuando notaron que las aguas negras del Gran Canal, ubicado en el mismo municipio, estaban entrando de manera cautelosa por la rendija inferior de la puerta de su hogar. Esto debido a que en la Ciudad de México el drenaje se saturó de agua pluvial impidiendo el desfogue del alcantarillado de ese municipio y el de Nezahualcóyotl.
Las aguas negras avanzaron en cuestión de minutos y afectaron a 220 familias. Incluso los perros callejeros huyeron del desastre y una combi que venía del paradero del metro Martín Carrera quedó estancada al intentar llegar a la colonia San José el Salado. Los afectados intentaron tomar las cosas más importantes que tenían dentro de sus casas, pero perdieron más de lo que pudieron salvar.
Verónica Soriano Columba y sus dos hijos debatieron lo más rápido posible sobre cuáles de sus pertenencias debían salvar y cuáles dejar mientras el agua subía y mojaba sus pies. En cuestión de segundos el agua cubrió un metro de altura. Los Soriano tuvieron que retirarse de su hogar ubicado en la calle Tlalmanaco número 12 pues no contaban con un segundo piso para refugiarse.
“Fue triste porque todos corríamos y gritábamos. Fue algo inesperado”, confesó con la mano en la frente y los labios apretados Verónica, quien aún siente los estragos de aquel día.
La familia de la señora Soriano (sus dos hijos y sus dos nietos) pasó la noche en la casa del hermano de Verónica, Bernando Soriano, quien vive al lado, a pesar de que también sufrió afectaciones en la planta baja de su hogar, pero él sí contaba con un segundo piso. Accedieron al inmueble vecino por el techo y bajaron por la zotehuela.
Dentro de la vivienda los Soriano pasaron por sus pies algodones empapados en alcohol. La desinfección debía hacerse de esa forma, bañarse no era una opción. Era necesario cuidar el agua porque el líquido negro proveniente de las alcantarillas contaminó las cisternas.
Durante 13 horas, agua turbia pudrió la madera de los muebles, contaminó la ropa y descompuso electrodomésticos. Los niveles del agua comenzaron a descender a las cinco y media de la mañana y terminaron de desahogarse a las nueve horas del día siguiente aproximadamente, según la bitácora de la comisión vecinal.
A la mañana del 31 de agosto sólo quedó el rastro de una catástrofe: una enorme capa de lodo negro cubría el suelo pavimentado de las calles y los azulejos de las casas, los muebles estaban tan afectados que despedían un olor fétido, los colchones y la ropa empapados, y los libros y electrodomésticos simplemente arruinados; podían verse arrumbados en las banquetas porque eran irrecuperables.
Las personas comenzaron la limpieza de sus casas desde muy temprano y durante varios días no cesaron de sacar a la calle todo aquello que había quedado inutilizable. Camiones de basura enviados por el ayuntamiento pasaron por esas pertenencias que ya eran desechos.
Fue hasta el primero de septiembre cuando se repartieron recursos básicos como colchonetas. El equipo de arrastre y los camiones de basura se hicieron presentes ese mismo día, pero era tanta la necesidad de sacar lo que había sido afectado que los camiones de basura dieron dos o hasta tres vueltas en las mismas calles.
Los vecinos fueron fuertes, afrontaron la situación y vieron pacientemente como las máquinas de carga terminaban de destruir los muebles para que fuera más fácil subirlos a los camiones de basura.
Más de 200 casas padecieron lo despiadado de las aguas negras. Veronica Soriano dijo al respecto que “Las más afectadas no sólo fueron las que están cerca del Gran Canal, después nos fuimos enterando que no éramos los únicos, todas las colonias que están ubicadas al límite del Gran Canal fueron también afectadas”.
Otras colonias que sufrieron daños por la inundación fueron: San Miguel Xalostoc, La Laguna, San José el Salado y las Vegas.
Unas cuantas familias recibieron como apoyo primario por parte del gobierno la cantidad de ocho mil pesos en efectivo. Personal del municipio lo entregó a cambio de firmar un agradecimiento, tomarse una foto recibiendo el dinero y corre el rumor en la colonia de que a algunos hasta les pidieron una copia de su credencial de elector para poder recibirlo.
Sin embargo, esta ayuda no fue para todos los afectados. La familia Soriano no recibió ese apoyo; sólo les dieron un “kit de limpieza” y dos colchonetas individuales de hule espuma.
La licenciada en Derecho y estudiante de posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México Ana Mariela Hernández, afirma que:
“La actuación de los servidores públicos que otorgan prerrogativas a los damnificados, derivado de un desastre natural, se debe regir bajo el principio de legalidad, que establece que los servidores públicos no pueden hacer nada que no esté conferido expresamente en la Ley, por tanto, es ilegal condicionar la prerrogativa que tiene el gobernador”. La entrega de copias de credencial de elector no está contemplada en la Ley.
El periódico El Universal publicó una nota el día 7 de septiembre del 2017 titulada: “Entregan 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en Ecatepec” escrita por Emilio Fernández, la cual trae como balazo la frase: “Sin embargo, algunos habitantes afirmaron que solo recibieron una cubeta y jabón en polvo para limpiar sus hogares”.
Fernández especifica que el gobierno, además del dinero, otorgó “mil kits de limpieza, tres mil colchones, además de agua embotellada y raciones de alimento”. Otra cita interesante de esta nota es cuando afirma: “El alcalde Indalecio Ríos Velázquez explicó que para entregar la ayuda se elaboró previamente un censo entre los habitantes afectados”.
No obstante, según un sondeo realizado en la colonia Altavilla sobre la situación de los habitantes después de la inundación, el 46.75 por ciento de los informantes afirmó haber recibido apoyo por parte del gobierno, y el 93.75 por ciento de las personas están inconformes con esa ayuda, mientras el porcentaje restante está poco conforme.
Tal apoyo de las autoridades municipales fue descrito por los habitantes de Altavilla como “una burla”. El kit de limpieza incluía una cubeta con una jerga y dos pastillas de cloro para limpiar la cisterna.
Eso no bastaría a los Soriano para recuperar dos refrigeradores, la estufa, las bases de las camas, el comedor, los roperos, los colchones, la sala, el carro y mucha ropa, además de utensilios de cocina y documentos perdidos en las aguas.
Más de una semana pasó para que los vecinos terminaran de limpiar sus casas. En uno de esos días anunciaron la colocación de módulos de atención médica para aplicar vacunas contra el tétanos, pero eran “módulos fantasma”, porque su personal sólo daba servicio cuatro horas al día.
“Ni siquiera esperaban a que salieran los niños de la escuela o a los que llegaban tarde del trabajo”, comentó Soriano.
Así mismo, en la bitácora del comité vecinal se marcó el 8 de septiembre del 2017 como el día en que “comienza campaña de salud con medicamento vacío y caduco”. Muchos damnificados recibieron en efecto botes de medicamento sin nada dentro o bien, medicina ya caducada.
La lucha de los vecinos por recuperarse del desastre continuó. Algunos afectados terminaron por obsesionarse con el saneamiento de sus hogares ya que era necesario quitar las marcas negras de las paredes, pintar las cisternas y evitar a toda costa la permanencia de los malos olores. Para las personas de edad avanzada este proceso de desinfección fue aún más difícil.
El temblor
Tras 19 días de vivir en casa ajena y sobreviviendo con lo poco que les quedaba, la familia Soriano se preguntó ¿qué podría ser peor que esto? A la una y cuarto de la tarde del 19 de septiembre un temblor de magnitud de 7.1 sacudió sus hogares. Una barda de la secundaria “Altavilla”, se vino abajo, y muchas casas que ya habían padecido por la inundación sufrieron daños estructurales por el sismo.
En las calles se podían ser apreciadas grietas provocadas por el movimiento de la tierra. No hubo luz durante diez horas aproximadamente: las autoridades que poco caso habían hecho a las demandas de los damnificados por la inundación ahora tampoco atendían a los afectados por el temblor. El panorama era desolador.
A ocho meses de la inundación, el hongo a consecuencia de las aguas negras y las bacterias aún persisten incrustados en las paredes de las casas. El monto gastado en la recuperación del hogar de los Soriano asciende a 120 mil pesos; las secuelas provocadas por la inundación aún no han sido resueltas; y ni siquiera han recogido el cascajo de la barda de un hogar que se cayó en el sismo.
El consejo vecinal
Debido a la inconformidad de los vecinos altavillenses sobre la respuesta de las autoridades gubernamentales a la situación de emergencia, el 5 de septiembre los damnificados tomaron las calles en forma de protesta y organizaron un comité vecinal con un representante. El comité se encargó de reunir las peticiones de cada vecino y hacerlas llegar a las autoridades correspondientes.
Conagua, el Municipio, Presidencia, y el Gobierno de la Ciudad de México recibieron oficios redactados por los mismos vecinos donde piden que las fracturas del Gran Canal se arreglen y los daños se paguen ya que fueron causados por las negligencias de los encargados del cuidado del canal y las autoridades municipales.
El mismo 5 de septiembre, después de la toma de las calles apareció un cartel fuera de la tienda de abarrotes conocida como “la tiendita de la señora Gloria”. Verónica Soriano se detuvo un momento para leer el documento en el que se explicaban los acuerdos a los que llegaron con Arturo García Toni después de la manifestación en avenida.
Tras el intento de amedrentar a los manifestantes, Arturo García Toni, miembro del gobierno del Estado de México accedió a que los representantes de la colonia tuvieran una reunión con las autoridades municipales para atender las peticiones de los damnificados.
Al día siguiente, Verónica Soriano asistió a una reunión vecinal organizada por el comité cuyo objetivo era avisar de la junta con representantes municipales, sin embargo, las instancias más involucradas (el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres; la Comisión del Agua del Estado de México -CAEM-; y la Comisión Nacional de Agua -CONAGUA-) no estuvieron presentes, cuestión que sólo aumentó la inconformidad entre los vecinos.
Verónica no era representante de su calle en el comité vecinal porque tenía presente que para la recuperación de su hogar iba a ser necesaria una gran cantidad de dinero y por ello no podía descuidar su empleo, pero procuró mantenerse al tanto de la actividad del comité.
Entre los documentos enviados a las autoridades se encuentra la carta emitida por el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) de la colonia San José Xalostoc con fecha del 8 de septiembre de 2017 y dirigida al maestro Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua.
En este documento explicaron la situación de las colonias San José Xalostoc, Ampliación San Miguel, El Salado y Altavilla y solicitando apoyo de la siguiente manera:
“solicitamos que nuestra comunidad sea apoyada con todo tipo de recursos desde médicos hasta monetarios para poder apoyar a los vecinos en las necesidades que actualmente tienen , ya que se ha recibido un apoyo mínimo por parte del gobierno municipal y la gente sigue con mucha necesidad debido a las pérdidas”.
19 días después de la inundación y después de los primeros intentos de la organización de vecinos para llamar la atención de las autoridades, por fin fue publicada la “declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 30 de Agosto de 2017 en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos del Estado de México”. Es necesario destacar que la declaratoria se publicó por “lluvia severa” no por la fractura del Gran Canal.
Además, el artículo segundo de la declaratoria de emergencia especifica que “el presente se expide para que el Estado de México pueda acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias -Fondo de Desastres Naturales- (FONDEN) de la secretaría de gobernación”.
El artículo tercero dice que “la determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los LINEAMIENTOS y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud”.
Sobre la declaratoria de emergencia, la licenciada en Derecho Ana Mariela Hernández Téllez afirmó que “es necesario que el ejecutivo dicte los lineamientos generales para conducir las actividades de protección civil y emitir la declaración de emergencia a que haya lugar”.
Con ello se coordinan diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las que pueden estar involucradas desde la Secretaría de Salúd Pública para salvaguardar la salud de los afectados hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización de erogación de recursos con la finalidad de afrontar la situación.
Declaratoria de emergencia
Ambas cuestiones: la atención médica (aplicación de la vacuna contra el tétanos y repartición de medicamento) y el otorgamiento de apoyo económico (los ocho mil pesos en efectivo) fueron actividades realizadas mucho antes de la declaratoria de emergencia, lo que pone en duda la buena orientación de ambas.
El 25 y 29 de septiembre el comité vecinal logró reuniones en el Palacio Municipal, no obstante las autoridades involucradas en el cuidado del Gran Canal siguieron sin hacerse presentes por lo que los vecinos decidieron enviar un oficio a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El 26 octubre en el que solicitaron la realización de los trabajos de reparación del gran Canal y el Río de los Remedios, al igual que un dragado, reparación de fracturas, y reforzamiento de los bordos.
Asimismo, el comité vecinal envió oficio al licenciado Alejandro Jesús Encinas Rodríguez, senador de la república por el Estado de México, explicándole la situación por la que los habitantes de Altavilla han tenido que pasar desde la inundación; incluso anexaron la firma de los agradecimientos y copias de la credencial de elector que los vecinos tuvieron que entregar para la obtención del beneficio económico de ocho mil pesos.
También, en ese oficio los vecinos hicieron del conocimiento del senador que “las autoridades responsables nunca realizaron un censo completo, no hicieron cerco sanitario, no instalaron el albergue para los damnificados” y expresaron su inconformidad sobre la poca información de los recursos del FONDEN:
“Queremos nosotros los damnificado saber dónde están tales recursos o como fueron aplicados”.
El 10 de noviembre del 2017, el senador Alejandro Encinas Rodríguez remitió las peticiones del Consejo de Participación Ciudadana que solicitan resolver problemas derivados de la inundación al Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza.
Además de los documentos antes mencionados, la comisión vecinal envió oficios al ingeniero Rafael Pacchiano Alamán (Presidente de la Comisión Intersectorial para la Atención de Sequías e Inundaciones), al maestro Roberto Ramírez de la Parra (director general de Conagua) y a la Presidencia de la República.
Las instituciones que sí respondieron los oficios de los damnificados no fueron alentadoras. Conagua responsabilizó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México porque el Gran Canal se encuentra bajo custodia de esta instancia y la Presidencia de la República señaló al Gobierno del Estado de México como responsable de atender a las demandas respecto a la inundación del 30 de Agosto de 2017.
En ninguna respuesta de las instituciones se mencionó una posible solución al problema o al menos un seguimiento de la situación.
Según la abogada Ana Mariela Hernández Téllez, cuando las instituciones son omisas ante las peticiones de los gobernados se violenta “el derecho humano de petición consagrado en el artículo ocho constitucional”.
La carretera
Los habitantes de la colonia Altavilla ahora se enfrentan a una nueva preocupación ya que las autoridades gubernamentales a pesar de no responder a las solicitudes de reparación del Gran Canal emitidas por los afectados de la inundación, aprobaron la licitación para la construcción de la autopista “Eje Metropolitano Siervo de la Nación”, que correrá sobre el bordo fracturado del Gran Canal.
El proyecto fue presentado en el 2013 respaldado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings quien dijo que la entidad “trabajaba de manera coordinada con el Gobierno Federal en beneficio de las familias mexiquenses”.
La inversión para la autopista “Siervo de la Nación”, que irá del Río de los Remedios a Venta de Carpio, estipulaba en sus inicios el gasto de seis mil 300 millones de pesos, pues además de conectar al municipio de Ecatepec con los estados de Hidalgo y Querétaro, y con las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
La Secretaría de Infraestructura estatal informó que usaría una máquina finlandesa con tecnología de punta la cual ayudaría a reducir el tiempo promedio de la construcción.
Pero de acuerdo con el ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Ricardo Roberto Rojo Yaniz, existen diversos problemas respecto al proyecto:
El primero es que el suelo de Ecatepec es salitroso y arcilloso “es decir, que tiene mucha sal lo que provoca la corrosión de los aceros de las construcciones y con ello su debilitación; y además que sufre deformaciones fácilmente”, explica el Ingeniero Rojo.
El segundo es que antes de empezar una construcción el equipo de ingenieros debe hacer estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geotécnicos, estudios de barrenación, un pozo a suelo abierto, entre otros, para determinar si el sitio es adecuado, para conocer el impacto ambiental y de esa manera evitar futuros percances.
“Pero -dice el ingeniero Rojo- o no los realizan, los realizan incompletos, o imperan los intereses económicos y políticos”.
Y asegura que el tercero es que “la construcción de carreteras conlleva el desarrollo de nuevas zonas habitacionales y comerciales. Esto significa que se extraerá más agua de los mantos subterráneos para abastecer esos lugares”; además, habrá un incremento de peso en la estructura, y ambas cosas reflejarán hundimientos en el suelo.
“Cuando se extrae agua de los mantos acuíferos y no se permite la recarga de nueva agua en ellos, ya sea natural -con la lluvia- o artificial -inyectándola al subsuelo-, se crean huecos donde antes estaba el agua. Las capas superiores a esos huecos se asientan y provocan con ello el hundimiento de la ciudad”, explica el ingeniero Rojo.
Verónica Soriano dice que “No es posible que hagan estas obras sin llevar un reconocimiento por donde van a construirlas y afectar”. Mientras ella y su hijo trabajan todo el día por dos salarios mínimos para poder reemplazar los muebles que perdieron en la inundación, la autopista de iniciativa privada, cuya inversión ha ascendido a seis mil 755 millones de pesos, ya lleva 44 por ciento de avance según el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Gobierno del Estado de México.
La abogada Ana Mariela Hernández menciona que no es requisito legal para las empresas privadas que pretenden llevar a cabo proyectos de construcción tener que consultar a los vecinos de las comunidades aledañas.
“Sin embargo -afirma Hernández- en una democracia sería ideal realizar consultas ciudadanas, pues es el instrumento a través del cual las autoridades competentes someten a consideración de la ciudadanía (...) cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos territoriales de su comunidad o del país.”
Pero entonces, ¿de qué manera pueden expresar inconformidad las colonias cercanas a donde se planea construir una carretera? Hernández responde que los ciudadanos tienen mecanismos jurídicos que les ayudan a defender sus derechos.
Pues si consideran que el proyecto los vulnera pueden pedir “un juicio de amparo en contra de la autorización de construcción, argumentando las violaciones que estimen pertinentes y solicitando se realice una interpretación que vea por una amplia protección de derechos humanos, tanto en beneficio de las personas”, pero que también que tome en cuenta tratados internacionales de derechos humanos.
Los vecinos afectados siguen a la espera de la resolución de los problemas causados por la inundación y la amenaza de la carretera. Verónica Soriano duda ante las respuestas del gobierno debido a que la coyuntura política del país (las muy cercanas elecciones presidenciales de 2018) es un impedimento para que las autoridades volteen a la sociedad y resuelvan sus demandas.
“Ahorita lo más importante para ellos es hacer campaña, no ver las necesidades del pueblo”, comenta. Y los habitantes de Altavilla creen que la actitud de las autoridades seguirá siendo desalentadora, malograda y eterna como lo ha sido hasta ahora.
Ciudad de México (Aunam). La lluvia caía sobre las casas de Altavilla, era persistente y aunque aparentaba ser inofensiva nadie se imaginaba lo que sucedería después: una inundación arrasó con muchas de las pertenencias de los habitantes de la colonia ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Algunas familias lo perdieron todo, la mayoría no ha logrado recuperarse de aquel desastre.
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| Foto de archivo personal tomada por: Itzel Uc// Noche de la inundación en calle Tlalmanalco. |
Eran las ocho de la noche aproximadamente, cuando el agua abandonó su rumbo habitual en el Gran Canal y se puso en marcha hacia los hogares desprevenidos de la colonia Altavilla, el agua hizo presencia primero en las últimas calles de la colonia y fue avanzó rápidamente hacia las siguientes. Primero la calle Zumpango, después el agua avanzó hacia las calles Tultepec, Tonatico y Tlalnepantla, por Tlalmanalco y finalmente la calle Tepotzotlan.
La familia Soriano descansaba y veía la televisión, aquella tarde del 30 de agosto del 2017, cuando notaron que las aguas negras del Gran Canal, ubicado en el mismo municipio, estaban entrando de manera cautelosa por la rendija inferior de la puerta de su hogar. Esto debido a que en la Ciudad de México el drenaje se saturó de agua pluvial impidiendo el desfogue del alcantarillado de ese municipio y el de Nezahualcóyotl.
Las aguas negras avanzaron en cuestión de minutos y afectaron a 220 familias. Incluso los perros callejeros huyeron del desastre y una combi que venía del paradero del metro Martín Carrera quedó estancada al intentar llegar a la colonia San José el Salado. Los afectados intentaron tomar las cosas más importantes que tenían dentro de sus casas, pero perdieron más de lo que pudieron salvar.
Verónica Soriano Columba y sus dos hijos debatieron lo más rápido posible sobre cuáles de sus pertenencias debían salvar y cuáles dejar mientras el agua subía y mojaba sus pies. En cuestión de segundos el agua cubrió un metro de altura. Los Soriano tuvieron que retirarse de su hogar ubicado en la calle Tlalmanaco número 12 pues no contaban con un segundo piso para refugiarse.
“Fue triste porque todos corríamos y gritábamos. Fue algo inesperado”, confesó con la mano en la frente y los labios apretados Verónica, quien aún siente los estragos de aquel día.
La familia de la señora Soriano (sus dos hijos y sus dos nietos) pasó la noche en la casa del hermano de Verónica, Bernando Soriano, quien vive al lado, a pesar de que también sufrió afectaciones en la planta baja de su hogar, pero él sí contaba con un segundo piso. Accedieron al inmueble vecino por el techo y bajaron por la zotehuela.
Dentro de la vivienda los Soriano pasaron por sus pies algodones empapados en alcohol. La desinfección debía hacerse de esa forma, bañarse no era una opción. Era necesario cuidar el agua porque el líquido negro proveniente de las alcantarillas contaminó las cisternas.
Durante 13 horas, agua turbia pudrió la madera de los muebles, contaminó la ropa y descompuso electrodomésticos. Los niveles del agua comenzaron a descender a las cinco y media de la mañana y terminaron de desahogarse a las nueve horas del día siguiente aproximadamente, según la bitácora de la comisión vecinal.
A la mañana del 31 de agosto sólo quedó el rastro de una catástrofe: una enorme capa de lodo negro cubría el suelo pavimentado de las calles y los azulejos de las casas, los muebles estaban tan afectados que despedían un olor fétido, los colchones y la ropa empapados, y los libros y electrodomésticos simplemente arruinados; podían verse arrumbados en las banquetas porque eran irrecuperables.
Las personas comenzaron la limpieza de sus casas desde muy temprano y durante varios días no cesaron de sacar a la calle todo aquello que había quedado inutilizable. Camiones de basura enviados por el ayuntamiento pasaron por esas pertenencias que ya eran desechos.
Fue hasta el primero de septiembre cuando se repartieron recursos básicos como colchonetas. El equipo de arrastre y los camiones de basura se hicieron presentes ese mismo día, pero era tanta la necesidad de sacar lo que había sido afectado que los camiones de basura dieron dos o hasta tres vueltas en las mismas calles.
Los vecinos fueron fuertes, afrontaron la situación y vieron pacientemente como las máquinas de carga terminaban de destruir los muebles para que fuera más fácil subirlos a los camiones de basura.
Más de 200 casas padecieron lo despiadado de las aguas negras. Veronica Soriano dijo al respecto que “Las más afectadas no sólo fueron las que están cerca del Gran Canal, después nos fuimos enterando que no éramos los únicos, todas las colonias que están ubicadas al límite del Gran Canal fueron también afectadas”.
Otras colonias que sufrieron daños por la inundación fueron: San Miguel Xalostoc, La Laguna, San José el Salado y las Vegas.
Unas cuantas familias recibieron como apoyo primario por parte del gobierno la cantidad de ocho mil pesos en efectivo. Personal del municipio lo entregó a cambio de firmar un agradecimiento, tomarse una foto recibiendo el dinero y corre el rumor en la colonia de que a algunos hasta les pidieron una copia de su credencial de elector para poder recibirlo.
Sin embargo, esta ayuda no fue para todos los afectados. La familia Soriano no recibió ese apoyo; sólo les dieron un “kit de limpieza” y dos colchonetas individuales de hule espuma.
La licenciada en Derecho y estudiante de posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México Ana Mariela Hernández, afirma que:
“La actuación de los servidores públicos que otorgan prerrogativas a los damnificados, derivado de un desastre natural, se debe regir bajo el principio de legalidad, que establece que los servidores públicos no pueden hacer nada que no esté conferido expresamente en la Ley, por tanto, es ilegal condicionar la prerrogativa que tiene el gobernador”. La entrega de copias de credencial de elector no está contemplada en la Ley.
El periódico El Universal publicó una nota el día 7 de septiembre del 2017 titulada: “Entregan 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en Ecatepec” escrita por Emilio Fernández, la cual trae como balazo la frase: “Sin embargo, algunos habitantes afirmaron que solo recibieron una cubeta y jabón en polvo para limpiar sus hogares”.
Fernández especifica que el gobierno, además del dinero, otorgó “mil kits de limpieza, tres mil colchones, además de agua embotellada y raciones de alimento”. Otra cita interesante de esta nota es cuando afirma: “El alcalde Indalecio Ríos Velázquez explicó que para entregar la ayuda se elaboró previamente un censo entre los habitantes afectados”.
No obstante, según un sondeo realizado en la colonia Altavilla sobre la situación de los habitantes después de la inundación, el 46.75 por ciento de los informantes afirmó haber recibido apoyo por parte del gobierno, y el 93.75 por ciento de las personas están inconformes con esa ayuda, mientras el porcentaje restante está poco conforme.
Tal apoyo de las autoridades municipales fue descrito por los habitantes de Altavilla como “una burla”. El kit de limpieza incluía una cubeta con una jerga y dos pastillas de cloro para limpiar la cisterna.
Eso no bastaría a los Soriano para recuperar dos refrigeradores, la estufa, las bases de las camas, el comedor, los roperos, los colchones, la sala, el carro y mucha ropa, además de utensilios de cocina y documentos perdidos en las aguas.
Más de una semana pasó para que los vecinos terminaran de limpiar sus casas. En uno de esos días anunciaron la colocación de módulos de atención médica para aplicar vacunas contra el tétanos, pero eran “módulos fantasma”, porque su personal sólo daba servicio cuatro horas al día.
“Ni siquiera esperaban a que salieran los niños de la escuela o a los que llegaban tarde del trabajo”, comentó Soriano.
Así mismo, en la bitácora del comité vecinal se marcó el 8 de septiembre del 2017 como el día en que “comienza campaña de salud con medicamento vacío y caduco”. Muchos damnificados recibieron en efecto botes de medicamento sin nada dentro o bien, medicina ya caducada.
La lucha de los vecinos por recuperarse del desastre continuó. Algunos afectados terminaron por obsesionarse con el saneamiento de sus hogares ya que era necesario quitar las marcas negras de las paredes, pintar las cisternas y evitar a toda costa la permanencia de los malos olores. Para las personas de edad avanzada este proceso de desinfección fue aún más difícil.
El temblor
Tras 19 días de vivir en casa ajena y sobreviviendo con lo poco que les quedaba, la familia Soriano se preguntó ¿qué podría ser peor que esto? A la una y cuarto de la tarde del 19 de septiembre un temblor de magnitud de 7.1 sacudió sus hogares. Una barda de la secundaria “Altavilla”, se vino abajo, y muchas casas que ya habían padecido por la inundación sufrieron daños estructurales por el sismo.
En las calles se podían ser apreciadas grietas provocadas por el movimiento de la tierra. No hubo luz durante diez horas aproximadamente: las autoridades que poco caso habían hecho a las demandas de los damnificados por la inundación ahora tampoco atendían a los afectados por el temblor. El panorama era desolador.
A ocho meses de la inundación, el hongo a consecuencia de las aguas negras y las bacterias aún persisten incrustados en las paredes de las casas. El monto gastado en la recuperación del hogar de los Soriano asciende a 120 mil pesos; las secuelas provocadas por la inundación aún no han sido resueltas; y ni siquiera han recogido el cascajo de la barda de un hogar que se cayó en el sismo.
El consejo vecinal
Debido a la inconformidad de los vecinos altavillenses sobre la respuesta de las autoridades gubernamentales a la situación de emergencia, el 5 de septiembre los damnificados tomaron las calles en forma de protesta y organizaron un comité vecinal con un representante. El comité se encargó de reunir las peticiones de cada vecino y hacerlas llegar a las autoridades correspondientes.
Conagua, el Municipio, Presidencia, y el Gobierno de la Ciudad de México recibieron oficios redactados por los mismos vecinos donde piden que las fracturas del Gran Canal se arreglen y los daños se paguen ya que fueron causados por las negligencias de los encargados del cuidado del canal y las autoridades municipales.
El mismo 5 de septiembre, después de la toma de las calles apareció un cartel fuera de la tienda de abarrotes conocida como “la tiendita de la señora Gloria”. Verónica Soriano se detuvo un momento para leer el documento en el que se explicaban los acuerdos a los que llegaron con Arturo García Toni después de la manifestación en avenida.
Tras el intento de amedrentar a los manifestantes, Arturo García Toni, miembro del gobierno del Estado de México accedió a que los representantes de la colonia tuvieran una reunión con las autoridades municipales para atender las peticiones de los damnificados.
Al día siguiente, Verónica Soriano asistió a una reunión vecinal organizada por el comité cuyo objetivo era avisar de la junta con representantes municipales, sin embargo, las instancias más involucradas (el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres; la Comisión del Agua del Estado de México -CAEM-; y la Comisión Nacional de Agua -CONAGUA-) no estuvieron presentes, cuestión que sólo aumentó la inconformidad entre los vecinos.
Verónica no era representante de su calle en el comité vecinal porque tenía presente que para la recuperación de su hogar iba a ser necesaria una gran cantidad de dinero y por ello no podía descuidar su empleo, pero procuró mantenerse al tanto de la actividad del comité.
Entre los documentos enviados a las autoridades se encuentra la carta emitida por el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) de la colonia San José Xalostoc con fecha del 8 de septiembre de 2017 y dirigida al maestro Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua.
En este documento explicaron la situación de las colonias San José Xalostoc, Ampliación San Miguel, El Salado y Altavilla y solicitando apoyo de la siguiente manera:
“solicitamos que nuestra comunidad sea apoyada con todo tipo de recursos desde médicos hasta monetarios para poder apoyar a los vecinos en las necesidades que actualmente tienen , ya que se ha recibido un apoyo mínimo por parte del gobierno municipal y la gente sigue con mucha necesidad debido a las pérdidas”.
19 días después de la inundación y después de los primeros intentos de la organización de vecinos para llamar la atención de las autoridades, por fin fue publicada la “declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 30 de Agosto de 2017 en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos del Estado de México”. Es necesario destacar que la declaratoria se publicó por “lluvia severa” no por la fractura del Gran Canal.
Además, el artículo segundo de la declaratoria de emergencia especifica que “el presente se expide para que el Estado de México pueda acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias -Fondo de Desastres Naturales- (FONDEN) de la secretaría de gobernación”.
El artículo tercero dice que “la determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los LINEAMIENTOS y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud”.
Sobre la declaratoria de emergencia, la licenciada en Derecho Ana Mariela Hernández Téllez afirmó que “es necesario que el ejecutivo dicte los lineamientos generales para conducir las actividades de protección civil y emitir la declaración de emergencia a que haya lugar”.
Con ello se coordinan diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las que pueden estar involucradas desde la Secretaría de Salúd Pública para salvaguardar la salud de los afectados hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización de erogación de recursos con la finalidad de afrontar la situación.
Declaratoria de emergencia
Ambas cuestiones: la atención médica (aplicación de la vacuna contra el tétanos y repartición de medicamento) y el otorgamiento de apoyo económico (los ocho mil pesos en efectivo) fueron actividades realizadas mucho antes de la declaratoria de emergencia, lo que pone en duda la buena orientación de ambas.
El 25 y 29 de septiembre el comité vecinal logró reuniones en el Palacio Municipal, no obstante las autoridades involucradas en el cuidado del Gran Canal siguieron sin hacerse presentes por lo que los vecinos decidieron enviar un oficio a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El 26 octubre en el que solicitaron la realización de los trabajos de reparación del gran Canal y el Río de los Remedios, al igual que un dragado, reparación de fracturas, y reforzamiento de los bordos.
Asimismo, el comité vecinal envió oficio al licenciado Alejandro Jesús Encinas Rodríguez, senador de la república por el Estado de México, explicándole la situación por la que los habitantes de Altavilla han tenido que pasar desde la inundación; incluso anexaron la firma de los agradecimientos y copias de la credencial de elector que los vecinos tuvieron que entregar para la obtención del beneficio económico de ocho mil pesos.
También, en ese oficio los vecinos hicieron del conocimiento del senador que “las autoridades responsables nunca realizaron un censo completo, no hicieron cerco sanitario, no instalaron el albergue para los damnificados” y expresaron su inconformidad sobre la poca información de los recursos del FONDEN:
“Queremos nosotros los damnificado saber dónde están tales recursos o como fueron aplicados”.
El 10 de noviembre del 2017, el senador Alejandro Encinas Rodríguez remitió las peticiones del Consejo de Participación Ciudadana que solicitan resolver problemas derivados de la inundación al Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza.
Además de los documentos antes mencionados, la comisión vecinal envió oficios al ingeniero Rafael Pacchiano Alamán (Presidente de la Comisión Intersectorial para la Atención de Sequías e Inundaciones), al maestro Roberto Ramírez de la Parra (director general de Conagua) y a la Presidencia de la República.
Las instituciones que sí respondieron los oficios de los damnificados no fueron alentadoras. Conagua responsabilizó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México porque el Gran Canal se encuentra bajo custodia de esta instancia y la Presidencia de la República señaló al Gobierno del Estado de México como responsable de atender a las demandas respecto a la inundación del 30 de Agosto de 2017.
En ninguna respuesta de las instituciones se mencionó una posible solución al problema o al menos un seguimiento de la situación.
Según la abogada Ana Mariela Hernández Téllez, cuando las instituciones son omisas ante las peticiones de los gobernados se violenta “el derecho humano de petición consagrado en el artículo ocho constitucional”.
La carretera
Los habitantes de la colonia Altavilla ahora se enfrentan a una nueva preocupación ya que las autoridades gubernamentales a pesar de no responder a las solicitudes de reparación del Gran Canal emitidas por los afectados de la inundación, aprobaron la licitación para la construcción de la autopista “Eje Metropolitano Siervo de la Nación”, que correrá sobre el bordo fracturado del Gran Canal.
El proyecto fue presentado en el 2013 respaldado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings quien dijo que la entidad “trabajaba de manera coordinada con el Gobierno Federal en beneficio de las familias mexiquenses”.
La inversión para la autopista “Siervo de la Nación”, que irá del Río de los Remedios a Venta de Carpio, estipulaba en sus inicios el gasto de seis mil 300 millones de pesos, pues además de conectar al municipio de Ecatepec con los estados de Hidalgo y Querétaro, y con las delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
La Secretaría de Infraestructura estatal informó que usaría una máquina finlandesa con tecnología de punta la cual ayudaría a reducir el tiempo promedio de la construcción.
Pero de acuerdo con el ingeniero geólogo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México Ricardo Roberto Rojo Yaniz, existen diversos problemas respecto al proyecto:
El primero es que el suelo de Ecatepec es salitroso y arcilloso “es decir, que tiene mucha sal lo que provoca la corrosión de los aceros de las construcciones y con ello su debilitación; y además que sufre deformaciones fácilmente”, explica el Ingeniero Rojo.
El segundo es que antes de empezar una construcción el equipo de ingenieros debe hacer estudios topográficos, geológicos, geofísicos, geotécnicos, estudios de barrenación, un pozo a suelo abierto, entre otros, para determinar si el sitio es adecuado, para conocer el impacto ambiental y de esa manera evitar futuros percances.
“Pero -dice el ingeniero Rojo- o no los realizan, los realizan incompletos, o imperan los intereses económicos y políticos”.
Y asegura que el tercero es que “la construcción de carreteras conlleva el desarrollo de nuevas zonas habitacionales y comerciales. Esto significa que se extraerá más agua de los mantos subterráneos para abastecer esos lugares”; además, habrá un incremento de peso en la estructura, y ambas cosas reflejarán hundimientos en el suelo.
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| Infografía elaborada por Carolina Morales// Capas y mantos acuíferos de la CDMX y el Edo. Méx. |
“Cuando se extrae agua de los mantos acuíferos y no se permite la recarga de nueva agua en ellos, ya sea natural -con la lluvia- o artificial -inyectándola al subsuelo-, se crean huecos donde antes estaba el agua. Las capas superiores a esos huecos se asientan y provocan con ello el hundimiento de la ciudad”, explica el ingeniero Rojo.
Verónica Soriano dice que “No es posible que hagan estas obras sin llevar un reconocimiento por donde van a construirlas y afectar”. Mientras ella y su hijo trabajan todo el día por dos salarios mínimos para poder reemplazar los muebles que perdieron en la inundación, la autopista de iniciativa privada, cuya inversión ha ascendido a seis mil 755 millones de pesos, ya lleva 44 por ciento de avance según el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Gobierno del Estado de México.
La abogada Ana Mariela Hernández menciona que no es requisito legal para las empresas privadas que pretenden llevar a cabo proyectos de construcción tener que consultar a los vecinos de las comunidades aledañas.
“Sin embargo -afirma Hernández- en una democracia sería ideal realizar consultas ciudadanas, pues es el instrumento a través del cual las autoridades competentes someten a consideración de la ciudadanía (...) cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos territoriales de su comunidad o del país.”
Pero entonces, ¿de qué manera pueden expresar inconformidad las colonias cercanas a donde se planea construir una carretera? Hernández responde que los ciudadanos tienen mecanismos jurídicos que les ayudan a defender sus derechos.
Pues si consideran que el proyecto los vulnera pueden pedir “un juicio de amparo en contra de la autorización de construcción, argumentando las violaciones que estimen pertinentes y solicitando se realice una interpretación que vea por una amplia protección de derechos humanos, tanto en beneficio de las personas”, pero que también que tome en cuenta tratados internacionales de derechos humanos.
Los vecinos afectados siguen a la espera de la resolución de los problemas causados por la inundación y la amenaza de la carretera. Verónica Soriano duda ante las respuestas del gobierno debido a que la coyuntura política del país (las muy cercanas elecciones presidenciales de 2018) es un impedimento para que las autoridades volteen a la sociedad y resuelvan sus demandas.
“Ahorita lo más importante para ellos es hacer campaña, no ver las necesidades del pueblo”, comenta. Y los habitantes de Altavilla creen que la actitud de las autoridades seguirá siendo desalentadora, malograda y eterna como lo ha sido hasta ahora.
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