ENCIERRO SUBTERRÁNEO
Por Dr. R. *
Ciudad de México (Aunam). El calor era asfixiante en el pequeño cuartucho. Pero si la temperatura ambiental rebasaba lo soportable, los ánimos de los detenidos en el Juzgado Cívico de Guerrero eran muy superiores. En cualquier momento podía desatarse una gresca contra los policías y terminar en un tremendo desastre.
El espacio donde la autoridad despacha y traslada a “peligrosos” infractores de la ley albergaba a los frecuentísimos vagoneros, esos vendedores que pueden resultar gloriosos o incómodos para los miles de usuarios que circulan a diario en subterráneo naranja de la Ciudad de México. Entre la multitud no cedían y, al parecer acostumbrados, lo tomaban con el mejor de los alientos ofreciendo los cornetos de Nestle o los sándwiches helados de su venta.
La música no podía faltar, pues quienes se habían atrevido a tocar alguna pieza a bordo del metro, acompañados de una guitarra o bocina, también estaban ahí, rodeados de todo esa séquito de oficiales ávidos de aprehender gente por alguna razón que trasciende lo estipulado en la ley.
La otra tipología del detenido contenía a los cada vez más populares comerciantes informáticos, los cuales acuerdan vía internet la venta de algún producto, desde una red social digital hasta una aplicación como Mercado Libre, y se encuentran en los andenes de las estaciones del transporte más socorrido por los capitalinos.
Había algunos castigados por invadir el vagón exclusivo para mujeres—medida emergente ante los altos índices de violencia de género en el transporte público—y por último estaba yo, dentro de la mayoría de faltosos, arrestados por invadir espacios no autorizados en el metro de la metrópoli mexicana.
Aquellos que permanecen en el convoy en la última estación del recorrido del metro, para hacer el cambio hacia la dirección contraria, están faltando a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. El artículo 29 de las infracciones del entorno urbano de la Ciudad cita la peligrosa falta en su apartado XI: Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos.
Eso fue lo que leyó ante mí y cinco hombres más un oficial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuando nos detuvo al interior del vagón. El poder de la ley cayó sobre nosotros, de la mano de ese policía que sólo tenía una mirada amenazante y un folletito maltratado. Desde luego la experiencia es amarga y el trato se equipara con el de un auténtico delincuente.
Aunque, los delincuentes, igualmente, pueden estar uniformados. El repetitivo mensaje del mesías de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, acerca del término de la corrupción es una ilusoria idea. Ni siquiera porque traen en el uniforme un botón con la leyenda: “Soy incorruptible”, parecen tener conciencia de ello y entre claves los encargados de la seguridad pretenden saquear los bolsillos de estudiantes o trabajadores que desconocen a cabalidad la ley y se transportan hacia sus casas o centros de trabajo.
Si hubiera “pagado” los 200 pesos que un policía me pedía para liberarme, no habría malgastado ocho horas esperando hablar con el Juez Cívico: “El licenciado”, para resolver mi situación y hacer el pago de la multa. Sin embargo, me negué, lo cual sirvió para observar el cúmulo de deficiencias de la autoridad y su cuartel.
En la larga espera únicamente quedaba platicar con los demás; habría que afinar bien el oído. A menos de un metro de distancia, los vendedores informaban que la gestión de Claudia Sheinbaum trajo consigo el endurecimiento de las políticas contra el comercio informal.
Por otra parte, otro más comentó, a bordo de una patrulla, la irrupción del grupo criminal La Unión Tepiton y el cobro de “derecho de piso” en el tramo del Estado de México de la Línea B del metro, con el silencio o contubernio de la autoridad.
Cuando se pensó que todo estaba por terminar, alrededor de las nueve de la noche, el colmo de la justicia se exhibió debido a la partida del médico legista, encargado de revisar el estado de los detenidos.
Nos trasladaron a la Agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 1 en una patrulla. Ya nada podía superar el carácter surrealista de esa experiencia. El apartado III del artículo 112 de los Juzgados Cívicos, donde debe existir las 24 horas una persona médica, fue incumplido.
El cuartucho vacío y una preocupación ascendente concluyeron en el llamado a la oficina del “Licenciado”. Las ocho horas de espera absorbieron algo de la multa, o eso creo. Mi encierro subterráneo fue saldado con 300 pesos.
*El texto se publica con seudónimo, a petición expresa del autor.
Ciudad de México (Aunam). El calor era asfixiante en el pequeño cuartucho. Pero si la temperatura ambiental rebasaba lo soportable, los ánimos de los detenidos en el Juzgado Cívico de Guerrero eran muy superiores. En cualquier momento podía desatarse una gresca contra los policías y terminar en un tremendo desastre.
El espacio donde la autoridad despacha y traslada a “peligrosos” infractores de la ley albergaba a los frecuentísimos vagoneros, esos vendedores que pueden resultar gloriosos o incómodos para los miles de usuarios que circulan a diario en subterráneo naranja de la Ciudad de México. Entre la multitud no cedían y, al parecer acostumbrados, lo tomaban con el mejor de los alientos ofreciendo los cornetos de Nestle o los sándwiches helados de su venta.
La música no podía faltar, pues quienes se habían atrevido a tocar alguna pieza a bordo del metro, acompañados de una guitarra o bocina, también estaban ahí, rodeados de todo esa séquito de oficiales ávidos de aprehender gente por alguna razón que trasciende lo estipulado en la ley.
La otra tipología del detenido contenía a los cada vez más populares comerciantes informáticos, los cuales acuerdan vía internet la venta de algún producto, desde una red social digital hasta una aplicación como Mercado Libre, y se encuentran en los andenes de las estaciones del transporte más socorrido por los capitalinos.
Había algunos castigados por invadir el vagón exclusivo para mujeres—medida emergente ante los altos índices de violencia de género en el transporte público—y por último estaba yo, dentro de la mayoría de faltosos, arrestados por invadir espacios no autorizados en el metro de la metrópoli mexicana.
Aquellos que permanecen en el convoy en la última estación del recorrido del metro, para hacer el cambio hacia la dirección contraria, están faltando a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. El artículo 29 de las infracciones del entorno urbano de la Ciudad cita la peligrosa falta en su apartado XI: Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos.
Eso fue lo que leyó ante mí y cinco hombres más un oficial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuando nos detuvo al interior del vagón. El poder de la ley cayó sobre nosotros, de la mano de ese policía que sólo tenía una mirada amenazante y un folletito maltratado. Desde luego la experiencia es amarga y el trato se equipara con el de un auténtico delincuente.
Aunque, los delincuentes, igualmente, pueden estar uniformados. El repetitivo mensaje del mesías de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, acerca del término de la corrupción es una ilusoria idea. Ni siquiera porque traen en el uniforme un botón con la leyenda: “Soy incorruptible”, parecen tener conciencia de ello y entre claves los encargados de la seguridad pretenden saquear los bolsillos de estudiantes o trabajadores que desconocen a cabalidad la ley y se transportan hacia sus casas o centros de trabajo.
Si hubiera “pagado” los 200 pesos que un policía me pedía para liberarme, no habría malgastado ocho horas esperando hablar con el Juez Cívico: “El licenciado”, para resolver mi situación y hacer el pago de la multa. Sin embargo, me negué, lo cual sirvió para observar el cúmulo de deficiencias de la autoridad y su cuartel.
En la larga espera únicamente quedaba platicar con los demás; habría que afinar bien el oído. A menos de un metro de distancia, los vendedores informaban que la gestión de Claudia Sheinbaum trajo consigo el endurecimiento de las políticas contra el comercio informal.
Por otra parte, otro más comentó, a bordo de una patrulla, la irrupción del grupo criminal La Unión Tepiton y el cobro de “derecho de piso” en el tramo del Estado de México de la Línea B del metro, con el silencio o contubernio de la autoridad.
Cuando se pensó que todo estaba por terminar, alrededor de las nueve de la noche, el colmo de la justicia se exhibió debido a la partida del médico legista, encargado de revisar el estado de los detenidos.
Nos trasladaron a la Agencia del Ministerio Público Cuauhtémoc 1 en una patrulla. Ya nada podía superar el carácter surrealista de esa experiencia. El apartado III del artículo 112 de los Juzgados Cívicos, donde debe existir las 24 horas una persona médica, fue incumplido.
El cuartucho vacío y una preocupación ascendente concluyeron en el llamado a la oficina del “Licenciado”. Las ocho horas de espera absorbieron algo de la multa, o eso creo. Mi encierro subterráneo fue saldado con 300 pesos.
*El texto se publica con seudónimo, a petición expresa del autor.
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