EXIGEN JUSTICIA MADRES DE DESAPARECIDOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO
Texto y fotografías por Montserrat Antúnez Estrada
Ciudad de México, (Aunam).- El desinterés de las autoridades, las amenazas en contra de quienes denuncian y el deseo de localizar a sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada, llevaron a mujeres de ocho estados del país a iniciar una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras 14 días de ayuno, el pasado 30 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a recibir sus denuncias, pero sin garantizarles el derecho a ser reconocidas como víctimas por parte del Estado.
La incertidumbre de las madres y esposas de personas desaparecidas por la delincuencia organizada continúa: aunque la PGR acordó recibir sus denuncias y las de 400 familiares más que integran otros colectivos, así como tomarles muestras de ADN que faciliten la identificación de cuerpos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sigue sin incluirlas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
De hacer esta integración, el gobierno mexicano estaría obligado a reconocer las afectaciones que los familiares sufrieron a raíz de las desapariciones y a garantizar la reparación integral del daño.
Los obstáculos van desde solicitar a las víctimas comprobantes de las compras de sus alimentos para compensar los gastos y retrasar esos pagos, el de los viáticos de los traslados desde sus entidades a las oficinas de la CEAV, así como otros relacionados con lo que han invertido en la búsqueda de sus familiares.
En entrevista con Aunam Noticias, María Guadalupe Rodríguez Narciso, vocera del grupo de 41 mujeres que protestaron afuera de la Segob, afirmó que funcionarios de la CEAV no aceptan eliminar las trabas burocráticas a las que se enfrentan para ser beneficiadas por el registro.
Los obstáculos a los que hacen referencia incluyen el solicitar a las víctimas comprobantes de las compras de sus alimentos y de sus viáticos de los traslados, desde sus entidades a las oficinas de la CEAV, así como otros recibos relacionados con lo que han invertido en la búsqueda de sus familiares.
La eliminación de estas trabas fue una de las exigencias de la huelga de hambre hecha por 14 mujeres de un grupo integrado por personas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México.
Luego de levantar la huelga, Guadalupe Rodríguez calificó como un logro el que la PGR aceptara recibir declaraciones en la Ciudad de México, ya que esa era una exigencia que familiares de desaparecidos de Guerrero mantuvieron por años debido a que en su entidad ellos son amenazados por policías, para que desistan en las búsquedas, y las investigaciones no avanzan.
Sin embargo, Rodríguez declaró que seguirán de cerca la actuación de las autoridades pues “con esto demostraron que es hasta que una alza la voz cuando nos hacen caso”.
En ello coincidió Nora Eli Maldonado Cruz, una de las protestantes e integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados, Chilpancingo.
“Nos queda claro que el gobierno no va a cumplir sino se le presiona. Tuvimos que dejar nuestras casa y exponer nuestra salud para obligarlos a que nos voltearan a ver”, expresó.
Para Nora el camino en busca de justicia no ha sido sencillo. El 5 de junio de 2013, su esposo José Vázquez Colebrina desapareció luego de que tres hombres armadas se lo llevaran en un carro después de que terminó su jornada laboral como chofer de un transporte de basura, en Chilpancingo. Maldonado encontró apoyo en colectivos de personas con familiares en la misma situación, pues asegura que las autoridades criminalizan a las víctimas antes de investigar los casos.
Para Gema Antúnez Flores, mamá de Juan Sebastián García Antúnez, desaparecido en Chilpancingo por la delincuencia organizada en febrero de 2011, el panorama ha sido similar. Con familiares de desaparecidos organizan grupos de búsqueda enfocados en fosas, pues cuando tratan de encontrar a sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo), se les niega la entrada. Por ello, estarán al pendiente del cumplimiento de los compromisos hechos por la PGR para acceder a la justicia y mantendrán las exigencias hechas a la CEAV.
Ciudad de México, (Aunam).- El desinterés de las autoridades, las amenazas en contra de quienes denuncian y el deseo de localizar a sus seres queridos, víctimas de desaparición forzada, llevaron a mujeres de ocho estados del país a iniciar una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras 14 días de ayuno, el pasado 30 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a recibir sus denuncias, pero sin garantizarles el derecho a ser reconocidas como víctimas por parte del Estado.
La incertidumbre de las madres y esposas de personas desaparecidas por la delincuencia organizada continúa: aunque la PGR acordó recibir sus denuncias y las de 400 familiares más que integran otros colectivos, así como tomarles muestras de ADN que faciliten la identificación de cuerpos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sigue sin incluirlas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
De hacer esta integración, el gobierno mexicano estaría obligado a reconocer las afectaciones que los familiares sufrieron a raíz de las desapariciones y a garantizar la reparación integral del daño.
Los obstáculos van desde solicitar a las víctimas comprobantes de las compras de sus alimentos para compensar los gastos y retrasar esos pagos, el de los viáticos de los traslados desde sus entidades a las oficinas de la CEAV, así como otros relacionados con lo que han invertido en la búsqueda de sus familiares.
En entrevista con Aunam Noticias, María Guadalupe Rodríguez Narciso, vocera del grupo de 41 mujeres que protestaron afuera de la Segob, afirmó que funcionarios de la CEAV no aceptan eliminar las trabas burocráticas a las que se enfrentan para ser beneficiadas por el registro.
Los obstáculos a los que hacen referencia incluyen el solicitar a las víctimas comprobantes de las compras de sus alimentos y de sus viáticos de los traslados, desde sus entidades a las oficinas de la CEAV, así como otros recibos relacionados con lo que han invertido en la búsqueda de sus familiares.
La eliminación de estas trabas fue una de las exigencias de la huelga de hambre hecha por 14 mujeres de un grupo integrado por personas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México.
Luego de levantar la huelga, Guadalupe Rodríguez calificó como un logro el que la PGR aceptara recibir declaraciones en la Ciudad de México, ya que esa era una exigencia que familiares de desaparecidos de Guerrero mantuvieron por años debido a que en su entidad ellos son amenazados por policías, para que desistan en las búsquedas, y las investigaciones no avanzan.
Sin embargo, Rodríguez declaró que seguirán de cerca la actuación de las autoridades pues “con esto demostraron que es hasta que una alza la voz cuando nos hacen caso”.
En ello coincidió Nora Eli Maldonado Cruz, una de las protestantes e integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados, Chilpancingo.
“Nos queda claro que el gobierno no va a cumplir sino se le presiona. Tuvimos que dejar nuestras casa y exponer nuestra salud para obligarlos a que nos voltearan a ver”, expresó.
Para Nora el camino en busca de justicia no ha sido sencillo. El 5 de junio de 2013, su esposo José Vázquez Colebrina desapareció luego de que tres hombres armadas se lo llevaran en un carro después de que terminó su jornada laboral como chofer de un transporte de basura, en Chilpancingo. Maldonado encontró apoyo en colectivos de personas con familiares en la misma situación, pues asegura que las autoridades criminalizan a las víctimas antes de investigar los casos.
Para Gema Antúnez Flores, mamá de Juan Sebastián García Antúnez, desaparecido en Chilpancingo por la delincuencia organizada en febrero de 2011, el panorama ha sido similar. Con familiares de desaparecidos organizan grupos de búsqueda enfocados en fosas, pues cuando tratan de encontrar a sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo), se les niega la entrada. Por ello, estarán al pendiente del cumplimiento de los compromisos hechos por la PGR para acceder a la justicia y mantendrán las exigencias hechas a la CEAV.
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