jueves, 2 de septiembre de 2010

CACERÍA DE BRUJAS EN GUANAJUATO: VERÓNICA CRUZ SÁNCHEZ


Por Rodrigo Neria Cano
México (Aunam). Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres, mencionó en el seminario Protección a la vida, aborto y derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), que en el estado de Guanajuato hay intolerancia, persiguen y cercan a las mujeres de los municipios para cuidar que no aborten, “es como en la época medieval: una cacería de brujas”.

Las Libres es una organización encargada de defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guanajuato, Verónica Cruz dijo que si el Estado no comienza a impartir educación sexual, la desinformación permeará en la juventud. “De las seis mujeres encarceladas, cuatro sólo cursaron la primaria, cuatro no tenían acceso a sistemas de salud y dos abortaron por violación”.

La raíz del problema fue la modificación a la Constitución de Guanajuato el 8 de mayo del 2001, el primer artículo dicta que todas las personas gozan de la protección que les otorgan las garantías constitucionales desde su concepción hasta la muerte natural. “Estas modificaciones anteponen al producto de la concepción encima de los derechos las mujeres”.

Falsos intereses del Estado

Durante su presentación, Bernard Dickens, profesor emérito de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto, dijo que si se considera al embrión como persona para otorgarle derechos constitucionales, el Estado lo debería proteger otorgando servicios médicos especializados a las mujeres embarazadas; desde cuidar su dieta hasta su vida diaria para que la mujer no lo dañe.

También se tendría acudir al registro civil para dar de alta al embrión desde el momento en que se conociera el embarazo; el dilema se presenta cuando se debe priorizar los intereses y la salud, ya sea de la mujer o del no nacido, se debe considerar que de esta forma hay dos personas constitucionales en un solo cuerpo. “Así se limita la vida de la mujer”, puntualizó Bernard Dickens.

Al final de su participación, mencionó que si la iglesia católica es el principal opositor, ellos deberían de comenzar a pagar impuestos para que el Estado mexicano pueda solventar los gastos de protección prenatal.

El abogado Pedro Morales Aché indicó que los intentos del Estado para proteger al embrión desde el embarazo son únicamente para satisfacer los intereses de algunos grupos conservadores: “Queda de manifiesto el falso interés estatal en este asunto”.

Foto: www.laslibres.org.mx


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