VISITA MARICHUY A LA COMUNIDAD OTOMÍ EN LA CDMX
Por Blanca Rodríguez
Ciudad de México (Aunam). Tras el violento desalojo de la Comunidad Otomí en la colonia Roma Norte, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la representante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio “Marichuy”, se reunió con los afectados para escuchar sus peticiones y necesidades.
Luego de aquel jueves 19 de septiembre de 2018, las 80 familias desalojadas viven en un campamento a las afueras del predio en el que vivían en la calle Roma; para exigir el derecho de una vivienda, un trato digno y la recuperación de sus pertenencias.
“Sentimos su dolor… cuando fueron reprimidos nos lo hicieron a nosotros”, manifestó María de Jesús Patricio, mientras explicaba que esta forma de represión por parte del gobierno la están implementando en todo el territorio hacia los pueblos indígenas.
“Hay que defender lo que nos heredaron nuestros antepasados: es la lengua, es el vestido, es la forma de organizarnos, de convivir; hay que mantenernos firmes” mediante la unión y creación de redes que ayuden a enfrentar las dificultades que vienen. Pidió a los vecinos, divididos en dos posturas a favor y en contra de la comunidad Otomí, tenerles respeto y paciencia, pues “aquí están, y van a seguir aquí y no se van a ir”.
Durante la conferencia de prensa también fueron partícipes padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quienes expresaron su más grande solidaridad y apoyo.
La Comunidad Otomí actualmente está enfrentándose también a la gentrificación que se está viviendo y al poder e influencias de las grandes inmobiliarias en la Ciudad de México; por lo que resaltaron su deseo de negociar con el gobierno para comprar el inmueble de Roma 18 como una forma de ganar el derecho que tienen de vivir en ese lugar.
Manifestaron que acudirán al Instituto de Vivienda, con una solicitud de expropiación concentrada; es decir, ellos podrán acreditar la propiedad en el momento que el gobierno la expropie para una causa de utilidad pública y así lograr su posesión desde hace 20 años, el gobierno deberá indemnizarlos como establece la ley.
Ciudad de México (Aunam). Tras el violento desalojo de la Comunidad Otomí en la colonia Roma Norte, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la representante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio “Marichuy”, se reunió con los afectados para escuchar sus peticiones y necesidades.
Luego de aquel jueves 19 de septiembre de 2018, las 80 familias desalojadas viven en un campamento a las afueras del predio en el que vivían en la calle Roma; para exigir el derecho de una vivienda, un trato digno y la recuperación de sus pertenencias.
“Sentimos su dolor… cuando fueron reprimidos nos lo hicieron a nosotros”, manifestó María de Jesús Patricio, mientras explicaba que esta forma de represión por parte del gobierno la están implementando en todo el territorio hacia los pueblos indígenas.
“Hay que defender lo que nos heredaron nuestros antepasados: es la lengua, es el vestido, es la forma de organizarnos, de convivir; hay que mantenernos firmes” mediante la unión y creación de redes que ayuden a enfrentar las dificultades que vienen. Pidió a los vecinos, divididos en dos posturas a favor y en contra de la comunidad Otomí, tenerles respeto y paciencia, pues “aquí están, y van a seguir aquí y no se van a ir”.
Durante la conferencia de prensa también fueron partícipes padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quienes expresaron su más grande solidaridad y apoyo.
La Comunidad Otomí actualmente está enfrentándose también a la gentrificación que se está viviendo y al poder e influencias de las grandes inmobiliarias en la Ciudad de México; por lo que resaltaron su deseo de negociar con el gobierno para comprar el inmueble de Roma 18 como una forma de ganar el derecho que tienen de vivir en ese lugar.
Manifestaron que acudirán al Instituto de Vivienda, con una solicitud de expropiación concentrada; es decir, ellos podrán acreditar la propiedad en el momento que el gobierno la expropie para una causa de utilidad pública y así lograr su posesión desde hace 20 años, el gobierno deberá indemnizarlos como establece la ley.
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