OPEN SOCIETY PRETENDE RESOLVER LOS CASOS DE IMPUNIDAD EN MÉXICO

• Integrantes de Open Society destacan la responsabilidad del gobierno mexicano de investigar y sancionar a los culpables de crímenes de lesa humanidad
• Ximena Medellín Urquiaga y Roberto Ochoa, expertos en derecho penal, analizaron y debatieron la problemática presentada por Open Society

Por Omar Fernández Brito
Ciudad de México (Aunam). En la presentación del informe “Atrocidades innegables; confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los miembros de Open Society Justice Initiative (OSJI) Christian de Vos e Ina Zoon argumentaron que el informe da a conocer los casos de impunidad en el país y las causas de la deficiencia de las autoridades mexicanas para investigar crímenes de lesa humanidad.

“La seguridad de su gente debe ser factor fundamental del gobierno” dijo Christian de Vos, quien externó su inconformidad con las autoridades mexicanas al no investigar satisfactoriamente los diversos crímenes.

Por su parte, Ina Zoon hizo énfasis en la obstrucción de las autoridades mexicanas para investigar estos actos ilícitos “La utilización de la negación y de la minimización de la escala de los crímenes son factores característicos del gobierno mexicano y son formas de obstruccionar la justicia en México”, comentó.

Los crímenes de lesa humanidad son acciones ilegales, como el homicidio, la tortura, las desapariciones forzadas, la violación, la prostitución forzada, entre otras. Dichas acciones están fundamentadas en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales.

El informe presentado, es resultado de tres años de investigación en los cuales se realizaron más de 100 entrevistas a víctimas de crímenes de lesa humanidad para saber qué tipo de abuso han sufrido por parte de las autoridades mexicanas.

Asimismo se analiza el narcotráfico en México, la estructura jerárquica de los carteles, la perpetuación de sus crímenes y su distribución en el país. También, se examinan casos como Ayotzinapa y el ataque al abogado y activista en derechos humanos, Juan Méndez.

Los integrantes de Open Society establecieron que el gran problema al que se enfrentan las autoridades mexicanas son: la incapacidad, la falta de voluntad y la falta de presupuesto para investigar los crímenes.

Afirmaron que los crímenes de lesa humanidad se expandieron luego de la intensificación de la lucha del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada en el 2006, durante el mandato del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

También, se hizo énfasis en que en el país no sólo hay 26 mil casos de homicidio, pues en lo que va de los últimos dos periodos presidenciales más de 150 mil mexicanos han sido objeto de homicidios intencionales.

La Project Manager en América Latina de OSJI, Ina Zoon, enumeró los actos ilícitos que ha cometido la autoridad mexicana como son: la insistencia del gobierno por describir lo que pasa en México como hechos aislados, la aceptación de la tortura como forma de castigo, la protección del ejército y de la marina en la transferencia de jurisdicciones, la manipulación de información y el remplazo de los mandos policiacos por militares.

Christian de Vos concluyó la participación de OSJI con la exposición de las principales propuestas que plantea el escrito para dar a conocer los crímenes de lesa humanidad, estas son: la creación de un mecanismo para la investigación de crímenes atroces y corrupción, la búsqueda rigurosa en la investigación de desapariciones, un sistema de protección de testigos y la creación de un organismo internacional que investigue y persiga de forma independiente los hechos atroces.

Por otro lado, los especialistas en derecho penal Ximena Medellín Urquiaga y Roberto Ochoa Romero, argumentaron que en el informe también se debía analizar el derecho penal en México y la ley federal contra la delincuencia organizada que surgió en 1996.

Recalcaron que para hablar de la impunidad en México no basta con investigar los acontecimientos ocurridos de 2006 a la actualidad, sino que debe analizarse dónde surgen los crímenes de lesa humanidad y las modificaciones que ha tenido la ley federal contra la delincuencia organizada, esto con el fin de saber cómo se ha actuado desde entonces y cómo se puede actuar ahora con base en las modificaciones.

Finalmente, establecieron que la metodología, la investigación y la información que contiene el informe son acertadas, sin embargo, las propuestas que plantea el escrito no son suficientes para enfrentarse a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en México.