Leyes que tipifican el aborto, violan los DDHH de las mujeres: Karen Luna
Por Margarita Morett Chávez
Ciudad de México (Aunam). Karen Luna, investigadora del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), mencionó que uno de los retos que enfrenta la legalización del aborto en México es la resolución del derecho a la vida.
Para la investigadora, el país debería seguir los estándares internacionales que planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso de Artavia Murillo vs Costa Rica, en 2012. En este caso, se resolvió que en la interpretación y protección de la vida prenatal se deben proteger primero los derechos reproductivos de las mujeres.
En el conversatorio ‘La situación y retos del acceso al aborto legal en México’, Luna planteó que entre las problemáticas que genera la prohibición del aborto en el país están la violencia obstétrica, muerte materna, criminalización y violaciones a derechos humanos.
Los derechos reproductivos son parte de los Derechos Humanos (DDHH). Tienen una relación directa con el derecho a la salud, la igualdad, la no discriminación y vida libre de violencia. De acuerdo con la ONU, una persona a la que se le niegan estas atribuciones no puede desarrollarse de manera libre, digna y justa.
}
Uno de los puntos que enfatizó Luna fue: “No hay que pensar sólo en violencia física, la violencia es sistémica, no tener leyes que tipifiquen el aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres”.
En México sólo dos estados de la República permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras doce semanas de gestación, la Ciudad de México desde el 2007 y Oaxaca desde el 2019.
Debido a que la prohibición se encuentra en los Códigos Penales, no se regula la legislación de salud, por lo que no hay personal capacitado e infraestructura necesaria para dar atención a mujeres que quieran abortar, lo que ocasiona que sean víctimas de violencia obstétrica.
Según cifras del GIRE, entre 4.7% y 13.2% de la mortalidad materna anual, a nivel mundial, puede atribuirse a un aborto inseguro. De esta manera, no tener leyes que normalicen el aborto, ni condiciones e infraestructura, es una discriminación del sector público para otorgar servicios de salud.
En la librería U-tópicas, la investigadora señaló que desde enero del 2007 hasta diciembre del 2016 son 4246 las mujeres que fueron denunciadas por aborto y 228 sentenciadas, esto de acuerdo con el informe “Maternidad o Castigo”, realizado por GIRE. Esto se traduce en que una persona diaria es denunciada por aborto. Las entidades con más casos son Baja California, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.
“De las sentencias que pudimos recabar nos dimos cuenta que en ocasiones el personal de salud tiene desconocimiento sobre las leyes de aborto y se niegan a dar atención médica por desinformación. Por ejemplo, el aborto por violación está permitido en todo el país, pero en ocasiones los médicos no lo saben porque el departamento jurídico de la clínica no se los informa”, afirmó Karen Luna.
Para ella, el trasfondo de la prohibición del aborto es castigar la sexualidad, criminalizar a las mujeres e impedir decisiones sobre la autonomía del cuerpo. Este punto lo enfatizó con la lectura de una sentencia:“Baja California, mujer de 19 años con dos hijos pequeños y una situación económica precaria, declaró que dejó de tomar anticonceptivos por los efectos adversos que le producían. Acudió a un hospital con un aborto en evolución y fue detenida ahí mismo cuando la pasaron al área de observación”, declaró la investigadora del GIRE.
Puntualizó que en casos como el de Baja California, es necesario repensar que las mujeres no pueden viajar a la Ciudad de México a realizarse interrupciones legales, debido a condiciones económicas, vidas precarias y tiempo de gestación, por lo que muchas de ellas recurren a servicios ilegales en los que se ponen en riesgo de muerte.
El conversatorio finalizó con la reflexión colectiva de que la despenalización del aborto no implica abortar, pero la penalización del aborto eleva los riesgos de muerte, discriminación, violaciones a derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Finalmente, Luna recalcó que el tema del aborto no es un asunto fijo “es necesario tratarlo desde nuestras propias trincheras, informar y conectar con las historias de vida que hay detrás”.
Ciudad de México (Aunam). Karen Luna, investigadora del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), mencionó que uno de los retos que enfrenta la legalización del aborto en México es la resolución del derecho a la vida.
Para la investigadora, el país debería seguir los estándares internacionales que planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso de Artavia Murillo vs Costa Rica, en 2012. En este caso, se resolvió que en la interpretación y protección de la vida prenatal se deben proteger primero los derechos reproductivos de las mujeres.
En el conversatorio ‘La situación y retos del acceso al aborto legal en México’, Luna planteó que entre las problemáticas que genera la prohibición del aborto en el país están la violencia obstétrica, muerte materna, criminalización y violaciones a derechos humanos.
Los derechos reproductivos son parte de los Derechos Humanos (DDHH). Tienen una relación directa con el derecho a la salud, la igualdad, la no discriminación y vida libre de violencia. De acuerdo con la ONU, una persona a la que se le niegan estas atribuciones no puede desarrollarse de manera libre, digna y justa.
}
Uno de los puntos que enfatizó Luna fue: “No hay que pensar sólo en violencia física, la violencia es sistémica, no tener leyes que tipifiquen el aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres”.
En México sólo dos estados de la República permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras doce semanas de gestación, la Ciudad de México desde el 2007 y Oaxaca desde el 2019.
Debido a que la prohibición se encuentra en los Códigos Penales, no se regula la legislación de salud, por lo que no hay personal capacitado e infraestructura necesaria para dar atención a mujeres que quieran abortar, lo que ocasiona que sean víctimas de violencia obstétrica.
Según cifras del GIRE, entre 4.7% y 13.2% de la mortalidad materna anual, a nivel mundial, puede atribuirse a un aborto inseguro. De esta manera, no tener leyes que normalicen el aborto, ni condiciones e infraestructura, es una discriminación del sector público para otorgar servicios de salud.
En la librería U-tópicas, la investigadora señaló que desde enero del 2007 hasta diciembre del 2016 son 4246 las mujeres que fueron denunciadas por aborto y 228 sentenciadas, esto de acuerdo con el informe “Maternidad o Castigo”, realizado por GIRE. Esto se traduce en que una persona diaria es denunciada por aborto. Las entidades con más casos son Baja California, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.
“De las sentencias que pudimos recabar nos dimos cuenta que en ocasiones el personal de salud tiene desconocimiento sobre las leyes de aborto y se niegan a dar atención médica por desinformación. Por ejemplo, el aborto por violación está permitido en todo el país, pero en ocasiones los médicos no lo saben porque el departamento jurídico de la clínica no se los informa”, afirmó Karen Luna.
Para ella, el trasfondo de la prohibición del aborto es castigar la sexualidad, criminalizar a las mujeres e impedir decisiones sobre la autonomía del cuerpo. Este punto lo enfatizó con la lectura de una sentencia:“Baja California, mujer de 19 años con dos hijos pequeños y una situación económica precaria, declaró que dejó de tomar anticonceptivos por los efectos adversos que le producían. Acudió a un hospital con un aborto en evolución y fue detenida ahí mismo cuando la pasaron al área de observación”, declaró la investigadora del GIRE.
Puntualizó que en casos como el de Baja California, es necesario repensar que las mujeres no pueden viajar a la Ciudad de México a realizarse interrupciones legales, debido a condiciones económicas, vidas precarias y tiempo de gestación, por lo que muchas de ellas recurren a servicios ilegales en los que se ponen en riesgo de muerte.
El conversatorio finalizó con la reflexión colectiva de que la despenalización del aborto no implica abortar, pero la penalización del aborto eleva los riesgos de muerte, discriminación, violaciones a derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Finalmente, Luna recalcó que el tema del aborto no es un asunto fijo “es necesario tratarlo desde nuestras propias trincheras, informar y conectar con las historias de vida que hay detrás”.
Leave a Comment