EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, PIEDRA ANGULAR PARA LA UNAM

• Estudio de la jurisprudencia, en busca de la dignidad humana: Ruperto Patiño Manffer
• Interpretación congruente que genere beneficios, armonía y fortalecimiento de los marcos jurídicos: Góngora Pimentel
• El desafío, que estados cumplan con obligaciones en materia de derechos humanos: Álvarez Icaza

Por Remedios Pastén Rosales
México (Aunam). Ya era tiempo de que la Facultad de Derecho de la UNAM cumpliera con el compromiso para con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, consumando la obligación histórica del estudio de la jurisprudencia de ese alto tribunal, en busca de la dignidad humana; declaró su director Ruperto Patiño Manffer, al inaugurar el Primer Seminario Internacional de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante académicos, estudiantes, funcionarios y especialistas nacionales y extranjeros en derecho, el doctor Patiño expresó que la educación en Derechos Humanos es piedra angular de la democracia y columna vertebral de las instituciones, por lo que su Facultad, conforme al Programa Nacional de Derecho 2008-2012, pretende que dicho Seminario sea de actualización permanente.

Al respecto, el representante legal de la UNAM, Luis Raúl González, dijo que la jurisprudencia es la mejor manera de hacer efectivos los convenios internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, los cuales están por encima de las leyes federales. En ello coincidió el Dr. Héctor Fix Zamudio, quien ha sido juez de dicha Corte y consideró que son los tribunales mexicanos los obligados a aplicar dichos criterios por su fuente internacional y de protección externa y privilegiada, pues dijo, antes ni siquiera los conocían nuestros jueces.

Para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, las resoluciones de la Corte Interamericana cuya facultad es de resolución y opinión, son una búsqueda de la dignidad humana sin fronteras. Por ello señaló la urgencia de incorporar al derecho nacional las normas internacionales, a fin de contar con una interpretación congruente que genere beneficios palpables, armonía y fortalecimiento de los marcos jurídicos.

Los vínculos entre el derecho internacional y el derecho interno no han alcanzado un punto común pleno, dijo el ministro, pues sólo se ha implementado en el país el sistema universal de justicia de menores, por ello exhortó a los presentes para que a invocar la jurisprudencia interamericana tomando en cuenta principios universales internacionales como la irreversibilidad y progresividad, así como el de control de la convencionalidad.

El doctor Sergio García Ramírez al abordar los Retos del sistema internacional de protección a los derechos humanos, explicó que “la navegación hacia la plenitud de los derechos humanos” ha tenido sus variantes desde 1945 con las declaraciones, convenios y pactos que han llegado a la creación de la Comisión y de Corte Interamericana, poco claras en identidad y compromiso y donde “México no siempre ha visto con buenos ojos someterse a la competencia de tribunales internacionales”.

Para García Ramírez, algunos retos son: una reforma latinoamericana donde prevalezca el mayor beneficio al ser humano; normas claras en materia de indemnización y reparación a la víctima; aplicabilidad del control de convencionalidad; derechos humanos en la agenda internacional como primer quehacer de los estados nacionales; inclusión de actores emergentes como organizaciones civiles, Ombudsman y la defensoría publica, comunicadores sociales y Academia.

Ante el dilema de la seguridad pública y los derechos humanos alertó para no seguir retrocediendo en el último rubro, entendiendo a la primera también como derecho humano.

Durante el Seminario, Rodolfo Stavenhagen investigador del Colegio de México y ex relator ante la ONU de los Pueblos Indígenas, abordó la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre los derechos de éstos pueblos, a la cual calificó como un elemento novedoso en el derecho internacional para beneficio del derecho indígena, pero donde paradójicamente, después de analizar los diversos instrumentos normativos, comentó, los pueblos indígenas no aparecen mencionados.

Para Stavenhagen es necesario precisar los derechos de los pueblos indígenas, pues durante su experiencia como relator en la ONU, documentó diversas violaciones a sus derechos en todo el mundo, tanto civiles como políticos sociales y culturales aún con la convenciones; por ello agregó, el pleno goce de sus prerrogativas requiere de atención especial y de un sistema interamericano de protección que hoy está en proceso.

El investigador del COLMEX, destacó la importancia de la declaración de 2007 en favor de pueblos indígenas y el caso de Bolivia, primer país que elevó a rango constitucional esa declaración, sin necesidad de convenio o tratado como se hace en el sistema jurídico clásico. Explicó casos de Guatemala, México, Belice, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Surinam llevados a la Comisión y luego a la Corte por violaciones a derechos humanos de indígenas, donde ha faltado voluntad de algunos gobiernos para cumplir con medidas cautelares.

Enfatizo que las resoluciones de la CIDH han constituido jurisprudencia principalmente en casos de propiedad, al reconocer el derecho colectivo de las comunidad sobre la tierra; la reivindicación de sus territorios; el derecho consuetudinario de usos y costumbres; derechos humanos individuales y colectivos; ello derivado de conflictos por la expulsión de sus tierras tradicionales a través incluso, de masacres.

Liliana Valiña representante adjunta del Alto Comisionado de la ONU en México, explicó la Importancia del cumplimiento de las sentencias de los Tribunales internacionales en el derecho interno y mencionó que el Derecho Internacional Humanitario no tiene asiento si no tiene vida en los Estados, por lo que la Declaración de 1948 sobre derechos humanos aún no es una realidad y muchas veces, ni siquiera se conoce por la comunidad internacional.

Agregó que el punto central es que los tratados internacionales no son derecho extranjero, por lo que los Estados no deben poner esta excusa para cumplir el derecho interno, sino adecuar su marco normativo al orden internacional. Destacó el efecto de las sentencias de la CIDH en el ámbito judicial donde es obligatorio para los jueces el cumplimiento; en políticas públicas y en legislación mediante la modificación o derogación de normas que vulneran derechos humanos; en el combate la impunidad; y en acciones de reparación.

Para Liliana Valiña, no hay derecho sin sanción, por lo que el impacto lleva a reconocer el camino andado y ver los retos pendientes en materia de derechos humanos; el reto dijo, está en la práctica de servidores públicos e instituciones, en la búsqueda de la forma en que los derechos humanos sean una realidad.

En las mesas 2, 3 y 4 del Seminario, especialistas analizaron casos concretos llevados a la CIDH por conflictos de tierras en el Salvador; feminicidios en México (Ciudad Juárez); desaparición forzada en Guatemala, Panamá, Bolivia y México (Rosendo Radilla); acceso a la justicia en Perú; derechos políticos en México (caso Castañeda); derecho a la información en Chile (la ultima tentación de Cristo) y México (Sergio Witz, el poeta maldito).

Según Fabián Sánchez, asesor externo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México tiene una amplia trayectoria en la CIDH con 400 peticiones en trámite, donde el acceso a la justicia es contrario al principio de justicia pronta y expedita, por la incapacidad de juzgadores para aplicar el derecho internacional en el país. Pero para el maestro Ricardo Ortega Soriano de la UNAM, los juzgados son una garantía de honestidad cuyo reto esta en ser congruentes con sus resoluciones mediante el establecimiento de una metodología clara.

En cuanto al papel de los organismos públicos de derechos humanos en la defensa de casos ante el Sistema Interamericano, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), exhortó a vencer el síndrome de “autosumisión” en aras de actos de de soberanía, pues dijo, “no hay nada mas soberano que comprometerse con la comunidad internacional cuando se firman tratados”. Criticó la preponderancia a tratados como el TLC y el regateo que se hace para aplicar la Convención Interamericana en Derechos Humanos.

Álvarez Icaza destacó el trabajo realizado por la CDHDF en rubros como: autonomía, ciudadanización, profesionalización, integralidad, estándares internacionales y transparencia y rendición de cuentas; ejes de trabajo de la comisión capitalina. Explicó que entre 2002 y 2008 la Comisión a su cargo ha emitido 188 recomendaciones en rubros como desaparición forzada, tortura, derechos de los niños y acceso a la justicia, entre otros.

Recalcó el efecto que tienen las visitas, informes, audiencias y educación de la instancia a su cargo, así como los programas para fortalecer el trabajo. Finalmente consideró como principal desafío, el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de los estados, el respeto de los tratados internacionales y la armonización legislativa federal, local y municipal para el fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos.