Aumenta la trata de personas con fines de criminalidad forzada

Redacción Aunam

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas 2026, la UNODC, la OIM y ONU Mujeres lanzaron una convocatoria urgente para solidarizarse con las víctimas obligadas a cometer delitos en línea. Bajo la campaña "Atrapadas/os detrás de la estafa", los organismos advirtieron sobre el crecimiento de la criminalidad forzada en operaciones de fraude tecnológico. Esta modalidad delictiva aprovecha plataformas digitales, inteligencia artificial y criptoactivos para ampliar la explotación a nivel global, dificultando la persecución de las redes criminales transnacionales.

El fenómeno presenta una marcada dimensión de género, ya que en 2022 las mujeres y niñas representaron el 60 por ciento de las víctimas detectadas a nivel mundial. Las organizaciones operan mediante falsas ofertas de empleo en el extranjero, centros de llamadas ilegales y ganchos en redes sociales o videojuegos para captar y someter a las personas. Mediante cuotas de producción, multas, vigilancia constante y violencia extrema —incluida la servidumbre por deudas—, las víctimas quedan atrapadas en un entorno de miedo permanente.

En el contexto nacional, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que el 31 por ciento de los casos atendidos corresponden a trabajo o servicios forzados. Autoridades mexicanas han documentado rescates recientes de víctimas explotadas en centros de estafa y llamadas ilegales, donde incluso se han localizado personas encadenadas. A su vez, INTERPOL registró un incremento superior al 54 por ciento en notificaciones globales sobre fraudes entre 2024 y 2025, expandiéndose desde el Sudeste Asiático hacia regiones como Centroamérica.

Para contrarrestar esta problemática, la recién aprobada Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia proporciona un marco jurídico esencial para agilizar la cooperación internacional y el intercambio de pruebas electrónicas. Asimismo, la Cumbre Global sobre el Fraude 2026 impulsó la adopción de un marco de asociación público-privada para desarticular los flujos financieros de los tratantes. La UNODC y la OIM asesoran a los gobiernos en reformas legislativas y en la creación de herramientas técnicas de detección y protección consular.

Finalmente, los organismos enfatizan que las respuestas institucionales deben integrar una perspectiva de género y derechos humanos para evitar la criminalización de las víctimas. Se recomienda consolidar alianzas estratégicas con empresas tecnológicas y del sector financiero para limitar el acceso de los tratantes a la infraestructura digital. De este modo, la cooperación multisectorial se consolida como la vía indispensable para visibilizar el costo humano oculto tras las estafas en línea.