PERIPLO impulsa el reclutamiento ético en el sector agroalimentario

A quince años de la adopción de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el sector agroalimentario enfrenta el reto de transformar las condiciones laborales de millones de jornaleros migrantes. En este contexto, la iniciativa PERIPLO —impulsada por Fundación Avina en el corredor agrícola Guatemala–México–Estados Unidos— promueve una debida diligencia centrada en las personas, enfocándose en la fase donde se definen las bases del empleo: la contratación.

El organismo advierte que la forma en que una persona es reclutada condiciona toda su experiencia laboral posterior. Prácticas irregulares como el cobro de cuotas, el endeudamiento previo o la falta de información clara sobre el traslado y las funciones se trasladan directamente al centro de trabajo, vulnerando los derechos humanos desde el inicio. Por esta razón, el reclutamiento ético se sitúa como el primer eslabón indispensable para garantizar la equidad y prevenir abusos antes de que ocurran en el campo.

Actualmente existen modelos que demuestran la viabilidad de este enfoque, tales como procesos de migración laboral regular con certificación internacional, sistemas de seguimiento durante todo el ciclo migratorio y protocolos empresariales de contratación responsable. Estas buenas prácticas regionales fueron respaldadas expresamente por el Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre migración laboral emitido en julio de 2025, validando esquemas que priorizan la transparencia y la seguridad de los trabajadores.

La labor de PERIPLO articula de manera estratégica a organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos públicos para transformar la debida diligencia. El propósito central radica en evitar que este proceso se reduzca a un mero cumplimiento formal o reputacional, convirtiéndolo en una herramienta preventiva construida desde el territorio y conectando la realidad de la producción con la toma de decisiones corporativas.

De cara a la revisión de los compromisos regionales en materia de empresas y derechos humanos, la iniciativa exhorta a los gobiernos, corporaciones e instancias de cooperación a ampliar sus estándares hacia el reclutamiento. Reconocer el valor humano de los trabajadores agrícolas más allá de su aporte económico o del envío de remesas constituye el punto de partida fundamental para consolidar cadenas de suministro verdaderamente responsables.