RADIOS COMUNITARIAS E INDÍGENAS, ESTIGMATIZADAS Y CRIMINALIZADAS POR IFT

• Campaña con información falsa considera “delincuentes” a comunicadores comunitarios e indígenas
• Organizaciones de comunicación exigen campaña de desprestigio y cumplimiento de la Ley

Por Remedios Pasten Rosales
México (Aunam). Sin medios de comunicación libres y plurales no hay democracia, afirmó la maestra Adriana Solórzano Fuentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), al pronunciarse en contra la campaña “Se busca por robo”, promovida en diversos medios de comunicación por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Expresó que con ella se “criminaliza a los medios comunitarios e indígenas”, se estigmatiza y convierte a sus comunicadores en “delincuentes”, bajo la idea de que se roba el espectro radioeléctrico. Información totalmente falsa, debido a que tal delito no se encuentra considerado en la ley de la materia.

En conferencia de prensa ofrecida el pasado 6 de abril, en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), distintas organizaciones de comunicación, de la academia y comunicadores independientes, hicieron llegar un extrañamiento al IFT por la divulgación de la campaña “Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión se están robando el espacio que es de todos. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”.

Los convocantes reprobaron la campaña de discriminación impulsada por el IFT, apoyada en información falsa que utiliza un lenguaje que “violenta los derechos humanos… colectivos…la libertad de expresión”; criticaron que el IFT considere a las radios sin permiso como vinculadas a la delincuencia organizada, sin considerar que muchas de ellas, se encuentran en proceso de regularización o cuentan con un trabajo de años en su comunidad. Por ello exigieron del IFT el retiro inmediato de dicha campaña.

Asimismo, demandaron la reparación del daño a través de una campaña que afirme y reconozca el trabajo de los medios indígenas y comunitarios donde se promueva su regularización; información clara y precisa en la página del IFT sobre los trámites de concesión y la aclaración de que no existe delito de robo por operar sin concesión como se desprende del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y que se asegure el cumplimiento de la ley sobre la reserva del espectro para medios indígenas y comunitarios.

Adriana Solórzano Fuentes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que con la “desafortunada” campaña, el IFT lejos de fomentar y apoyar la creación y regularización de los medios comunitarios e indígenas, “se dedica a inhibir y amenazar y además estigmatizar”. Y resaltó que dicha cruzada, contraviene los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente emitidos por la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya regulación debe tener como fin “asegurar igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias y mayor diversidad de los medios de comunicación audiovisual”.

La profesora Solórzano Fuentes destacó que la radiodifusión “es un servicio público de interés general” reconocido en el artículo 6 de la Constitución, y que “corresponde al Estado garantizar que éste servicio sea prestado en condiciones de competencia, calidad y preservando la pluralidad”. Algo complejo en México con “un sistema de comunicación ideado, monopolizado y globalizado en otras lógicas”, donde por décadas diversos grupos han padecido la persecución y criminalización por hacer uso de un bien nacional como el espectro radioeléctrico en beneficio de la comunicación comunitaria e indígena, cortando con ello, su derecho a comunicar.

La catedrática señaló que el reconocimiento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), a los medios comunitarios a través de las concesiones de uso social, se ve opacado y pierde sentido con la campaña de desprestigio y criminalización que ha lanzado el órgano regulador en la materia. Asimismo, Solórzano Fuentes remarcó el derecho que tienen las audiencias a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social cultural y lingüístico de la nación, reconocido en el artículo 256 de la LFTR, el cual queda afectado con la campaña desplegada por el IFT.

Andriana Solórzano aclaró que las audiencias no son consumidores que se caractericen por su poder adquisitivo, aseveró que son “ciudadanía con derechos” a saber, a conocer diferentes perspectivas, pluralidad ideológica, política y lingüística, “derechos que no pueden concretarse mientras la radio comercial controlada por unas cuantas familias, sea prácticamente nuestra única opción”. Por ello, exhortó al IFT para que a la brevedad, cumpla con su tarea de publicar los lineamientos generales de derechos de las audiencias que a casi dos años de publicada la LFRT se han omitido.

Sobre el asunto, las organizaciones señalaron la urgencia de impulsar las obligaciones de pluralidad de contenidos en los concesionarios existentes; así como la obligación de las dependencias federales de asignar el 1% de su presupuesto destinado a publicidad a medios indígenas y comunitarios, para la sostenibilidad de estos medios, misma que hasta el momento, ninguna dependencia ha instrumentado; por lo que exigieron, que el área de Comunicación Social del IFT, ponga el ejemplo.

Las organizaciones participantes como Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Congreso Nacional de Comunicación Indígena, AMARC México, Ojo de Agua Comunicación, Red de Comunicadores Boca de Polen, entre otros, consideraron que el espectro radioeléctrico es un bien común y que los pueblos solo administran lo que está en su territorio, por lo que también es un robo no comunicar a una población tan diversa.

Finalmente, las organizaciones señalaron que ante el clima de violencia, inseguridad y violación a los derechos humanos que vive México, la campaña “Se busca por robo” desfavorece la regularización de los medios y genera la radicalización de posturas que provocan conflicto en las comunidades y organizaciones, un alejamiento del diálogo y negociación que se ha venido construyendo. Asimismo Adriana Solórzano hizo un llamado a la autoridad reguladora a mantener el diálogo con la ciudadanía, no a perseguir ni estigmatizar, sí a fortalecer la radio de uso social, a trabajar por un México incluyente.