PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, CASI IMPOSIBLE EN MÉXICO

Por Pablo Saldaña Amador
México (Aunam). El relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edson Lanza, aseguró que la situación de violencia contra el ejercicio periodístico que vive México se generaliza a lo largo del continente. Incluso hay países que viven regresiones jurídicas en cuanto al tema.

Al inaugurar la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin) 2014, que se realizó en el marco de la Cumbre Latinoamericana de Periodismo organizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Lanza comentó que la Relatoría a su cargo registra una tendencia creciente en cuanto a las graves agresiones contra los reporteros en la región.

México es el país donde más casos se han registrado en los últimos años y se debe a la existencia de un Estado con respuesta débil o infiltrado por el crimen organizado. Además, hay omisiones en cuanto a la información que cada país miembro de la OEA presenta, llegando a absurdos como el hecho que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mexicano, “Tamaulipas es el tercer estado más seguro de la República”.

Al asumir hace unos días el puesto de relator, Edson Lanza revisó algunas de estas cifras y las contrastó con una búsqueda simple en Google que arrojó una tasa elevada de crímenes e impunidad, razón por la cual es necesario replantearse la realidad para planificar acciones específicas acordes a la misma.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA elaboró el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia”, disponible en formato electrónico.

Para el relator Lanza, los resultados manifiestan el alto grado de complejidad y riesgo que se vive y que convierten al periodismo en una profesión “de largo aliento”, pues ahora las autoridades de cada país buscan cómo utilizar el Derecho Penal en contra de los reporteros o de su labor.

Por ejemplo, en Paraguay un juez ordenó retirar un video periodístico que involucraba a un alto funcionario en actividades ilícitas, bajo el argumento de preservar su derecho a la privacidad, dejando a la fiscalía sin pruebas para enjuiciarlo.

El Informe busca crear un sistema interamericano de defensoría de Derechos Humanos y que busque adecuar los sistemas judiciales de cada uno de los países miembros a estándares que respeten los derechos de los periodistas. El documento de la CIDH establece por primera vez las obligaciones puntuales que tienen los Estados en materia de medios.

Para Jorge Israel Hernández, coordinador ejecutivo de la Maestría en Periodismo del CIDE, el periodismo mexicano ejerce “desde la orfandad”, pues no hay condiciones mínimas desde el Estado y mucho menos en el ámbito laboral. Y peor aún: las graves deficiencias en la formación académica de los periodistas hacen que ni siquiera puedan hacer reporteo simple de calidad “¿cómo pedirles investigaciones a profanidad, periodismo especializado o de investigación?”.

Afirmó que en México es prácticamente imposible hacer periodismo de investigación pues “¿cómo pedirle a un periodista que confíe en un mecanismo de protección oficial cuando el mismo gobierno es uno de los principales agresores del periodismo?”.

En ese sentido, Edison Lanza aseguró que “cuando la información le duele al poder, atacan a la libertad de expresión”. En la mesa salieron a la luz ejemplos muy recientes como los asesinatos y el encarcelamiento de periodistas en Veracruz o la “clonación” descarada de revistas por parte del gobierno de Quintana Roo.

Para finalizar, Carlos Lauria, miembro del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, alentó a realizar un trabajo honesto y comprometido, pues a pesar de las dificultades “hay excelente periodismo de investigación en América Latina”. Aunque, aclaró, la clave de ese modelo tiene que ver con la participación activa de la sociedad civil.