Por Jared Pimentel Gómez
CDMX. La décima marcha anual en protesta por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa fue el pasado 26 de septiembre. En este lapso, diversa información ha salido con respecto al caso. Desde la famosa verdad histórica dictada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la creación de la comisión de la verdad en el de Andrés Manuel López Obrador.
En 2014, ocurrió uno de los momentos más violentos en nuestro país. En Iguala, Guerrero estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos tomaron autobuses para la conmemoración del genocidio del 2 de octubre de 1968. Sin embargo, al intentar hacerlo, fueron atacados y asesinados en la noche del 26 de septiembre de ese año.
La llamada “verdad histórica” lo dio a conocer el exfuncionario Jesús Murillo Karam, donde mencionó que los estudiantes “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”. Además señaló la participación del grupo criminal Guerreros Unidos en estos actos.
La manifestación del 26 de septiembre, fue desde el Ángel de la Independencia hasta la explanada del Zócalo. Bajo una incesante lluvia a lo largo de la tarde pronunciaban: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Fue el Estado!”.
Contó con la participación de los padres de familia de los estudiantes. Varias universidades y escuelas de alrededor del país también tuvieron presencia desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Asimismo, Amnistía Internacional y otras organizaciones civiles estuvieron en esta marcha.
La marcha hizo una parada en el antimonumento localizado en el camellón central de la avenida Paseo de la Reforma. Realizaron un pase de lista de los 43 estudiantes, de los lesionados y de un estudiante en estado de coma. Los padres de familia estuvieron presentes durante este acto.
Alrededor de las 7 de la noche, el contingente llegó a la explanada del Zócalo. En un amurallado palacio nacional, hubo un mitin donde diversos padres de familia tomaron la palabra para expresar sus opiniones y quejas. Tocaron puntos importantes acerca del caso e hicieron una crítica al gobierno de López Obrador.
El primer familiar en pasar fue Mario González Contreras, el padre de Cesar Manuel González Hernández una de las víctimas. Agradeció la solidaridad de todas las personas que asistieron a la marcha, hizo una crítica al presidente por no permitir las facilidades necesarias para que la manifestación culminará en la explanada del Zócalo.
Señaló de manera directa a los militares como los culpables de los asesinatos. “Usted sabe perfectamente quién fue el que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos, fue el ejército. Usted lo sabe, pero desafortunadamente se puso del lado de la traición” exclamó.
Expresó que busca respuestas más eficientes de la presidenta, Claudia Sheinbaum quien asumió su cargo el 1ro de Octubre. “Decirle que no le vamos a dar tanto tiempo como se lo dimos a este personaje (López Obrador) que desafortunadamente traicionó su palabra, su firma, en un decreto presidencial” apuntó.
La madre del estudiante Jorge Antonio Tizapa Legideño, Hilda Legideño mostró gratitud por la solidaridad y ayuda de las personas. “A veces ya no sabemos qué decir ni que hacer, quisiéramos retirarnos pero no podemos, porque nos hace falta un hijo en casa”, señaló.
Pidió el esclarecimiento de la información que no se les ha dado a conocer a los padres de familia. “Exigimos que se entreguen los folios faltantes donde está toda la información de lo que ocurrió esa noche. Pedimos también el regreso del grupo de expertos, porque son los únicos que nos han llevado hacia la verdad ", apuntó.
Con esto último, se refiere al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI). Esta congregación fue creada como una respuesta ante la necesidad de que exista un organismo que representara a los padres de familia. Su establecimiento se debe al acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de las víctimas.
También participó el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales. Confesó que sí existió disposición por un cierto tiempo de diferentes autoridades para avanzar en la investigación. “Se creó un mecanismo para la justicia, se creó la comisión para la verdad y hubo avances hasta el año 2022” explicó.
Protesta que después de darse a conocer el papel del ejército, los familiares no recibieron la misma ayuda. “El gobierno dio la espalda a los padres y madres de familia. Se desmanteló la comisión para la verdad y la fiscalía especial. Por ello, está claro que fue el gobierno quien dio un paso hacia atrás” finalizó.
La comisión para la verdad se establece el 6 de octubre de 2021 que en palabras de la secretaría de gobierno es un “grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos”.
El pasado 25 de septiembre, en su conferencia matutina el presidente admitió que ha existido progreso, pero no como él quisiera en la investigación del caso. También señaló que la labor continuará ahora bajo la supervisión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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