Por Edwin Paz.
Mundo (Aunam). Defensoras de derechos humanos en América Latina reflexionaron acerca de la exclusión que enfrenta la mujer indígena para participar en política. Ellas integran la Red de Mujeres y la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), por lo que no es casual que coincidan para externar sus preocupaciones en distintos temas como el medio ambiente, la vida en comunidades y participación política.
Las ponencias fueron integradas por Nadia Cruz, defensora del Pueblo de Bolivia, Naxieli Ramírez, pdta. Comisión Derechos Humanos de la Ciudad de México, (CDH CDMX), María Ika, concejala de Ratanui, ( quien desertó su participación por mala calidad en la conexión) y Ati Quigua, concejala de la ciudad de Bogotá, Colombia.
El encuentro inició con la presentación de los tres puntos del trabajo en Bolivia: Síntesis de participación de las mujeres indígenas en la vida política; incidencia en la defensoría del pueblo y visibilización de la Agenda Política de las Mujeres Indígenas.
Resaltaron al Estado Plurinominal de Bolivia con una asamblea constituyente la cual fue presidida por primera vez en la historia por una mujer indígena, Silvia Lazarte en 2006. Ella emitió 20 artículos constitucionales que garantizan los derechos humanos y políticos con esto se contribuye a erradicar la violencia de género.
De los 256 integrantes de la Asamblea Constituyente, 88 son mujeres y 31 son indígenas. Aunque existen avances aún no tienen una gobernadora a nivel departamental.
En cuestión de paridad y alternancia el 49 por ciento la integran mujeres de las cuales 56 son senadoras y 47 diputadas. Tienen 23 alcaldesas de los 336 municipios y cinco de estos son gobiernos autónomos.
Sin embargo, las denuncias por acoso y violencia política se han ido al alza. Con este antecedente surgió el informe defensorial “Sin nosotras no hay democracia”, un trabajo grupal que persigue garantizar el cumplimiento de la ley 243 contra el acoso y que el Estado garantice el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas en todos los ámbitos.
La segunda participación fue para México y comenzó recordando que su Constitución emitida en el año de 1917, no se incluyó en su texto original a las comunidades indígenas y fue hasta 1992 que se incorporó el principio que señala a la nación con una composición pluricultural sustentada en sus comunidades indígenas.
Fue la primera vez que se reconocieron a los habitantes de comunidades indígenas. En 2015 la constitución incorporó la garantía de las personas indígenas a participar en política. En 2019 se legislaron sobre paridad de género en comunidades indígenas, y se reconoció la participación de la mujer, la autodeterminación de los pueblos y procesos democráticos en asamblea.
Hablaron sobre el zapatismo y el Consejo Nacional Indígena (CNI) como ejemplos de prácticas comunitarias autónomas, ellos eligen a sus concejales mediante consensos y rechazan la intromisión de agendas electorales del gobierno.
El encuentro rindió homenaje a María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” , la primera mujer indígena propuesta por el zapatismo como candidata a la Presidencia de México en 2018. Dicha candidatura se enfrentó con trabas como el mecanismo utilizado para recaudar votos vía electrónica ya que se necesitaba tener un teléfono de gama media y contar con acceso a internet. los simpatizantes no contaban con estos requisitos.
Mencionaron que nuestro país tiene gran tensión por el proceso electoral y que de marzo a lo que va de junio se registraron 34 muertes de contendientes, 21 eran mujeres, incluida una de raíces indígenas.
“Los retos son normativos y de oposición cultural, es más imaginario que real buscar los derechos de las mujeres. esto se va a romper, se va acabar y lo vamos a acabar”. sentenció la ombudsman mexicana.
Tocó el cierre con la experiencia de una lideresa indígena de Bogotá, Ati Quigua, quien lamentó que, a 31 años de luchar por un cargo público, ninguna mujer indígena lo ha logrado. Advirtió que han encontrado con dificultades, aprendizajes y retos, como lo es posicionar una agenda propia. marginación, discriminación y estereotipos es la respuesta a sus demandas.
Esto es parte del contexto de la protesta social que vive Colombia, en el marco del paro nacional 76 personas han sido asesinadas. 87 víctimas de género, 988 heridos, 74 lesiones oculares, 87 lesiones por arma de fuego, 151 defensores de derechos humanos agredidos, 2 397 detenciones arbitrarias 1273 denuncias de abuso de poder y violencia policial.
Destacó la urgencia de visibilizar los avances colectivos de las mujeres en Colombia y de pasar de una democracia participativa a una representativa.
Gente de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile y México, mostraron gran empatía con los temas tratados.
