México (Aunam). Los diferentes espacios de protección que componen a la Red Nacional de Refugios (RNR), mismos que están ubicados alrededor de toda la República Mexicana, se han visto perjudicados durante la pandemia por Covid-19 y en términos más amplios, durante la administración en turno.
De acuerdo con la propia Red, desde que inició el confinamiento en marzo y hasta junio del presente año, 21 mil 74 personas, entre ellas mujeres, sus hijas e hijos, acudieron a estos lugares por motivos de violencia familiar, lo que refleja un incremento del 71 porciento en las atenciones respecto al mismo lapso en 2019.
Ante la emergencia sanitaria que mantiene paralizada a la sociedad, la indicación "quédate en casa" figuró como una alternativa de protección. Para aquellas mujeres víctimas de violencia familiar, el permanecer la mayor parte del tiempo con su agresor, más que una medida preventiva, representó un factor de riesgo.
Frente a dicho contexto, organizaciones de la sociedad civil que proporcionan un espacio seguro para ellas, como lo es la Red Nacional de Refugios, fueron una alternativa viable para salvaguardar su integridad.
Estos espacios confidenciales, seguros, gratuitos representan una oportunidad para que las mujeres, junto con sus hijas e hijos, se alejen de la violencia extrema para recibir atención por parte de personas especializadas, y así lograr recuperarse, el cual es uno de los principales objetivos de la RNR. Pese a ello, las circunstancias ante el aumento de violencia no fueron las más favorables para la organización, por lo que se requiere mayor atención al tema.
Con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte en junio, se aprecia un aumento de violencia contra las mujeres durante la pandemia, lo que en el contexto del confinamiento, guarda relación con las llamadas al 911 por los mismos motivos, las cuales incrementaron respecto a 2019.
Por su parte, marzo del año en curso, mes en el que comenzó la implementación en todo el país de la Jornada Nacional de Sana Distancia como medida preventiva, tiene el número más alto de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres registrado en los últimos cuatro años, con un total de 26 mil 171.
Tomando en cuenta estos datos, la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, ha denunciado públicamente, que el atraso de presupuesto y la falta de importancia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da a los refugios desde los primeros meses de su sexenio, representa un obstáculo para brindarle a las víctimas de violencia familiar, atención y protección.
Aunque la RNR es una organización de la sociedad civil, debe recibir recursos del Estado para trabajar con las mujeres que sufren violencias extremas y así atenderlas de una manera integral, brindándoles servicios jurídicos, médicos, y servicios para sus hijas e hijos, pero únicamente son 69 los espacios, además de que estos, tienen cupos limitados.
Al respecto, detalla que "los refugios nunca han tenido un presupuesto efectivo de doce meses, aunque operamos las veinticuatro horas todo el año, el presupuesto se ha dado históricamente por ocho meses, lo cual es lamentable porque hay cuatro meses descobijados y que tenemos que hacer mil acciones para poder mantener los servicios y atender las violencias que no tienen horario ni tienen días".
Cecilia Paz Contreras, secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advierte que este es "un tema que data desde hace mucho tiempo y que se ha exacerbado en este contexto de pandemia, cuando se inició la jornada de sana distancia y entonces las mujeres tuvieron que permanecer en sus casas con sus agresores".
Estas acciones y los discursos llevados a cabo por el gobierno actual desde comienzos del año 2019 hasta el contexto de la pandemia en 2020, en relación con los refugios y la violencia familiar contra las mujeres, representan, con base en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una violencia institucional hacia ellas.
Aunque digan que no, Con refugios sí
Un largo recorrido han atravesado los refugios desde 2019, para dar cuenta de su importancia para las mujeres, en su labor de atender las consecuencias de una violencia que debería, pero que no es prevenida, sancionada y erradicada a través de acciones concretas por parte del gobierno.
Todo comienza con el documento del 14 de febrero de 2019, en el que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, estableció que las diferentes áreas del gobierno no iban a "transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano" por motivos de eliminar la corrupción existente.
En consecuencia, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud planteó suspender la convocatoria pública para que a los refugios se les asignara subsidios destinados a la prestación de servicios a víctimas de violencia, ante ello, la directora de la Red, Wendy Figueroa, apuntó que esa decisión representa un retroceso en los derechos humanos de las mujeres. Para estos momentos, la RNR formaba parte de la Secretaría de Salud.
Al siguiente mes, la función de los refugios fue cuestionada en la conferencia matutina del primero de marzo de 2019, en la que el presidente mencionó que "hay organizaciones que cumplen una función de apoyo, de ayuda, pero hay organizaciones que abusaron de estos apoyos, que, además, no tenían como propósito ayudar a la gente más necesitada".
Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pertenecientes al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), no iban a ejercer el dinero de su presupuesto, incluyendo, la RNR, debido a que "en cosas de este tipo no iba a cambiar, no iba a ceder, pues tenía que ser estricto y no hacer excepciones".
También mencionó que, por parte de gobernación, se estaba trabajando para atender a las mujeres, sus hijas e hijos que sufren de violencia familiar, para que recibieran una mejor atención.
Días después, la RNR lanzó una campaña en redes sociales con los hashtags #ConRefugiosSí y #SíConLasOSC, destacando la importancia de estos espacios de protección y de las organizaciones de la sociedad civil. En el video informativo difundido por redes, participaron las periodistas Mónica Garza y Paola Rojas, la actriz Sofía Niño de Rivera, y la conductora Paty Chapoy.
En julio del mismo año, la RNR y otras organizaciones, protestaron frente a Palacio Nacional para exigir que se liberaran los recursos etiquetados en el Anexo 13, ramo 12, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Posteriormente el gobierno asignó una cantidad de 293 millones 804 mil 62 pesos para cubrir por ocho meses las necesidades de estos lugares, sin embargo, de acuerdo con la directora, no era suficiente para atender a todas las víctimas.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció el 19 de agosto la creación de un sistema de refugios para contener la violencia de género hacia las mujeres a cargo del gobierno y no de la sociedad civil. En ese momento, la RNR expresó que "en lugar de fortalecer el trabajo de los refugios existentes, nuevamente se les pretende invisibilizar, dado que llevamos años acompañando a las mujeres víctimas de violencias machistas".
Por su parte, en septiembre, después de todas las exigencias, el gobierno expresó que el subsidio para refugios que se pretendía eliminar a principios de ese año, mantendría su existencia, además de que para el 2020, aumentaría 1.3 porciento, lo cual se dejaría ver en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Teniendo en cuenta lo anterior, la también activista Wendy Figueroa, a través de una conferencia de prensa el 12 de diciembre, manifestó su preocupación por el presupuesto para el 2020, por lo tanto, pidió al gobierno que respete los recursos ya establecidos, pues miles de personas requieren los servicios de los refugios.
Para describir estos acontecimientos suscitados durante esta administración, la directora y activista añade que "ha sido un trabajo de resistencia, insistencia, persistencia y no dejar de insistir ante, justo, la exigencia al derecho que todas las personas tenemos a vivir libres de violencia, al derecho que todas las mujeres tenemos de transitar libres, seguras, dentro y fuera de nuestra casa".
En los primeros meses del 2020, la Red Nacional de Refugios dejó de formar parte de la Secretaría de Salud, específicamente, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), por lo tanto, este último dejó de manejar los recursos destinados a estos espacios, responsabilidad que adquirió el Indesol.
Esta acción resultó benéfica para la Red Nacional de Refugios, siendo un cambio importante para el diálogo y la comunicación que antes tenían con la Secretaría de Salud, que es una institución también importante, pues con ella empezó el Programa de Refugios en el 2003.
"Fue un cambio de una relación hostil, violenta, persecutoria, a una relación de horizontalidad, de diálogo abierto, de construir, donde se reconocieron las soluciones anteriores y donde hubo la apertura de conocer y querer adentrarse de lo que realmente son los refugios", relata Wendy Figueroa.
Más que palabras
"Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a mal interpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas, está demostrado" declaró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
A partir de dichas declaraciones, el especialista en análisis del discurso político Axel Velázquez Yáñez, apunta que "si las instituciones comienzan a funcionar a partir de este principio en el cual se considera que la violencia de género puede ser una falsa alarma, que las organizaciones que sostienen tales datos pueden tener intereses dudosos, por supuesto que es algo negativo para efectos de atender la problemática".
Por su parte, el doctor en Ciencia Políticas, Iván Islas Flores, con base al mismo referente recalca que los actores políticos como representantes de las instituciones del Estado, llevan consigo una responsabilidad ética y discursiva sobre lo que dicen, principio que el presidente ha dejado de lado en ocasiones.
Ello, aunado a que las acciones gubernamentales para el tratamiento de la violencia familiar en el contexto del confinamiento no han sido efectuadas de manera óptima, como fue el caso de la campaña "Cuenta hasta 10" lanzada en el mes de mayo por un lapso limitado a través de diversos medios de comunicación.
En este sentido, Velázquez Yáñez, conocedor en el estudio del marketing político sostuvo que los discursos, anteriormente señalados, en su conjunto parten de tres niveles que están interconectados: el mensaje presidencial, la comunicación gubernamental y el funcionamiento del gobierno en curso. A lo que refiere, que la actuación empleada ha sido una mala combinación frente al contexto de violencia hacía la mujer que acontece en el país y la resonancia que ha conseguido el tema en los últimos años.
Bajo este entendido, afirma que los discursos por parte del gobierno inmersos en este tema en específico, sí pueden representar un peligro, dado que "incide en la estrategia de comunicación gubernamental, es decir, que ya no es el presidente hablando, sino las instituciones intentando responder a una problemática, y tiene que incidir en la manera en la que las personas que trabajan en esas instituciones responden a la problemática".
Más de un tipo de violencia
La emergencia sanitaria por Covid-19 y el consecuente confinamiento en los hogares, no sólo reflejó la violencia familiar que viven las mujeres, sus hijas e hijos en esos espacios. Con esta situación, la violencia institucional hacia los refugios también se hizo visible.
El paso de la Secretaría de Salud al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) implicó dos meses de retraso en la publicación de la convocatoria para que los refugios postularan su proyecto. En 2019, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió la convocatoria a finales de febrero, no obstante, para esa fecha en 2020 se anunció apenas el cambio de dependencia.
Para el mes de marzo, la Red Nacional de Refugios (RNR) denunció públicamente el atraso de presupuesto por parte de las autoridades, pues con los discursos emitidos por el Ejecutivo sobre dejar de financiar a las organizaciones de la sociedad civil, se enfrentaban a la incertidumbre de no recibir recursos.
De esta manera, a inicios de año y, pese al exacerbo de violencia hacia las mujeres, estos espacios subsistían con reservas y donaciones. "El problema de los refugios es que dependen de un subprograma, entonces no hay un presupuesto específico, sino que varía año con año", señala Cecilia Paz Contreras, secretaria técnica de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Los refugios postulan un proyecto en el cual deben justificar cuánto dinero requieren para brindar sus servicios, posteriormente, estos son sometidos a un proceso de evaluación, "y en ese proceso, se pueden tardar meses, pero en ese tiempo, la violencia contra las mujeres no se detiene", añade.
En 2020, fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 405 millones de pesos para los refugios. El 7 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la asignación de recursos, sin embargo, los refugios tenían que presentar, aún, su proyecto.
En total, tuvieron que pasar cuatro meses para que el financiamiento les fuera otorgado. "El hecho de que el estado sea omiso, que retrase los procesos de liberación de recursos para el funcionamiento de las políticas y mecanismos para combatir la violencia contra las mujeres como es el caso de los refugios, constituye lo que denominamos en la ley como violencia institucional", afirma la investigadora de la UNAM, Aimeé Vega Montiel.
Por su parte, el abogado Rodolfo Domínguez Márquez, especialista en violencia de género contra la mujer, señala "yo no hablaría tanto de violencia institucional sino de falta de cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades que tiene que traducirse en políticas públicas, en legislación y en acciones que garanticen la debida diligencia para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo en contextos de mayor crisis como la actual".
En su capítulo IV denominado "De la violencia institucional", artículo 18, la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia institucional como todo acto u omisión proveniente de un servidor público de cualquier orden de gobierno que obstaculice o impida el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a políticas públicas "destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".
"Se ejerce este tipo de violencia en tanto que no se proporciona en tiempo y forma el presupuesto que estos refugios requieren, acción que obstaculiza el acceso de las mujeres a todas aquellas políticas públicas que tienen como fin garantizarles una vida libre de violencia", indica la colectiva conformada por abogadas feministas, Abogadas Glitter.
"En contextos donde las mujeres se encuentran en situaciones de violencia existen políticas públicas que se tienen que implementar para garantizar la vida y seguridad de las mujeres", agrega Domínguez Márquez.
Ante ello, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, sostiene "vemos un gobierno que es muy evidente que no reconoce las violencias contra las mujeres, que las minimiza y que perpetúa mensajes machistas, mensajes que obviamente son estereotipados y que llevan a reforzar la naturalización de las violencias, por lo tanto, la impunidad".
La omisión del gobierno mexicano
Durante la pandemia, uno de los focos centrales ha sido la falta de atención a la violencia contra las mujeres, implicándose en ello, las responsabilidades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para clarificar las funciones de atender, prevenir, impartir justicia o reparar el daño, mismas que organismos internacionales como la CEDAW, plantean con urgencia para México debido a su omisión.
En principio, los refugios están establecidos como derecho en el Artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que son un mecanismo cuyo propósito recae en proteger a las mujeres, sus hijas e hijos, en situaciones de violencia extrema. En el capítulo V, denominado "De los refugios para las víctimas de violencia", se detalla la importancia de estos espacios, así como de los servicios que deben ofrecer, para lo cual, el presupuesto resulta sustancial.
Además del retraso, las omisiones en el presupuesto, recaen en los procesos burocráticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que agregó un mes de presupuesto, siendo un total de nueve, pero no hubo un incremento monetario, pues se mantuvo en la mayoría de los refugios la misma cantidad que tuvieron en 2019, pero para ejercerlo en nueve meses.
En cuanto a la impunidad, cabe mencionar que los refugios constituyen una respuesta a la violencia y deben hacer un trabajo integral para ello, pero no son instancias que imparten justicia. Esta es responsabilidad del Poder Judicial, el que debe ejercerla desde la perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos y luego de ello, debe existir una reparación del daño.
Estas acciones implican que se está dejando de lado el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual, de acuerdo con la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), "para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible".
La colectiva Abogadas Glitter, afirma que "el gobierno mexicano atenta contra ese principio pues con sus omisiones, por ejemplo, la de no otorgar en tiempo y forma la partida presupuestaria asignada a los refugios, impide el cumplimiento pleno de aquellas medidas que ayudan a mitigar las consecuencias de la violencia familiar contra las mujeres".
En tales responsabilidades, no se cumplen los indicadores que entrega el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará. De esta manera, el gobierno mexicano debe fortalecer a los refugios para que cuenten con más recursos, pero también, de acuerdo con la activista feminista Yndira Sandoval, "no puede seguir confundiendo el síntoma con la enfermedad".
Poner énfasis en el Programa Nacional de Prevención resulta prioritario, o que los refugios dejen de ser un programa para convertirse en una política pública que no dependa del sexenio en turno.
Hacia una posible desarticulación de las políticas de género
Con el propósito de destinar mayores recursos para atender la emergencia sanitaria, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo en el mes de julio, un 75 por ciento menos (151.9 millones de pesos) el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lo anterior, al negar un día antes en su conferencia matutina un posible recorte a los programas de género.
Del mismo modo, en ese mes, se anunció un reajuste presupuestal a uno de los mecanismos que tienen por objetivo garantizar la seguridad de las mujeres; las Alertas de Género en entidades como el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Tlaxcala. Mientras que en Nayarit y Zacatecas el presupuesto fue completamente cancelado.
"A eso le tenemos que aumentar que redujo el presupuesto para los refugios, que redujo el presupuesto etiquetado para los institutos estatales de las mujeres, para los institutos municipales. Se cambiaron las reglas de operación del ProIgualdad, ProEquidad que era un programa para el financiamiento de organizaciones que daban acompañamiento, seguimiento a víctimas, su investigación, consultoría, o algo especializado en términos de género, se canceló el programa", señala la también integrante de Nosotras Tenemos Otros Datos, Yndira Sandoval.
Para la Red Nacional de Refugios, el decreto de austeridad emitido en abril por el nuevo gobierno, representa más que el atraso de presupuesto, otro obstáculo a enfrentar, pues este instrumento legal, señala la suspensión de financiamiento a programas no prioritarios, entre los cuales, los refugios dudan entrar en el numeral 38.
En palabras de la investigadora de la UNAM, Aimeé Vega Montiel, "existe el riesgo latente de que el gobierno federal termine desarticulando la política de igualdad y de combate a la violencia contra las mujeres. A lo que se apunta es a desarticular la agenda de igualdad por la vía de eliminar presupuestos y por lo tanto eso declara la desaparición de políticas, de mecanismos como sería el caso de los refugios".
"Lo que están diciendo es 'voy a soltar este anzuelo y si nadie replica, ¡pasa!', entonces lo que ha venido pasando en el tema de mujeres es que en muchas cosas hemos tenido que estar súper pendientes", destaca la activista feminista Yndira Sandoval.
Nosotras tenemos otros datos
Nosotras Tenemos Otros Datos es una organización de la sociedad civil (OSC) que tiene por objetivo hacer visible los contextos de violencia en los que se encuentran inmersas las mujeres y niñas mexicanas todos los días. Por medio de plataformas digitales, esta organización busca dar a conocer los otros datos que demuestran la magnitud de la violencia de género hacia las mujeres en el país.
Con base en las cifras que hace públicas cada 25 de cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, en conjunto con los datos registrados por otras OSC a nivel estatal y municipal, de observatorios ciudadanos o proporcionados por integrantes de la propia organización que dan seguimiento a víctimas y acompañamiento a casos. Así como, la información obtenida a través de solicitudes de transparencia, Nosotras Tenemos Otros Datos sustenta su postura.
Fue el 1 de junio de 2020, que activistas, académicas y feministas de todos los campos de acción dieron a conocer oficialmente su participación y conformación de esta organización. Entre las participantes Yndira Sandoval activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, resalta en entrevista:
"En la pandemia era muy importante ante la creciente violencia en el espacio privado, demostrar muchas cosas, colocar en el centro, los espacios que deberían ser los más seguros para las mujeres y que estaban siendo los más violentos, el hogar. Ante esto el presidente tuvo declaraciones como que la familia es fraterna, que las llamadas eran falsas y demás. El tema de Nosotras Tenemos Otros Datos no es una casualidad del nombre, es un tema de arrebatar la narrativa, de apropiarla".
Otro de los objetivos de esta organización se encuentra en nombrar a las mujeres por sus derechos y no acorde a estereotipos o cuestiones discriminatorias. Pretende demostrar la importancia del género femenino en todos los ámbitos de la sociedad. Ante ello, Sandoval añade "y quiero comentar a reserva de equivocarme, pero por el monitoreo que hemos hecho, el presidente no ha vuelto a decir eso".
¿Qué cambios han percibido a raíz de sus constantes acciones impulsadas en redes sociales?
"Una de las cosas que hemos visto después de nuestras acciones es que esta plataforma ha permitido ser voz, ha permitido dar eco a muchas mujeres, organizaciones y activistas que se encuentran en distintos estados de la República, ese es un primer tema. Segundo, las primeras reacciones que tuvimos es que el gobierno empezará a contestarnos a nosotras y no nosotras al gobierno y no fuéramos reactivas, sino los reactivos empezaron a ser ellos".
¿En su opinión, las organizaciones de la sociedad civil están haciendo más que el gobierno?
"Siempre. No es este gobierno y es algo que el presidente no ha entendido, es el régimen del poder, el régimen político, y cualquier régimen político que no incluya a las mujeres como la mayoría de la población y cualquiera que no coloque en el centro los derechos humanos de las mujeres, es un régimen político patriarcal".
"Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista son quienes históricamente han construido y contribuido para la consolidación del marco jurídico en materia de derechos humanos de todas las personas, porque cuando las feministas defendemos un derecho humano, no vamos contra del derecho de alguien más, sin embargo, cuando alguien defiende el derecho de alguien más, sí van en contra, muchas veces, de los derechos humanos de las mujeres".
Al cuestionar a la también antropóloga social, sobre la congruencia entre los discursos y acciones llevadas a cabo por el gobierno mexicano en relación a la violencia que viven las mujeres, declara "el Estado es congruente con su posición machista, misógina y ¿por qué digo misógina?, porque la misoginia es el odio hacia las mujeres y sistemáticamente, este gobierno ha demostrado el desprecio por la vida de las mujeres, sistemáticamente el gobierno ha dicho "la vida de las mujeres no importa, no es importante".
"Eso es no tener claridad de lo que está pasando, y la verdad es que no tenemos diferencias con su gobierno, me parece que los peores enemigos son ellos. Los feminicidios, el movimiento feminista es Andrés Manuel, lo que Ayotzinapa a Peña Nieto, le va a marcar el sexenio, así de claro", sostiene.
¿Qué hacer?
La violencia familiar a la que se enfrentan día con día cientos de mujeres en México, no es un fenómeno que surge a raíz del confinamiento, se trata de un problema que ha permeado a través de los años. En este sentido, de acuerdo con las y los especialistas es importante asumir responsabilidad para actuar de manera eficiente desde la participación por parte del gobierno, la sociedad civil y todas las instituciones que conforman el Estado mexicano.
"Lo que veo como consecuencia inmediata sino se garantizan los recursos para la política de combate a la violencia, incluida la operación de los refugios es que la vida de miles de mujeres, niñas y niños está en riesgo, ese es el costo, estamos hablando de la vida de personas":
Aimée Vega Montiel
"Una forma de contribución de la ciudadanía, en general, es asumirse como parte del Estado y asumir que tienen una responsabilidad, de prevención, de atención o por lo menos de canalización. Ya el tema de la sanción, la investigación es parte de las autoridades, pero la erradicación sí es un tema que depende de todas y todos."
Ynrida Sandoval
"Yo estoy convencida de que todas las personas podemos ser agentes de cambio y que podemos incidir, justamente, a que podamos tener una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, esto implica sumarse a hacer visible lo que se quiere invisibilizar, desnaturalizar la violencia".
Wendy Figueroa
"Si bien en lo escrito existen normas y leyes tendientes a proteger nuestros derechos, en la práctica, la realidad es otra, pues muchas veces callamos el pésimo actuar de quienes son los encargados de impartir justicia, por miedo a las represalias que puedan tener hacia nosotras".
Abogadas Glitter
"Como sociedad civil siempre está la exigencia de derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Hay quienes lo hacen desde el indicio estratégico, quienes lo hacen acompañando víctimas, quienes desarrollan políticas públicas, documentan casos o acompañan luchas"
Rodolfo Domínguez Márquez
Este reportaje se publica con autorización de El Rincón Reconstructivo:
