Matrimonios infantiles; la triste realidad de mujeres indígenas

  • Esta práctica “pone en riesgo la vida y salud de las niñas, además de limitar sus expectativas futuras”: Claudia Chopen
  • La abogada refiere que es uno de los mayores desafíos en Latinoamérica
Participantes del conversatorio “violencia sexual, matrimonio infantil y uniones forzadas en comunidades indígenas de México y Guatemala”. Foto Frida Barrientos. 

Por Frida Barrientos Zamora y Uriel Valdovinos Sánchez
México (Aunam). Los matrimonios infantiles y la violencia sexual normalizada en comunidades indígenas es la causa de la lucha que durante años ha llevado a cabo la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Una forma de visibilizar dicha problemática fue en el conversatorio “Violencia sexual, matrimonio infantil y uniones forzadas en comunidades indígenas de México y Guatemala”, a cargo de las expertas Claudia Chopen, Marianela Baltazar, Lesly Cubes , Hermelinda Tiburcio y Dyadha Morga. 

Las desigualdades de género, la pobreza, el abandono escolar, la violencia y el embarazo adolescente son los factores que inciden en el matrimonio y las uniones infantiles de acuerdo con la abogada litigante Claudia Chopen. Ella comentó que la violencia sexual hacia las niñas indígenas es uno de los desafíos más grandes de los países latinoamericanos. 

El matrimonio y las uniones infantiles no sólo afectan la salud física y psicológica de las niñas, sino también impide que asistan a la escuela y facilita que se vuelvan dependientes económica y emocionalmente de sus parejas. En palabras de Chopen, “el matrimonio infantil pone en riesgo la vida y salud de las niñas, además de limitar sus expectativas futuras”.

En Guatemala, donde está el hogar de Claudia, las niñas de cinco a catorce años son el sector más vulnerable ante los delitos sexuales según cifras del (“INACIF”) del 2020 hay que desglosar. Asimismo, los matrimonios infantiles han aumentado significativamente, incluso con la aprobación de la Ley de Niñez y Adolescencia de 2017,  la cual prohíbe el casamiento antes de los 18 años, más no la unión o concubinato. 

Con relación a México, la abogada Marianela Baltazar afirmó que el matrimonio infantil afecta en mayor medida a las niñas y adolescentes indígenas. Cerca del 35 por ciento de las mujeres indígenas iniciaron su vida conyugal previo a los 18 años, en contraste con el 23 por ciento de las mujeres no indígenas. Además, se estima que el 67 por ciento de las indígenas tuvieron su primer hijo antes de cumplir 18 años y hasta un 27.6 por ciento antes de los 15 años.  

Por su parte Dyadha Morga y Hermelinda Tiburcio concuerdan en que la situación de los matrimonios infantiles es de lo más normal dentro de las comunidades indígenas; incluso, existe un procedimiento para el arreglo de las uniones entre hombres maduros y niñas que apenas viven su pubertad o adolescencia, el cual se evidencia en un reportaje hecho en las entrañas de la sierra mixteca de Guerrero por la abogada Hermelinda. 

Es de resaltar que parte de ese proceso o “rito” se basa en el intercambio de dinero. Tiburcio explicó que las mujeres llegan a ser vendidas por sus propios padres desde los 50 mil hasta los 250 mil pesos. Se venden “como si fueran mercancía” y se les trata como tal pues “si un hombre compra una vaca puede hacer lo que quiera con ella”. 

Por lo anterior, la abogada Baltazar sostuvo que “ningún hecho o costumbre puede ir en contra de la dignidad y los derechos de los niños”. Del mismo modo, consideró que el matrimonio infantil es un problema muy perjudicial para las mujeres, pero también para los niños varones, ya que a ambos les violan sus derechos en la infancia. 

Entre las soluciones que se plantearon al problema de la violencia contra las niñas y adolescentes indígenas, la trabajadora social Lesly Cubes consideró la implementación de marcos legales adecuados y sistemas nacionales que protejan la infancia y adolescencia. También afirmó que deben practicarse las 3 “D” establecidas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Guatemala: desmitificar, desaprender y denunciar toda forma de maltrato, violencia y vulneración de los derechos de niños y adolescentes, concluyó.


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