México (Aunam). María Elena Medina-Mora, psicóloga especializada en epidemiología, aseveró que, al igual que toda la población, la comunidad médica sufre ansiedad por “vivir en la incertidumbre por la falta de una cura o medicamento que ayude a combatir el virus (SARS-Cov2)”; además, al convivir con pacientes y ser su apoyo, sufren “estrés postraumático y trauma vicario”.
Durante su participación en el Seminario Permanente ‘El derecho y la salud mental’, organizado por el Colegio Nacional, afirmó que otro factor que afecta al personal de salud en su conjunto es la decisión de aislarse de su familia con la finalidad de evitar un contagio, “cuestión que generará periodos de crisis y tensión sobre los mismos”.
En la mesa virtual “COVID-19 Implicaciones en salud mental y el derecho del personal de salud”, Medina-Mora apuntó que tanto el sistema como el servicio de salud deben de brindar apoyo a los médicos en otorgar materiales necesarios para las instalaciones; flexibilizar las intensas jornadas de trabajo, capacitación continua y promover la investigación, así como otorgar apoyo psicológico dentro del hospital y no privarlos del acompañamiento familiar mediante una vía segura.
“Todo ello con la finalidad de evitar la disminución de la productividad, la calidad de atención y la salud mental del personal”.
En la conferencia participaron también los doctores José Ramón Cossío, Mariana Mureddu Gilabert, Lourdes Motta Murguía y Nicolás Iván Martínez López, quienes realizaron una serie de preguntas entre ellos con la finalidad de obtener una respuesta calificada hacia cada tema.
El doctor José Ramón Cossío apuntó que si bien el derecho no tiene las soluciones precisas para la diversidad de problemas dados por Covid-19 en material social, se puede aunar a la lucha de estos conflictos. La conferencia se dividió entre dos tópicos: afectaciones físicas y emocionales hacia el personal de salud y alternativas, y acciones ante dichos daños.
Entre las preguntas desarrolladas, indagaron sobre la afectación hacia el bienestar de la salud mental por parte del personal del sector salud ante la pandemia y las condiciones en las cuales llevan a cabo su labor.
Uno de los aspectos más cuestionados en esta pandemia consiste en la práctica médica del triage a la hora de priorizar la atención de ciertos pacientes ante otros. La doctora Mariana Mureddu comentó que esta práctica es cotidiana en la vida del sector de urgencias de un hospital, con esta primera valoración se mide en cuál de los cinco puntos protocolarios se encuentra el paciente.
Sin embargo, especificó que el problema con la llegada del nuevo coronavirus consiste en el exceso de pacientes, lo que lleva a la necesidad de realizar dicha valoración para saber quiénes tienen mayor posibilidad de sobrevivir al ser atendidos. En ese momento, el personal médico sufrirá una presión personal al tener que privar el derecho de la salud a una persona por salvar a otra; para lo cual debe contar con el historial clínico de ambos para decantar por la opción más viable.
La ponente resaltó la importancia de emitir una guía en la cual se incluyan parámetros y protocolos para que el médico pueda decidir entre un individuo y otro justificadamente, así mismo que exista un control en los expedientes clínicos para conocer el avance del paciente y tener conocimiento oportuno de algún otro padecimiento a tomar en cuenta, pues las personas con presión alta, problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer, y enfermedades crónicas son más propensos a fallecer por Covid-19.
En cuestiones jurídicas, alertaron, los derechos del personal de salud han sido violentados de diversas maneras; entre las afectaciones más graves se encuentra la agresión, discriminación y trabajar sin las medidas de salud necesarias para evitar el contagio.
Ante ello, la doctora Lourdes Motta expresó la necesidad de hacer énfasis en que se violenta el derecho a la vida de todos los trabajadores del sector salud, debido a la obligación de laborar en medio de la escasez del equipo útil para su correcta protección tanto física como mental. “Pese a que en México existen médicos capacitados, no se encuentran equipados”.
Lourdes Motta mencionó que las principales afectaciones en los derechos de dicho personal se dividen en dos grupos: El primero sería una cuestión colectiva, en la cual se refleja la necesidad de un plan de preparación y respuestas ante la ya existente falta de capacitación adecuada para actuar.
La segunda es de carácter individual donde respecta a cada miembro de esta comunidad, en ella se maneja las afectaciones físicas y emocionales desarrolladas por laborar en este ambiente pandémico: enfermedad, contagio, síndromes traumáticos tanto a ellos como a los familiares cercanos.
Una medida para ayudar a mitigar estos daños, acotó, es adecuar áreas de descanso libres y seguras lejos de los familiares para evitar un contagio.
Población mexicana, entre el duelo y el miedo al contagio
Si bien la propagación de este virus es por vías respiratorias, el temor y la desinformación ha llevado a varios ciudadanos a alejarse del personal de sector salud ya que lo ve como una amenaza; por esto han llegado a presentarse casos de violencia hacia estos individuos. Se ha trastornado la imagen del médico como salvador de vidas a un peligro que atenta contra la misma.
El doctor Nicolás Martínez habló acerca de las agresiones sufridas por parte del personal de salud, si bien estos sucesos se han dado en todo el mundo, la mirada internacionalista recae en México como el país con mayor número de ataques. A diferencia de países como Estados Unidos donde los reportes constan de insultos, en nuestro país ha sufrido de ofensas, discriminación, amenazas y tentativas de homicidio. Ejemplo de ello es Jalisco, estado donde se reportan mayores casos.
“No solo se agrede a un ser humano en nivel jurídico, se agrede a alguien que atiende por Covid-19 cuando parte del personal de salud es agredido” comentó Martínez. Si bien aún no existen medidas jurídicas específicas, la Facultad de Derecho de la UNAM, ha realizado un “observatorio jurídico para el área de la salud”, el cual cuenta con elementos para ayudar a los médicos.
El documento incorpora ciertas medidas que se pueden tomar, desde una querella por delito de discriminación hasta una tentativa de homicidio dependiendo de la gravedad de la violación de derechos. De acuerdo al delito cometido se pagará la sanción necesaria, la cual puede llegar a ser de diez años en caso de homicidio.
“Hay que cuidar a quien nos cuida”, sentenció Nicolás Martínez, e invitó a recuperar la empatía y la solidaridad característica del mexicano y a no realizar ataques por temor al contagio. Martínez está seguro: los agresores no sufren de algún padecimiento mental, simplemente se encuentran aterrorizados, razón por la cual incita a informarse y dejar de ver al personal de salud como un peligro.
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