EXTORSIONES SIN CASTIGO Y LA PAZ NO LLEGARÁ

Por José Alberto Colín Sandoval
Estado de México (Aunam). El municipio de Los Reyes, La Paz, Estado de México, se ha convertido en una demarcación caracterizada por la delincuencia, violencia y asesinatos relacionados con el narcotráfico. Los dueños de los establecimientos han optado por cerrar sus instalaciones, en vez de pagarle a gente que se presenta como miembros de cárteles para brindarles protección.


Los grupos de narcotráfico controlan los negocios ubicados en Los Reyes, La Paz, y les cobran cuotas a cambio de “seguridad”. Esto ha forzado a que pequeños comerciantes, e incluso empresas transnacionales, cierren sus puestos. En los últimos años la situación no ha cambiado, pues las acciones del gobierno no han sido eficientes para combatir esta problemática.

El día a día de los comerciantes

Los vendedores de ropa y de accesorios telefónicos instalan los puestos del tianguis en la calle Morelos, en Los Reyes, La Paz antes de las nueve de la mañana. Los largos tubos rosas se unen para formar una base metálica cubierta de lonas y crean un espacio donde sus constructores podrán colocar sus productos. La fila de puestos concluye en el Palacio municipal de La Paz, pero no cuenta con vigilancia policiaca.

El tianguis abarca dos cuadras. Los establecimientos están situados a cada lado de la calle, debajo de la banqueta, lo que reduce el espacio para transitar, razón por la cual los autos no circulan por ahí. Con dificultad pasan las motocicletas entre los comerciantes y el sinfín de gente que camina en dirección a la carretera México-Puebla o hacia el Metro Los Reyes.

“Aquí nos conocemos todos, vivimos en la zona y la mayoría ya lleva muchos años con sus puestos”, relata doña Mariana Cárdenas, mientras termina de colocar el maniquí que porta la ropa de venta; ella espera atraer la atención de la gente con su modelo de pantalón de mezclilla azul claro y una blusa naranja. Los vendedores vigilan su lugar y a sus vecinos; están al tanto de la dinámica en la calle.

Salvador Neme, secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, afirmó en 2013 en conferencia de prensa que La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación operaban en el Estado de México, en la zona oriente donde se ubica Los Reyes. Las actividades que destacan son: secuestros, asesinatos y cobro de impuesto en los comercios.

“Está muy cabrón que nos quieran hacer algo. Si se atreven, rápido les caemos todos. El dinero que gano es para sobrevivir, no para mantener a otro, aunque se haga pasar por alguien que no es”, relata la vendedora. Por lo general aparecen tres encargados de los puestos e incrementa el número de posibles defensores en caso de una agresión. Serán ellos los que actuarán porque no hay policías en la zona.

Detrás de las dos filas de puestos del tianguis se encuentran los negocios establecidos. Mientras los tubos metálicos toman forma de cubo, las tiendas elevan la cortina de acero para revelar su interior. Los vendedores limpian su territorio, barren y trapean; la mayoría son zapaterías. Entre ellos, un patrón se repite: las mujeres atienden; trabajan tres o cuatro meses hasta que consiguen un trabajo mejor.

“Ya voy para el tercer mes trabajando aquí y, en ese tiempo, afortunadamente, no me ha pasado nada; los del tianguis nos cuidan. Pero mi jefe me ha dicho que reserve mil pesos mensuales, no me ha dicho para qué, pero supongo que es para pagar la ‘renta’”, comenta Lucy Fuentes, trabajadora de una zapatería local.

Algunos vendedores no lo quieren decir, pero es sabido que grupos de narcotráfico llegan a cobrarles el famoso ‘terreno de piso’ a cambio de no violentarlos, como lo comenta el politólogo Rafael Ávila Gómez, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, en entrevista.

Cuentas pendientes


Juan José Medina Cabrera terminó su administración como presidente municipal en Los Reyes, La Paz, Estado de México en 2015. En su gubernatura que inició en 2012, el expresidente destituyó a miembros de la policía y al director de Seguridad Pública, Gildardo Hernández Arruel; además, convocó a la gente a reportar conductas sospechosas, con el fin de concluir los ataques perpetrados a los negocios.

El 28 de febrero de 2014, una medida del entonces presidente municipal fue el cese de Gildardo Hernández, ex director de Seguridad Pública; debido a que no detuvo los ataques contra comercios por comandos armados ligados al narcotráfico, entre ellos, los bares “La Cabaña del Abuelo”, “Veracruz”, “Maxxims Mens Club” y “Bad Boys”, indicaron reportes de Noticieros Televisa.

En una nota publicada por el diario Excélsior, el 28 de febrero de 2016, por María de los Ángeles Velasco, el funcionario público reconoció que a Sánchez “Le faltó una estrategia más ética en materia de seguridad, además de coordinación con las autoridades estatales y federales”.

Como antecedente, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, en 2013, Los Reyes estuvo ubicado en la posición treinta y cinco de los municipios más violentos del país. En el índice de violencia municipal el informe señala que registra una tasa de homicidios dolosos de 14.76 y una tasa de extorsiones de 9.36, por lo que el gobierno municipal debía ejecutar acciones para disminuir el registro en esos dos rubros.

Para mejorar este rubro, la Policía de Proximidad, quien se ubica en zonas estratégicas para inhibir los delitos, empezó sus actividades en la demarcación, tras la sustitución de Gildardo Hernández. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Juan José Medina Cabrera, se efectuaron más de cuatro mil setecientos operativos en actividades conjuntas entre el orden federal, estatal y municipal.

Sin embargo, el desempeño de los oficiales no resultó satisfactorio para los objetivos de la administración del presidente municipal. En diciembre de 2014 anunció –en un comunicado oficial– tras una rueda de prensa, la baja de doscientos elementos por no cumplir con el perfil adecuado para realizar sus labores. Su alternativa fue la inclusión de policías con alto entrenamiento táctico y físico.

Esta medida significó una disminución en el número del cuerpo policiaco municipal. El reporte de la Unidad de Información y Transparencia precisa que en 2012 laboraron trescientos noventa y nueve cuerpos de seguridad; para principios de 2015, la cifra era de trescientos setenta y siete.

Ante este descenso de uniformados, Juan José Medina Cabrera invitó a la ciudadanía a participar en alertar a los policías sobre cualquier actividad irregular, como personas y vehículos sospechosos, asaltos, extorsiones. Las llamadas se pueden realizar de manera anónima o no.

De acuerdo con el Índice Delictivo por Colonia redactado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de julio a diciembre de 2015 se registraron cincuenta y dos llamadas por robo a comercio y quinientos cuatro denuncias de conducta sospechosa en Los Reyes, La Paz. Los datos sobre las detenciones por dicha actividad ilícita y del año 2016 todavía no se hacen públicos.

Rolando Castellanos Hernández, actual presidente municipal de Los Reyes, La Paz (2016-2018) busca, mediante operativos y actividades conjuntas con los vendedores erradicar el asalto a sus negocios, así como involucrarlos en la participación ciudadana al promover denuncias ante conductas sospechosas.

Castellanos Hernández asume la presidencia municipal por segunda vez, ya que gobernó de 2006 a 2009. En sus primeros cinco meses de la actual administración se documentó el asesinato de dos policías, el 25 de febrero, acusados de colaborar con el crimen organizado para secuestrar y extorsionar a los residentes, según una nota de El Universal, publicada el 26 de febrero de 2016.

Repartición de policías

El tianguis culmina en la Plaza General Luis Cerón, y un edificio blanco de tres pisos sobresale; es el Palacio Municipal de La Paz. En un piso inferior, visible al descender las escaleras principales, están sentados en una mesa larga siete oficiales: cuatro hombres preparan sus armas que de manera vertical les llegan de la barbilla a su rodilla; tres mujeres se terminan de enchinar las pestañas al tiempo en que ajustan sus pistolas a su cintura y la macana en el muslo.

Los policías no se alistan para salir a la calle y vigilar, sino para permanecer en la entrada de su estación y recargarse en la puerta que conduce a las oficinas de Prevención del delito. Uno es el oficial Francisco Alvarado, quien pega la metralleta contra su estómago, el chaleco antibalas parece inflarse después de que saca su pecho: “Seis policías son los que cubren la manzana del tianguis. Ellos deben de ir en parejas para protegerse”, comenta.

En la calle Morelos los policías no son visibles. El operativo incluye un rondín constante, pero ellos no están en su área. Apenas se ve a una mujer con uniforme policiaco: botas negras, pantalón azul marino, camisa del mismo color con el parche que verifica su pertenencia a la policía. Camina sola, saluda a los vendedores y, unos segundos después, se pierde entre los puestos.

“A los vendedores se les ofrece el teléfono de Seguridad Pública para informar acerca de cualquier actividad sospechosa. Después, el centro de mando canaliza su reporte con los agentes más cercanos y se les pide una descripción de los sujetos para encontrarlos”, comenta Alvarado, quien aún sostiene el fusil pegado a su torso. El número de atención es 58-55-00-24.

Un segundo policía aparece en la calle Morelos. Le da la espalda a lo que en realidad debería patrullar: la gente y no una pared. Él habla por teléfono, se recarga en el muro de una tienda de abarrotes por veinte minutos. Sólo dos policías han sido visibles antes del mediodía. Por eso, las miradas vigilantes de los vendedores siempre se mantienen alerta. Los ojos bien abiertos, como detectores de anomalías.


Dentro del mercado de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, se aprecian más establecimientos cerrados que locales abiertos. Los vendedores que todavía comercian sus productos lo efectúan con temor en sus rostros; esperan ganar lo suficiente para pagar sus necesidades básicas y también para saldar la cuenta quincenal con los sujetos que dicen ser miembros de grupos de narcotráfico.

Sólo un policía cubre el lugar, contrario al plan del gobierno: mandar en parejas a oficiales que resguarden la seguridad de los locatarios y de la gente. El vigilante es robusto, camina lento porque cojea de su pie derecho. Saluda a todo aquel que encuentre a su paso. No cuenta con pistola ni con macana, lo único en sus manos es un vaso de jugo de naranja a medio tomar.

Los vendedores no se sienten protegidos, porque en sus lugares de venta son abordados por hombres que les cobran por “el derecho de piso”, expresión utilizada por los narcotraficantes como pago al ocupar un espacio y con la promesa de que no les harán daño, ni a ellos ni a sus familiares. Esto es un relato repetitivo entre los vendedores que se atreven a dar declaraciones al respecto.

“Depende de lo que vendas es la cantidad que te cobran. Por ejemplo, si vendes semillas te llegan a pedir $200 porque no ganas mucho; a los carniceros les exigen más, a veces unos mil pesos”, afirma don Antonio Solano, residente de Los Reyes y propietario de un local de verdura en el mercado. Sus gestos indican que está angustiado: su mirad se pierde en el piso y sus cejas se fruncen hasta lograr unirlas.

“Dudo que los hombres ‘cobrones’ sean parte de los cárteles, sólo se basan en el miedo que les tenemos a esos grupos para obtener dinero de manera sencilla”, continúa don Antonio, parado en el paso entre el mercado y la calle Aldama, la que alberga el tianguis de los Reyes. No quiere provocar sospechas, llega a levantar la cabeza, mira de izquierda a derecha para asegurarse que nadie lo vigile.

En 2013, Noticieros Televisa reportó que “La familia michoacana”, grupo mexicano de narcotráfico, operaba en Los Reyes, La Paz, además, eran los responsables de las recaudaciones de dinero de los vendedores del mercado. Como consecuencia, la gente no abarrota el edificio, pero los comerciantes deben de conseguir efectivo para pagar su “derecho de piso”.

La otra cara de la moneda

Julio Estrada Campos cambió la tradición laboral familiar de comerciante al enfundarse en un uniforme policiaco. Su objetivo era personal: brindarle seguridad a su familia, mientras ellos atendían su negocio en Los Reyes, La Paz. Sin embargo, para cumplir ese deseo tiene que sobrevivir a diario a las calles de aquel municipio del oriente del Estado de México, donde patrulla desde hace cuatro años.

Su instinto protector lo sigue desde pequeño, ya que ha cuidado a su única hermana, ahora de veintiún años, para que no le ocurra ningún accidente o evitar que se junte con la gente equivocada; por eso, no quiso quedarse como vendedor. Tenía vocación de policía, su madre lo apoyó para cumplir ese sueño, mismo que ya lleva dos años materializado.

Estrada Campos, ahora con veintiséis años, sabe las ventajas que traer el formar parte de lo policía municipal de Los Reyes, La Paz: "Desde este puesto aporto más dinero a la casa que como vendedor. Además, vigilo a mi madre y hermana cuando atienden el puesto de ropa sobre la avenida Morelos", dice.

Pero esa vigilancia la hace con mayor intensidad cuando le toca recorrer el sector donde está ubicado el tianguis. En otras fechas es sigiloso y pregunta por las irregularidades detectadas sin cuestionar específicamente por el local de su familia. Espera entre cuatro y cinco semanas para ser asignado de nuevo a la calle Morelos.

"No suelo comentarle a mis compañeros que tengo familiares comerciantes en la zona. No me avergüenzan, ni nada parecido, pero los resguardo por su seguridad", comenta el oficial. Teme que si alguien con intenciones de agredirlo se entera, pueda atacar al negocio familiar.

Este cuidado a su familia comerciante se debe a los actos delictivos de los que pueden ser víctimas. El más importante es el "derecho de piso", pero a los vendedores ambulantes les sucede raras veces: "Por fortuna, no le ha tocado que le cobren, pero la amenaza es latente. Si está en mí evitarlo, lo haré", afirma el policía.

El cobro suele ser para los locatarios al interior del mercado municipal y los negocios en la avenida principal, la carretera federal México-Texcoco. "A los delincuentes es difícil atraparlos, debido a que cometen el hecho en pocos segundos y siempre cuentan con alguien que los custodia", dice. Como consecuencia, los ingresos de los vendedores caen, así como las cortinas de acero de los establecimientos.

La indicación de los policías es realizar rondines en los diez sectores en los que el municipio está dividido. Son grupos de seis integrantes los encargados de efectuar dicha actividad. Ellos reciben denuncias de los transeúntes y reportan conductas sospechosas. Aún así, no detectan a quienes tienen como propósito exigir el pago de ese ‘derecho de piso’, menciona el oficial Francisco Alvarado.

"Es delicado, pero es cierto. Hay compañeros que ayudan a los extorsionadores, son los menos pero existen", afirma Estrada Campos, que, asegura, no es su caso, pues sería como arrebatarle el dinero a su propia madre. "Prefiero ser honrado. Conozco a la mayoría de los que trabajan en la zona y no podría despojarles ni un peso de la mano", continúa.

Refiere que ante la complicidad de los agentes con los delincuentes, los comerciantes se han reunido para hacer justicia por su cuenta. En repetidas ocasiones han colgado mantas que advierten del linchamiento a los que atenten contra su seguridad. Como respuesta, el gobierno municipal les promete garantizar su integridad con una mejor calidad en la vigilancia.

El operativo más frecuente y también visible es cuando a una pareja de policías reciben firmas por parte de los locatarios para hacer constar su patrullaje a pie. Sucede tres veces al día. Sólo un "¿todo bien?", dicho por el oficial al vendedor es el único diálogo. El municipio no cuenta con cámaras de video vigilancia, y las patrullas no transitan por las calles, se mantienen estacionadas.

"Los operativos no son suficientes. Se hallan zonas más vulnerables y otras a los que es imposible acceder. Por ejemplo, en la noche en la zona de bares pasa todo", relata Estrada Campos. En los límites de Los Reyes, Estado de México y Santa Martha, Ciudad de México, se encuentran diversos centros nocturnos, en los cuales se han desatado balaceras.

"Cubrir esos territorios es un peligro. No sabes cuándo va a entrar un comando armado y empezarán los disparos. O si en las calles, mientras realizas tu recorrido a pie, te encontrarás con alguien con arma blanca o de fuego y serás el objetivo", cuenta Estrada Campos, el policía que comprende la preocupación de los comerciantes y busca salvaguardarlos. Su única protección es su pistola y su radio.

Preocupaciones en espera de resolverse


Cincuenta y tres vendedores del tianguis de la calle Morelos y del mercado municipal contestaron un sondeo de opinión desde su lugar de trabajo sobre la dinámica comercial de la zona, qué le hace falta hacer al gobierno para brindarles mayor seguridad, qué opinan sobre la situación actual de delincuencia en la zona y qué acciones han realizado por ellos mismos en pro de su bienestar.

Cuarenta y dos de ellos opinan que es necesario un incremento en la vigilancia de la zona. Los rondines matutinos no son suficientes, además comentan que sería ideal la colocación de cámaras de video vigilancia para ubicar a los delincuentes, también para un posible reconocimiento facial.

Sus comentarios sobre la nueva administración de Castellanos Hernández no son alentadoras: treinta y ocho creen que la situación se mantendrá igual, incluso llegará a empeorar; mientras sólo siete confían en los operativos del actual presidente, con lo que detendrá la ola delictiva en contra de los comerciantes. Sin embargo, en sus cinco primeros meses de gestión no han visto cambio alguno.

Debido a esta situación, consideran peligroso vender en Los Reyes, La Paz, pero no pueden dejar de hacerlo, ya que al menos cuarenta y nueve vendedores hacen de esta actividad su principal fuente de ingresos económicos; aunque la misma cantidad de personas considera más seguro ofrecer sus mercancías a unos metros de la presidencia municipal, por cualquier incidente están más cerca de denunciarlo.

Añadido a esto, cuarenta vendedores afirman que ellos han empleado medidas de seguridad por su cuenta, como el monitoreo constante en la avenida y estar al tanto de los puestos conjuntos; de esta manera, según ellos, se cuidan los unos a los otros contra los intentos de extorsión de los delincuentes.

Sin duda, la principal preocupación de los comerciantes es que el gobierno y la policía municipal asuman la responsabilidad y se comprometan con ellos para garantizar su bienestar. Treinta y nueve vendedores han visto pasar los últimos cinco mandatos presidenciales y las promesas se quedaron en el discurso. En esta ocasión, esperan que esas inconformidades se resuelvan.

El anhelo de los comerciantes en la calle Morelos es vender sus productos con tranquilidad, sin la incertidumbre de encontrar a personas frente a sus establecimientos que les cobren periódicamente una cantidad de dinero que supere el monto ganado por sus mercancías. Las autoridades municipales son los encargados de brindarles esa libertad y para conseguirlo deberán erradicar las extorsiones.

Fuentes:
A las fuentes vivas de los comerciantes y policías se les cambió el nombre por razones de seguridad.






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